Los mismos factores que derrocaron a Evo Morales en 2019 están llevando a cabo un nuevo golpe de Estado al aplazar reiteradamente las elecciones, proscribir los partidos, reprimir las protestas y emplear grupos paramilitares contra los manifestantes.
El programa Desde donde sea, que conduce Miguel Ángel Pérez Pirela abordó este miércoles 12 de agosto la grave situación de Bolivia, que transcurre sin que los organismos internacionales ni los grandes medios de comunicación le presten la debida atención.
«Tal día como hoy, en 1825, Simón Bolívar se convierte en el primer presidente de Bolivia, cargo que desempeñó hasta el 29 de diciembre de ese mismo año, defendiendo ante el Perú y las Provincias Unidas del Sur (Argentina) la existencia del nuevo Estado. En su honor, dedicamos el programa al amado pueblo boliviano», dijo el filósofo y comunicador.
La simple descripción de los hechos ya muestra la magnitud del problema que crece día tras día en el altiplano: «Después del golpe de Estado llegó el Covid-19 y tomó por sorpresa a un gobierno improvisado. Son nueve meses de ejecuciones extrajudiciales, persecución a dirigentes políticos y sociales y otras graves violaciones a derechos humanos en total impunidad. Es una crisis sanitaria, económica y política. Tres veces se han postergado las elecciones prometidas. Los sectores políticos y sindicales han protestado y han sido reprimidos brutalmente».
Explorando en los antecedentes recientes, recordó que el 12 de noviembre de 2019, la senadora Jeanine Áñez asumió de manera interina e inconstitucional la presidencia de Bolivia. En uno de sus primeros contactos con la prensa prometió llamar a elecciones en 90 días y no ser ella candidata. Incumplió con esas dos promesas y otras más.
La actitud dictatorial llega al nivel del desparpajo. Hace unos días, el ministro de Gobierno de Áñez, Arturo Murillo, dijo a CNN que “meter bala sería políticamente correcto» ante los bloqueos viales promovidos desde el 03 de agosto por la Central Obrera Boliviana y el Pacto de Unidad contra la Postergación de las Elecciones.
«En Bolivia hubo un golpe de Estado promovido por la OEA porque supuestamente hubo un fraude y se violaban derechos humanos; ahora el ministro de Gobierno dice que hay que matar a los protestantes que exigen elecciones, y la OEA no dice nada. Almagro ni siquiera se pronuncia -expresó Pérez Pirela-. La ideología determina las preocupaciones de los organismos internacionales y el sentido de la noticia de los grandes medios en América Latina. Si un derechista manda a asesinar, no preocupa ni es noticia. Pero que se le ocurra a algún presidente o político cercano a la izquierda decir algo parecido para que ustedes vean».
El tiempo actual es de máxima tensión. «El gobierno de facto osa atribuir a los cortes de ruta la falta de insumos para atender el Covid-19 y se prepara para responder con medidas represivas. Desde el domingo grupos de civiles y paramilitares contrarios a las protestas comenzaron a actuar en distintos puntos del país y es allí donde la cosa se pone grave porque, a imagen y semejanza de Colombia, el paramilitarismo de la extrema derecha boliviana está haciendo estragos».
“En La Paz, el grupo llamado Resistencia Juvenil intentó disuadir una huelga contra el Tribunal Supremo Electoral en la plaza Abaroa; la Unión Juvenil Cruceñista se dispuso a desbloquear la vía en Samaipata (Santa Cruz); en Cochabamba motoqueros de la Resistencia Juvenil Cochala pertrechados de objetos contundentes e incluso armas desbloquearon una ruta en Vinto. Los videos con las agresiones a los manifestantes fueron ocultados por los medios locales y también por los de toda Latinoamérica. Todo indica que se están creando las condiciones para un nuevo golpe de Estado por parte de los mismos que derrocaron a Evo Morales. Quieren una guerra civil en Bolivia», alertó el presentador, quien recientemente entrevistó a Morales, en forma exclusiva, para su programa.
Las elecciones suspendidas
El meollo de la crisis, desde el punto de vista político, explicó Pérez Pirela, es que las fuerzas que arrebataron el poder a Morales el año pasado no quieren entregarlo ahora al ganador de la prometidas elecciones, pues saben que será el candidato Luis Arce, del Movimiento Al Socialismo (MAS), el partido del presidente derrocado.
“Los vocales electorales Daniel Atahuichi Quispe y Fernando Vargas Camacho, pidieron al presidente del Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero, ser flexible y reconsiderar la fecha de elecciones programada, sin consenso y sin Ley, para el 18 de octubre del año en curso para evitar que siga creciendo la crisis social y política. Dijeron que el principal aporte que haría el TSE a la sociedad boliviana es llevar a cabo las elecciones generales en un plazo prudencial para que, luego, el nuevo gobierno, salido de la urnas y de la voluntad del soberano, se dedique de manera prioritaria a la gestión de la salud y la economía en el entendido que debe generar empleos y bienestar a toda la población”.
Pero es que el TSE no está fuera de la polémica porque seis vocales fueron elegidos por la Asamblea Legislativa (Congreso Nacional), mientras el presidente del cuerpo, Salvador Romero, fue designado por la presidenta de facto, Jeanine Añez. El funcionario ha sido acusado de ser un hombre de confianza de Añez y de sus más polémicos ministros, militantes de partidos conservadores que participaron en el golpe contra Morales. Es amigo íntimo del candidato presidencial Carlos Mesa.
«El portal Primera Línea difundió un cable secreto divulgado por Wikileaks, del embajador de EEUU en La Paz en 2005, Philip Goldberd, cuyo contenido demuestra que Romero iba a sus oficinas para darle un informe, demostrando así su carencia de independencia, al menos desde ese año. Partiendo de esos datos, es considerado un operador de la USAID y de la OEA de Luis Almagro, acusado por movimientos sociales como uno de los cerebros del golpe contra Morales», reseñó, citando documentos periodísticos.
La Central Obrera Boliviana (COB) y el Pacto de Unidad propusieron formalmente al Órgano Electoral y a la Asamblea Legislativa que las elecciones se realicen el 11 de octubre y que esa fecha se garantice mediante una ley. De cumplirse esos pasos, llamarán a la desmovilización. El Movimiento al Socialismo (MAS) decidió aprobar y viabilizar el proyecto de ley que va a otorgar un nuevo plazo de elecciones. Para ello convocó a los jefes de bancada de Unidad Demócrata y el Partido Demócrata Cristiano para la tarde de este miércoles en el Senado. Para el momento de la emisión del programa no se sabía aún el resultado de esta gestión.
Pérez Pirela glosó las opiniones que ha vertido en esta controversia el presidente depuesto, Evo Morales, principalmente a través de su cuenta Twitter:
«El general de división Iván Ortiz Bravo, Jefe de Departamento de Tercero del Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas, por instrucción del Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas el General Orellana tiene un plan de golpe de estado”, dijo Morales en un primer trino.
“Desde Estados Unidos llegaron dos aviones con material bélico, el gobierno envió francotiradores a la ciudad de El Alto y el Trópico, en las intervenciones a los puntos de bloqueo utilizaran armas de calibre 22 y 25 para culpar a los Movimientos Sociales”, añadió.
Luego envió otro mensaje por la red social: “No debemos caer en las provocaciones que nos quieren llevar a la violencia. Solo con el pueblo en el poder democrática y pacíficamente podremos resolver las crisis y eso significa elecciones ya, con fecha definitiva e inamovible”.
Los mensajes de Morales denuncian una nueva etapa del golpe de Estado y sobre la creación de falsos positivos, al estilo colombiano.
Sobre el clima de opinión existente en Bolivia, citó los resultados de la encuesta de Frederick Ebert, realizada entre el 1 y el 17 de junio, que arrojó que 78,68% de las personas consultadas consideran que el gobierno de facto practica la persecución política. Un 37,50% está convencido de que la violencia institucional puede repetirse. 61.3% cree que la violencia y los enfrentamientos no fueron superados. Y 71,32% cree que el gobierno usa la emergencia sanitaria para penalizar la disidencia y la libertad de expresión. Esta y todas las demás encuestas dan como ganador de las presidenciales a Luis Arce a quien el gobierno de facto pretende proscribir, junto a su partido, el MAS.
Derechos humanos
Profundizando en el tema de las violaciones a los derechos humanos, señaló que estas han estado a la orden del día en estos nueve meses de gobierno de facto. Hay denuncias ante la ONU por las masacres de Sacaba y Senkata.
«Sobre esas masacres le preguntamos en este programa a Evo Morales. También le preguntamos por qué confió en la OEA y él nos dio una respuesta institucional. Dijo que quiso confiar en las instituciones», rememoró el conductor de Desde donde sea.
Leyó una información que amplía el punto de la dos masacres:
«La Red Andina de Información, la Asociación Pro Derechos Humanos Bolivia, la Red Universitaria de Derechos Humanos y otras organizaciones presentaron dos denuncias ante a Relatoría de Ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias por las masacres de Sacaba (Cochabamba, 15 de noviembre 2019) y de Senkata (El Alto, La Paz, 19 de noviembre 2019). Se denuncia el uso de armamento letal para reprimir protestas que eran contrarias al gobierno de Áñez y en defensa de la wiphala, una de las grandes víctimas de este golpe de Estado. La delegación de la CIDH constató que murieron 35 personas, otras 800 resultaron heridas y 360 fueron detenidas. Las calificó como masacres».
La dictadura boliviana no puede alegar que los autores de las denuncias sean gente de izquierda. El departamento de Derechos Humanos de la Universidad de Harvard visitó Bolivia y todos los testimonios que recogió indicaron que se usó fuerza letal contra manifestantes desarmados.
Adicionalmente, el l 14 de noviembre, Áñez firmó el decreto 4078 para garantizar impunidad de las Fuerzas Armadas para la represión, por ende, a partir de ese momento, matar no tendría consecuencias en los tribunales bolivianos. Más adelante lo derogó, pero no se ha seguido ninguna investigación contra los funcionarios civiles y militares.
Otro hecho constatado por los organismos de derechos humanos es que no se brindó atención médica a las víctimas de la represión y quien se acercaba a ofrecer ayuda, también recibían disparos. En los hospitales, el personal de salud humilló a los simpatizantes del partido de Evo Morales. Muchas personas tuvieron que endeudarse para recibir atención médica y otras quedaron con lesiones que les impiden trabajar.
Existen pruebas sobre todo esto, incluyendo imágenes, audios, videos y testimonios de personas entrevistadas por organizaciones bolivianas y de otras nacionalidades. Todo está a la disposición de los organismos de justicia, aunque se sabe que una parte de las pruebas fueron destruidas y se le ha negado acceso a la Fiscalía.
“Esto está pasando en Bolivia y nadie lo comenta. En el mundo hay informaciones con las que nos intoxican y otras que ni siquiera son mencionadas por la alardeada comunidad internacional”.
Sobre esa inacción internacional ofreció algunos detalles.
“La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet recomendó al gobierno interino de Bolivia acatar temas pendientes, entre ellos la protección de los pueblos indígenas y el respeto de los derechos civiles y políticos, ante denuncias de un presunto hostigamiento a la oposición”, leyó una nota periodística.
“¡Qué ironía: el golpe de Estado fue contra los pueblos indígenas! Qué diferente luce todo cuando se trata de criticar a una dictadura de derecha. Se ponen los guantes de seda y esos zapatos que usan las bailarinas y los bailarines de baila clásico para ir con mucho cuidado. Bachelet recomienda de forma graciosa, educada y parsimoniosa que la dictadura de Bolivia, que es contra los indígenas, respete el derecho de los indígenas; y que la dictadura que hace masacres, respete, en la medida de sus posibilidades, los derechos sociales y políticos. ¡Por favor! Sobre Colombia, Chile, Perú y Brasil, ni ella ni Almagro dicen nadita; sobre Venezuela, eso son discursos y discursos. Se les ve la costura”.
Un poco más enfático ha sido el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, cuyos voceros afirmaron que “desde el golpe de Estado, el aparato represivo del Estado se hizo sentir en la constante persecución y cacería a periodistas, líderes sociales, defensores de Derechos Humanos, partidarios del Movimiento Al Socialismo (MAS) y de organizaciones sociales o territoriales afines al expresidente Evo Morales”.
El mismo ente añadió que “las declaraciones públicas de los funcionarios del gobierno de facto criminalizaron a militantes, funcionarios y dirigentes del MAS. Las acusaciones de sedición y terrorismo se generalizaron. A inicios de 2020, más de 100 políticos cercanos a Morales habían sido detenidos y otros 600, incluidas sus familias, se encuentran bajo investigación sin las debidas garantías procesales. Siete exministros de Evo se encuentran asilados en la Embajada de México en La Paz desde noviembre del año pasado, sin que el gobierno otorgue los salvoconductos”.
Destacó Pérez Pirela el rol de la Defensoría del Pueblo, único organismo de la institucionalidad boliviana que se ha mantenido de pie en medio del golpe de Estado.
“En el detallado informe que presentó este organismo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló que ‘durante el conflicto poselectoral se suscitaron 1.504 arrestos y/o aprehensiones ilegales, dentro de los cuales se han verificado amenazas, intimidaciones, tratos crueles e, inclusive, torturas. En su momento, no se permitieron entrevistas con los familiares de los arrestados, ni tampoco se contaba con registros de detenidos y se utilizaban las figuras de arresto y/o aprehensión bajo un criterio discrecional por parte de la Policía Boliviana, inclusive contra menores de edad”.
La Defensoría ha sido clara en afirmar que no hay autoridad judicial o fiscal que ejerza control de garantías o preserve el debido proceso. “Estos hechos corresponden a la acción u omisión del Estado, que fue monitoreada ininterrumpidamente por la Defensoría del Pueblo en hospitales, centros de detención, establecimientos policiales, entre otros, donde hemos encontrado patrones comunes de la represión estatal, policial y militar que derivaron en masacres. También ofende la presencia de grupos de choque de extrema derecha, protegidos por las fuerzas de seguridad, y alentados desde el gobierno de facto, que intimidan a la población que lucha por la restauración democrática”.
Pérez Pirela señaló que paralelamente avanza en Argentina la causa por delitos de lesa humanidad cometidos en Bolivia durante el golpe de Estado. Citó un informe que señala que el Comité de Solidaridad con los Pueblos Latinoamericanos ha apelado la denominada jurisdicción universal para delitos de lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos. Estos permite a la Justicia argentina llevar adelante la investigación.
“Avalados en esta normativa es que el Comité de Solidaridad presentó en noviembre, en Córdoba, una querella contra el actual gobierno de facto boliviano, que señala como responsables de delitos de lesa humanidad a la presidenta autoproclamada Jeanine Áñez, los ministros a cargo de las carteras de Gobierno, Arturo Murillo ; Justicia, Alvaro Coibra; Defensa, Fernando López , y los ahora exministros de la Presidencia, Jerjes Justiniano, y Comunicación, Roxana Lizárraga. También acusa a los dirigentes opositores Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho, el ex Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman, su sucesor, Carlos Orellana Centellas; así como el exjefe de la Policía Boliviana, Vladimir Calderón, y su actual reemplazo, Rodolfo Calderón”.
Estos son los fatídicos nombres del golpe de Estado y algunos de ellos ya están bien protegidos en Estados Unidos, señaló el moderador.
Una de las razones de la movilización en Argentina es el caso de Sebastián Moro. “Los familiares del periodista y colaborador de Página/12 piden que se esclarezcan las circunstancias que llevaron a su muerte. Los médicos forenses determinaron que sufrió una golpiza antes del ACV por lo que se trata de una muerte extremadamente dudosa.
La querella argentina indica que hubo amedrentamiento contra la prensa. “Diseñaron la persecución, la censura, el ataque de medios como Bolivia TV y la radioemisora Radio Patria Nueva, Abia Yala TV, a consecuencia de lo cual algunos periodistas locales fueron objeto de vejaciones públicas atándoselos en árboles como le ocurrió a José Aramayo, de Prensa Rural”.
“Varias preguntas surgen entonces: por qué la OEA no actúa, si fue tan expedita en quitarle la presidencia a Evo Morales. Recordemos que bajo la conducción de Morales, Bolivia tenía una de las dos mejores economías de América Latina, lo que demuestra que para un gobernante de izquierda, el éxito económico no es garantía de que no le den un golpe de Estado”, comentó.
Puntualizó que Morales tenía tanta popularidad que lo que se discutía no era si había ganado o no, sino si tenía más de 10 puntos porcentuales de ventaja, para no ir a segunda vuelta. Luego se pasó a decir que no habría segunda vuelta y que si la hubiese sería sin Evo Morales. ¿Qué dice la OEA y Almagro del resultado de su injerencia y su golpe de Estado? Asesinatos hasta de extranjeros, persecución de dirigentes, violación de derechos”.
Se preguntó qué pasará con el pueblo boliviano desprovisto de salud y con gobernantes que amenazan con disparar a los manifestantes. “¿Van a dejar al MAS ir a elecciones, sabiendo que está ganando? Estas personas agarraron a la segunda economía de Latinoamérica y la desangraron. Acabaron con un Estado que nunca antes había tenido tan buenos resultados en niveles de crecimiento social y económico. Metieron a Bolivia a propósito, voluntaria, alevosamente en una crisis general”, concluyó.
Libro
La recomendación de lectura de la jornada fue un volumen de cuentos del escritor irlandés Oscar Wilde que contiene El delito de Lord Arthur Savile y El fantasma de Canterville. Destacó que es uno de sus escritores más queridos y el autor de una frase que le encanta repetir: “Resisto a todo, menos a las tentaciones”.
(LaIguana.TV)
