El viernes 20 de marzo, María Dolores Encalada, de 46 años, quien se desempeñaba como guardia de seguridad en Guayaquil, capital de la provincia de Guayas (Ecuador), estaba en su trabajo, en el sector de la Playita del Guasmo, cuando ya en el país regían fuertes medidas de restricción para contener el avance del nuevo coronavirus.

La mujer esperó el relevo de su guardia, pero hubo un retraso y este se hizo tres horas después de lo previsto, cuando ya estaba en marcha el toque de queda que prohibía la circulación en la ciudad, cuenta, en entrevista con RT, Greta Encalada, su hermana.

«Mi hermana caminó desde la Playita del Guasmo hasta el Policentro (alrededor de 15 kilómetros), llega cansadísima, agotada, extenuada, porque estaba todo cerrado, ni siquiera había para comprar una botella de agua», relata. Esa misma noche, un policía pasó y, al ver a María con el uniforme, se ofreció ayudarla y la adelantó hasta el parque Samanes, a 9 kilómetros más. Desde ahí, Encalada inició la caminata del trecho que le faltaba (unos 3 kilómetros) hasta su vivienda, ubicada en el barrio Los Vergeles, y otra señora que la reconoció la transportó hasta su domicilio.

Dos días después, María estuvo en casa de Greta. «Me dice: ñaña (hermana) no me he sentido bien, me siento como agotada», cuenta su pariente, que revela que estaba caminando muy despacio.

«No era su problema»

El lunes 23 de marzo, María fue a su trabajo y en el lugar se le bajó la presión arterial. Pidieron ayuda y la trasladaron a su domicilio. «Del 24 al 25, ella comenzó con vómito, diarrea y no paraba, se comenzó a desvanecer, deshidratarse», cuenta su hermana, quien señala que no encontraban, ni en las farmacias, algún medicamento para asistirla, por lo que tuvieron que hacer un «suero oral casero». Llamaron al 911, pero no les enviaron una ambulancia ni encontraron auxilio en otras personas, porque nadie quería movilizarla por el temor al coronavirus.

Al ver el agravamiento, su único hijo, de 23 años, continuó buscando ayuda, se acercó a un par de policías que encontró. «Le dijeron que ese no era su problema», narra Greta.

Recién a las 10:00 de la mañana del jueves 26 de marzo llegó la ayuda que enviaron, tras las insistentes llamadas de auxilio. Pero fue una camioneta doble cabina que no tenía ningún tipo de implementos, como un respirador, para prestar la asistencia. La subieron al auto y la llevaron al Hospital General Universitario de Guayaquil, pero no les permitieron ingresar, así que se dirigieron a la Maternidad Mariana de Jesús (Marianitas), donde salieron dos médicas a darle auxilio, pero ya era tarde, María había fallecido.

Las médicas, cuenta Greta, les dijeron que el lugar estaba colapsado y que debían regresar con el cadáver a su domicilio. «Pónganla en una sabanita, ya no la toquen, porque se pueden contagiar», fue la recomendación.

«Ya usted no se puede acercar al cuerpo»

Una vez en la casa, comenzaron la búsqueda de una funeraria para hacer los trámites para su inhumación, pero llegaron más obstáculos. Lo único que consiguieron fue que le aplicaran formol al cuerpo de la fallecida.

«Son unos canallas, esa es la palabra, han abusado de nosotros», dice Greta, al relatar la actuación de las personas de los servicios funerarios, que cambiaban los precios constantemente —llegaron a pedirle 2.800 dólares por un ataúd— y no le garantizaban un nicho ni la cremación, debía hacer cola en el cementerio hasta conseguir algo, puesto que a la fecha, ya había colapsado el sistema funerario en la urbe. El drama se repetía en otras familias.

Por eso decidieron informar al 911 del deceso e hicieron el papeleo que conlleva este acontecimiento por su cuenta. Dos días después, el sábado 28 de marzo, a las 14:30, llegó el personal de criminalística para hacer el levantamiento del cadáver.

Los funcionarios informaron a Greta que el cuerpo de su hermana sería trasladado a la morgue del Hospital General Guasmo Sur. Uno de ellos le comunicó: «hasta ahí llega mi custodia, de ahí en adelante, yo no me hago responsable de nada».

Ante eso, Greta decidió tomarle una fotografía al cuerpo de su hermana, ya dentro de la bolsa mortuoria, donde se podía ver el nombre y un código. Los funcionarios, que ya salían con el cadáver, le recalcaron: «Espere que la llamemos, como este es un caso probable de covid-19, posiblemente sea cremada o le darán sepultura, pero ya usted no se puede acercar al cuerpo». Fue la última vez que vio a su hermana.

¿Dónde está?

Greta recibió después la llamada. Le informaron que su hermana sería inhumada en el cementerio de Pascuales.

Tras un tiempo, ingreso a la página web que habilitó el Gobierno, donde se ingresan los datos de la persona fallecida y le indica el lugar de sepultura; sin embargo, no reflejó nada sobre su hermana María.

Además del 911, las autoridades también pusieron a disposición de los afectados un número telefónico, el 099 446 1851, por el que se podían comunicar a través de WhatsApp. A ese contacto escribió Greta y la respuesta obtenida fue: «Señora, lamentablemente, como su hermana no aparece en el sistema, es posible que esté en las morgues móviles que están en Criminalística».

«Eso fue ya demasiado para mí. ¿Cómo es posible que nos digan una cosa y sale otra? ¿Porqué nos engañan? Uno creyendo en la casa que ya a mi hermana le han dado cristiana sepultura y la han tenido amontonada ahí con todos los cadáveres, es una farsa, han jugado con nuestra sensibilidad, con toda la familia», se lamenta.

Hasta ahora, el cuerpo de María no ha aparecido. «Para mí, es doloroso no saber dónde está», menciona su hermana y dice que la familia ha seguido el proceso que le han indicado las autoridades, brindando información sobre las marcas, lunares y otros distintivos visibles que tenía la fallecida. Han hecho la revisión de huellas dactilares y lo último que hicieron fue tomar sangre a su mamá, una persona con discapacidad, el martes pasado, para hacer la prueba de ADN y tratar, con ello, de ubicar al cuerpo.

Hasta el momento, esta familia tampoco ha recibido la ayuda psicológica que les prometió el Gobierno.

«216 cadáveres»

La situación que atravesó Guayaquil esos días, que se extendió durante abril, fue desastrosa. Cientos de personas fallecieron en sus viviendas, en las calles y se sumaron a los miles que murieron en los centros hospitalarios. Quienes tuvieron suerte, lograron dar sepultura a sus familiares, tras días de búsqueda de los cuerpos, como el caso de Silvia, quien tuvo que ingresar al Hospital del Guasmo Sur, caminar entre cadáveres en descomposición hasta dar con los restos de su padre.

Pero no todos pudieron hacerlo. El drama de los Encalada se repite en otras cientos de familias. El pasado 10 de junio, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) de Guayaquil publicó un informe sobre el extravío de cuerpos durante la crisis sanitaria, y hacen referencia a 76 cadáveres que no se han encontrado —25 fallecieron en hospitales y 51 en sus hogares—, tras recoger los datos proporcionados por las familias, explicó Billy Navarrete, director de esta instancia.

Sin embargo, los números de la CDH se quedan cortos. Durante una audiencia judicial de acción de protección, que solicitó la Defensoría del Pueblo sobre este tema, las autoridades del Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y el Laboratorio de Criminalística de la Policía Nacional reconocieron que tienen 216 cadáveres en contenedores, cuya identidad se desconoce.

«Están siendo sometidos al proceso de identificación que, al menos, conocemos que tiene tres partes», dice Navarrete y explica que la primera es identificación visual (estatura, tatuaje, prótesis dental, algo característico del fallecido). La segunda es la huella dactilar y, por último, la prueba de ADN.

Esta semana, Freddy Herrera, coordinador de Medicina Legal, informó que el pasado lunes comenzó la entrega de cadáveres, con 17 ese día; otros 14 el martes, 12 el miércoles y 14 más el jueves.

«Se rompió la cadena de custodia»

Navarrete señala que el extravío de los cuerpos ocurrió porque «se rompió en los hospitales, específicamente en las morgues temporales, la cadena de custodia […] la pieza que nos debió asegurar la identificación de estos cadáveres».

El director del CDH detalla que desde antes de la pandemia, el sistema de salud ecuatoriano cuenta con protocolos en relación a la custodia para evitar el extravío de cuerpos de personas que fallecen, sin embargo, ya en el curso de la crisis sanitaria, el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) estableció cuatro versiones de procedimientos para asegurar la identidad de los cadáveres que, evidentemente, no se cumplieron.

Al principio, la recolección de los cuerpos estuvo a cargo de Medicina Legal y, posteriormente, cuando el creciente número de fallecidos en casas y en las calles no se pudo ocultar, el presidente Lenín Moreno creó la Fuerza de Tarea Conjunta para la Coordinación de Levantamiento de Cadáveres, que estuvo a cargo de Jorge Wated.

Sin embargo, esta Fuerza de Tarea Conjunta se deslindó de responsabilidades. En abril, Moreno dispuso a Wated para que pusiera una denuncia ante la Fiscalía por el «mal manejo de fallecidos en las morgues de los hospitales».

No obstante, en la audiencia que solicitó la Defensoría del Pueblo, «los funcionarios de los hospitales le echaron la culpa a la seguridad privada que ellos contrataban, por haber permitido el acceso de civiles, que abrieran los contenedores, que hurgaran en los cuerpos y que ahí se produjo el extravió», contó Navarrete y señaló que con ello, «al final de cuentas, según el sistema de salud pública, la culpa es de los familiares, que entraron donde no debían entrar y que hicieron cosas que no debieron haber hecho».

«Eso es realmente indignante, a propósito del cinismo de no reconocer que la responsabilidad de todo lo que ocurría al interior del complejo es del Gobierno y del Ministerio de Salud», enfatizó el titular de la CDH.

De momento, los familiares de los fallecidos extraviados esperan que se cumplan las disposiciones que dictó un juez en respuesta a la acción de protección solicitada por la Defensoría del Pueblo, que incluyen:

Que las instituciones involucradas, con el apoyo del Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, entreguen un informe para determinar la ubicación de los cuerpos que no se han encontrado.

Entrega de los cuerpos para su inhumación (que ya está en marcha, según Medicina Legal).
Atención médica y psicológica a los familiares por un año.

Disculpas públicas por parte de las instituciones involucradas.

Que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y el Ministerio de Salud Pública brinden capacitación a sus trabajadores sobre el protocolo y manipulación de los cadáveres en tiempo de pandemia, para evitar la repetición.

¿Y cuántas muertes hubo?

Según los datos oficiales del Ministerio de Salud Pública, en la provincia de Guayas, que incluye a Guayaquil —donde se registran la mayoría de decesos—, han muerto, hasta este jueves 16 de julio, 1.640 personas por coronavirus, en todo lo que va de pandemia.

Sin embargo, las cifras de fallecimientos que tiene el Registro Civil durante los meses de esta crisis sanitaria son más alarmantes.

Entre el 1 de marzo y el 30 de junio, fallecieron en Guayas 21.515 personas, según las defunciones inscritas en el Registro Civil. En el mismo período de 2019, hubo 7.142 muertes; es decir, se registró un incremento de 14.373 fallecimientos durante la pandemia.

Evidentemente, no todos los fallecidos han tenido, hasta ahora, esa «sepultura digna en camposanto» que prometió Moreno.

Navarrete cuenta que, a la crisis de los cuerpos extraviados, debido a todos estos «errores» generados en el manejo de los cuerpos, se suma la duda de saber si verdaderamente el cuerpo del pariente está inhumano en el lugar que les informaron, o si les entregaron las cenizas correctas tras la cremación.

Sobre esto, Greta es tajante: «Hay familiares que están pidiendo la exhumación, no están seguros de que sus familiares están enterrados».

(RT)

 

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