Una decisión personal, temperamental, inusual. Sea como sea que se califique, la renuncia de Rafael Simón Jiménez al Consejo Nacional Electoral (CNE), el pasado jueves 6 de agosto, no paró el proceso electoral de la Asamblea Nacional.
Cuando este lunes 10 de agosto se inicien las postulaciones de candidaturas para las elecciones legislativas del próximo seis de diciembre, Venezuela estará entrando ya a la mitad de este proceso electoral por el que se elegirán 277 diputados.
Mientras el CNE está avanzando en el cumplimiento de su cronograma de actividades, sectores extranjeros y de la oposición extremista local se están moviendo en sentido contrario, con acciones destinadas a deslegitimar, por adelantado, los resultados de la contienda.
La característica de estas elecciones es la concreción de las condiciones acordadas en la Mesa de Diálogo Nacional, entre el gobierno del Presidente Maduro y partidos de la oposición democrática, y que empezaron a hacerse efectivas luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) diera respuestas al recurso que introdujeron dirigentes de esos partidos ante la Sala Constitucional.
Repasemos lo sucedido hasta ahora.
Nuevas autoridades, nuevas reglas, nuevos actores
Junio y Julio fueron movidos en el establecimiento de un nuevo escenario que respondiera a las exigencias planteadas en la Mesa de Diálogo Nacional. Nuevas autoridades electorales y nuevas reglas de juego marcaron las actividades de preparación para las elecciones legislativas.
El cinco de junio, la Sala Constitucional del TSJ declaró la incompatibilidad con la Constitución de un conjunto de artículos de la Ley Orgánica de Procesos Electoral (Lopre), en relación con la representación proporcional y la elección de los diputados indígenas, y ordenó al CNE desarrollar la normativa correspondiente.
El viernes 12 de junio, el máximo tribunal nombró y juramentó a las nuevas autoridades. El gobierno de Estados Unidos no esperó y el sábado 13, la cuenta en Twitter del que funge como su embajador virtual para Venezuela, difundió una declaración en la que se asegura que el Presidente Maduro “nombró un CNE que lo protege a él”.
El lunes siguiente 15 de junio, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, reaccionó a la instalación formal de las nuevas autoridades electorales, realizada ese día, al asegurar que esa directiva es “ilícita” por no haber sido nombrada por la Asamblea Nacional, por lo que es “imposible que las elecciones realizadas representen la voluntad del pueblo”.
La retorcida interpretación constitucional del funcionario estadounidense, que niega los mecanismos establecidos en la Carta Magna para hacer frente a la omisión legislativa, fue exactamente la misma que declararon desde entonces todos los voceros y periodistas de la oposición extremista venezolana.
Ese mismo día 15, el TSJ resolvió una controversia interna en Acción Democrática (AD) que le había sido planteada en el año 2018. En su decisión nombró una directiva temporal, autorizada para postular candidatos en nombre de la organización blanca. Lo mismo hizo el tribunal 24 horas después con el partido Primero Justicia, al responder un recurso similar que le había sido presentado por militantes de ese partido en enero de este año.
El miércoles 17, la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) contribuyó con este nuevo escenario al desactivar el decreto constituyente, sancionado en el 2017, en el que se estableció que solo pueden participar en una elección las organizaciones políticas que lo hayan hecho en el proceso electoral inmediatamente anterior, a menos que se someta a un procedimiento de renovación que, según la Ley de Partidos Políticos, implica la recolección y presentación de firmas de sus militantes. Con esta decisión, la ANC habilitó a una buena cantidad de partidos de oposición que no concurrieron a las elecciones de concejales municipales del 2018 que fueron las últimas realizadas.
El 26 de junio, en la continuación de su actitud hostil contra Venezuela, la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó una declaración en la que desconoce las actuaciones del TSJ y en la que incita a los actores políticos de oposición a que “inicien y lleven a cabo un proceso decidido de transición pacífica y democrática”, lo cual representa otro llamado abierto a derrocar al gobierno del presidente Maduro.
El próximo ataque internacional contra el proceso electoral se produjo tres días después, el lunes 29 de junio, cuando la Unión Europea aprobó sanciones contra varios funcionarios venezolanos, entre ellos el presidente de la Asamblea Nacional, el opositor Luis Parra, y el presidente de la Sala Constitucional del TSJ, Juan José Mendoza, a cuyo cargo estuvieron precisamente las decisiones sobre el proceso electoral.
Mientras en el continente europeo se decidían ataques a Venezuela, en Caracas, representantes de los partidos políticos y de las organizaciones indígenas se reunieron con las nuevas autoridades electorales, para debatir el contenido de la normativa ordenada por el TSJ.
Un día después, el 30 de junio, el CNE aprobó y publicó las nuevas normas por las que se aumentó el número de miembros que integrarán la Asamblea Nacional a 277 diputados; se estableció un porcentaje mayoritario a la elección por lista; se estableció una lista de adjudicación nacional y se incrementó el número de cargos por cada estado.
El 1 de julio el CNE convocó las elecciones para el seis de diciembre. Ese mismo día, el dirigente de la oposición extremista, Henrique Capriles, cuestionó la convocatoria al alegar que las elecciones no podían realizarse debido a la pandemia.
El 07 de julio, el TSJ decidió otra controversia partidista interna, esta vez de Voluntad Popular, presentada también en enero de este año. En este caso, también fue designada una directiva temporal.
Ese mismo día, la cuestionada organización internacional Human Rights Watch también criticó las decisiones del TSJ, en los mismos términos del gobierno estadounidense y de la OEA.
La oposición ataca, el proceso electoral sigue
El cogollo de la iglesia católica sigue fiel a su extremismo. El 10 de julio, la Conferencia Episcopal emitió una declaración altisonante en la que exige la salida del Presidente Maduro, rechaza las elecciones convocadas y califica de ilegítimas a las autoridades electorales. Los curas de la oposición extremista no fueron los primeros ni los últimos en atacar las normas, las autoridades y las elecciones mismas.
Diputados, periodistas y organizaciones, vinculados al entorno del llamado Grupo de los cuatro (G4), utilizaron todos el mismo mensaje clave: las decisiones del TSJ son ilegales, por lo tanto las autoridades electorales, sus normas y todo el proceso electoral es ilegítimo. La imposición de la matriz contra la salida electoral y pacífica se hizo entonces más que evidente.
El lunes 13 de julio se inició la jornada especial de inscripción y actualización de datos en el Registro Electoral, la que se caracterizó por la implementación de medidas de bioseguridad, y que se extendió, tres días más de lo previsto en el cronograma, hasta el 29 de julio.
El 17 de julio, el CNE realizó, junto a representantes de los partidos políticos, la auditoría del software de selección de miembros de juntas regionales y mesas electorales. Seis días después, fueron seleccionados los venezolanos y las venezolanas que cumplirán con el servicio electoral el próximo 6 de diciembre.
El 24 de julio, día del natalicio del Libertador, el CNE publicó las normas para la elección de la representación indígena que habían sido aprobadas el 30 de junio. El 29, la presidenta del CNE, Indira Alfonso, informó la aplicación de las normas de paridad de género que se utilizaron en las elecciones legislativas del 2015.
El domingo 2 de agosto, la oposición extremista concentrada en el G4 anunció que no participaría en las elecciones. Dirigida como una acción mediática para imponer la sensación de unas elecciones sin candidatos opositores o para desmotivar a la militancia y a la base dispuestas a participar, lo cierto es que la declaración no apuntó elementos distintos a los que ya venían expresándose, referidos a la supuesta “ilegitimidad” del proceso.
Al día siguiente, lunes tres de agosto, un grupo de opositores conocidos, formalizó ante el TSJ una solicitud de amparo y recurso de inconstitucionalidad contra la convocatoria de las elecciones. ¿El objetivo? Impedir la realización del evento electoral, según aseguró Andrés Caleca, uno de los accionantes.
El cuatro de agosto, Elliot Abrams, enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, aseguró que su gobierno seguirá apoyando a Juan Guaidó “sin importar el resultado de las corruptas elecciones”.
El jueves seis de agosto, Jiménez renunció al CNE.
Aunque aseguró que la suya era una decisión personal para ser fiel a su carácter temperamental y franco, la de Jiménez es una salida cuyas verdaderas razones aún están por verse.
El temblor que provocó la decisión de Jiménez no duró mucho. 24 horas después de que se hiciese pública, el TSJ nombró a Leonardo Morales como rector electoral y vicepresidente, sin tomar en cuenta a los dos suplentes que, en junio, le había designado al ahora ex funcionario.
Aunque no se conoce el argumento jurídico para esta decisión, según ha asegurado el mismo Jiménez, tanto él como el rector José Luis Gutiérrez representan a la oposición democrática en la directiva electoral, siendo conocida su relación con el partido Avanzada Progresista (AP), mientras que su primer suplente, Juan Carlos Delpino, sería cercano a AD, al igual que Gutiérrez, quien es hermano de Bernabé Gutiérrez. De acuerdo con esta visión, de haber ascendido Delpino, los blancos hubieran tenido los dos cargos principales, en desmedro de AP.
La correlación de fuerzas en el organismo electoral se corresponde con su naturaleza política, esa que la oposición extremista ha intentado desconocer durante años, con el fin de posicionar la matriz de que el CNE es un apéndice del gobierno, siendo público que, por ejemplo, el ex rector electoral Vicente Díaz, es ahora asesor electoral de la dirigencia del G4.
El sábado, al mismo tiempo que Morales asumía su nuevo cargo, el CNE publicaba el Registro Electoral Preliminar, en la continuación de las actividades previstas en el cronograma. El proceso electoral continúa, a pesar de los ataques.
(Taynem Hernández / LaIguana.TV)
