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¿Democracia y derechos humanos? ESPAÑA IMPIDE EL VOTO A 80 MIL PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Abril 12, 2015
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España continúa sin aplicar la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad establecida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ratificada en 2008, al impedir el derecho al voto a 80 mil hombres y mujeres con discapacidad, al no ser modificada la Ley Orgánica de Reforma Electoral (LOREG) para que miles de ciudadanos con esta condición especial no sean excluidos y puedan ejercer el ejercicio libre y democrático del sufragio, informó la agencia Europapress.

 

Para Luis Cayo Pérez Bueno, presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), “este es el problema más radical y estructural. Lo permite la legislación electoral”, quien recordó también que la Convención de Naciones Unidas obliga a España a modificar la ley bajo la premisa de que ninguna persona por razones de discapacidad puede ser privada de este derecho fundamental.

 

Prosigue Europapress reseñando que en 2011, la ONU examinó a España para comprobar el nivel de adaptación de más de 90 normativas a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que había firmado tres años antes.

 

El presidente del Cermi indicó que “Naciones Unidas advirtió al Gobierno de que no había hecho los deberes en materia electoral al no modificar la LOREG”, y afirmó que la cuestión en sí se trata de “voluntad política”.

 

En octubre de 2013, la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad solicitar al Gobierno que elaborara una propuesta de reforma electoral en el plazo de seis meses. Ha pasado más de un año y medio y desde el Ejecutivo no ha salido ningún informe al respecto.

 

Por su parte, el gerente de Down España, Agustín Matía, afirmó que el problema sobre la restricción del voto del colectivo con discapacidad intelectual radica en la “aplicación estricta” de la LOREG por determinados jueces, quienes en sus sentencias realizan una definición de la capacidad de la persona para determinar si puede o no ejercer su derecho al sufragio.

 

“El sistema electoral también tiene que ser abierto para las personas con discapacidad”, asegura este representante de Down España, quien compara la situación que viven ahora miles de ciudadanos con discapacidad con la de las mujeres en España a las que se les impidió votar hasta 1933.

 

(AVN)