Este viernes, diversas organizaciones de Derechos Humanos, entre ellas Colombia Human Rights Network, difundieron una comunicación en la que expresan su preocupación y alertan al gobierno de Iván Duque acerca de la posibilidad de que se esté fraguando un atentado en contra del gobernador del departamento de Magdalena, Carlos Caicedo, prominente figura de la izquierda colombiana, reseñó Semana.

«Desde que el gobernador Caicedo inició su administración, se ha enfocado en que la Fuerza Pública avance positivamente en el desmantelamiento de los grupos armados organizados heredados del paramilitarismo que operaban en la Sierra Nevada de Santa Marta, y en corregimientos de los municipios de Ciénaga, Fundación y Aracataca. Labor fundamental para que los pobladores del departamento del Magdalena puedan vivir seguros y en paz», reza en la misiva difundida por Colombia Human Rights Network a la que tuvo acceso la revista.

Según esa fuente, en la comunicación se contextualiza el posible atentado contra Caicedo en el marco de la ola de asesinatos sistemáticos de líderes sociales que recorre al vecino país desde que entraron en vigencia los acuerdos de paz entre el Estado colombiano y las FARC-EP, situación que en la práctica ha demostrado la fragilidad institucional y la ausencia de disposición del gobierno para implementar las disposiciones suscritas por las partes.

En ese orden de ideas, en la carta se pide a las autoridades «que garanticen la vida y seguridad del señor gobernador Caicedo, su familia y equipo de trabajo» y se subraya que «si algo le llegara a suceder, se confirmaría la falta de voluntad política del Gobierno para garantizar la vida y seguridad de los sectores de oposición y para liderar un Estado social de derecho».

A estas voces de alerta se sumó también la Defensoría del Pueblo «y remitió a la Comisión Interseccional para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (CIPRAT) las denuncias de un posible atentado contra Caicedo. Se advierte claramente la ‘existencia creíble de un plan para atentar’ contra el gobernador», precisó Semana.

Adicionalmente, en la documentación entregada por la Defensoría, figura una lista de los posibles agresores de Caicedo: «Orlando Vergara, alias ‘El Mono’ de la Oficina de Envigado; Jairo Catillo Cantillo, alias ‘Pinocho’, Zulma Musso Torres, alias ‘La Patrona’; Norberto Quiroga Poveda, alias ‘5.5’ o ‘Beto’ y Elkin Javier López Torres, alias “La Silla” o ‘Doble Rueda‘», todos ligados a grupos narcoparamilitares de la zona del Magdalena.

Esta instancia judicial agrega que ya ha notificado sobre la «presencia de grupos armados que iniciaron como autodefensas lideradas por colonos como Hernán Giraldo y que con el paso del tiempo se fortalecieron a partir de las economías ilegales como el narcotráfico, y ante la ausencia de las instituciones del Estado y la presencia inestable de la Fuerza Pública, especialmente en el área rural».

De acuerdo con lo expuesto por la Defensoría, las actividades de estos grupos criminales en la región es de larga data, pues el grupo de Giraldo «fue absorbido a comienzos de 2002 por la casa Castaño y llegó a ser parte del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia, bajo el nombre de Frente Resistencia Tayrona». También se asegura que «algunos hijos de Giraldo fueron comandantes militares de este frente».

Sus fechorías tampoco se detuvieron después de que se acordara la desmovilización. Al respecto, Semana precisa que «antes de la desmovilización de este grupo se creó la Oficina Caribe, bajo la dirección de la Oficina de Envigado, por medio de la cual se controlan puntos estratégicos de la Ciénaga y la Sierra Nevada de Santa Marta».

Estos serían los alegatos que habría esgrimido la Defensoría para exigirle «al CIPRAT que tome las medidas pertinentes para salvaguardar la vida de Caicedo», destaca el medio. Adicionalmente, «recomienda que sea convocado un Consejo de Seguridad extraordinario», conformado, entre otros, por la ministra del Interior, Alicia Arango y el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo.

Las alertas acerca del posible atentado contra el líder de izquierda sobrepasan las fronteras de Colombia. La revista Semana informó que tres miembros del Parlamento Europeo dirigieron una carta al mandatario Iván Duque, al Fiscal General Francisco Barbosa y a los ministerios del Interior y de Defensa en la que solicitan «medidas de máxima urgencia para evitar que se cometan crímenes contra el gobernador, miembros de su equipo, o familiares suyos».

En esta comunicación, se destaca que Caicedo ha desempeñado labores «en favor de la comunidad y por la paz» desde hace largo tiempo, pues «fue líder estudiantil» e «impulsó la Constituyente del 91».

En otro orden de ideas, la misiva resalta el buen desempeño de Caicedo cuando ha tenido ocasión de ejercer algún cargo. Así, aluden a su paso como rector de la Universidad del Magdalena –a la que salvó de la quiebra–, o cuando ejerció como alcalde de Santa Marta (2012-2015) y la transformó en la ciudad más segura del país, en una nación signada por la violencia desde hace más de seis décadas.

En ese tiempo, además emprendió una lucha seria contra la corrupción y solucionó los problemas de abastecimiento de agua, dos méritos que marchan a contrapelo de lo que suele ser frecuente en Colombia.

Semana precisó que Carlos Caicedo fue encarcelado injustamente «por acusaciones de las cuales fue encontrado no culpable» y la persecución en su contra no parece ser patrimonio exclusivo de las bandas narcoparamilitares, pues recientemente «la Fiscalía inició un proceso de extinción de dominio a varios bienes» suyos, «por presuntamente suscribir contratos irregulares por más de 4.000 millones de pesos como gobernador del departamento».

El gobernador de Magdalena desmintió esa acusación, aduciendo que no había rubricado contrato alguno y de acuerdo con el precitado medio, «fue respaldado por varios políticos de oposición, que sugirieron que se trataba de una persecución del órgano de control al líder de izquierda».

(LaIguana.TV)

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