El abogado defensor del empresario colombiano Álex Saab, el exjuez español Baltasar Garzón, expresó a la agencia EFE que el caso de su defendido es utilizado por el régimen de Donald Trump para obtener beneficios políticos y sobre todo electorales para los comicios presidenciales de noviembre próximo.

En ese sentido resaltó que a Trump no le importa en absoluto respetar los derechos humanos de su defendido, que es acusado por el régimen estadounidense de forma infundada y sin presentar pruebas fehacientes de lo que supuestamente se le acusa.

Saab, denunció Garzón, «está claramente en una situación de indefensión absoluta» que «viola las normas más básicas de derechos humanos y del debido proceso». «En caso de ser entregado a los Estados Unidos, hay un altísimo riesgo de que sufra malos tratos y tortura»; una situación que ya experimenta el propio Saab, quien en días pasados denunció en una carta que sufre «tratos degradantes» en la prisión en la que está recluido en la isla Sal de Cabo Verde.

El empresario colombiano, de 48 años, con ciudadanía venezolana, fue detenido el pasado 12 de junio cuando su avión hizo escala para repostar en el Aeropuerto Internacional Amilcar Cabral de la isla norteña de Sal (la terminal aeroportuaria más importante de Cabo Verde) a petición de Estados Unidos por supuestos delitos de blanqueo de dinero.

Tras la detención de Saab, realizada sin aún contar con alerta emitida por la Interpol, el Gobierno de Venezuela reclamó que Saab es también ciudadano venezolano y un «agente especial» para sus relaciones comerciales, que se hallaba en tránsito en Cabo Verde.

Judicialización política

«Se está instrumentando por parte de EEUU a la jurisdicción caboverdiana para conseguir un objetivo político en su guerra particular, su guerra económica y guerra jurídica, contra Venezuela y todos sus altos responsables», remarcó Garzón, miembro del equipo de abogados de Saab, en declaraciones a la radio estatal caboverdiana RCV este jueves 13 de agosto.

Agregó que Cabo Verde «no puede permitir esta vocación expansiva para conseguir fines políticos utilizando mecanismos de persecución jurídica».

Subrayó que «los hechos que se le imputan (al empresario) son claramente inconsistentes». A pesar de esto, las autoridades de Cabo Verde, en África occidental, y el Tribunal de Apelaciones de Barlavento, con sede en la isla norteña de San Vicente y en el que recae la decisión final, han aprobado la extradición de este ciudadano.

En ese sentido, Garzón confirmó que la resolución del tribunal, emitida el pasado 31 de julio, va a ser «recurrida en apelación» ante el Supremo Tribunal de Justicia caboverdiano «presentándose ese recurso de forma inmediata».

«Ahí volvemos a plantear seriamente el carácter político de este caso, la necesidad de que las autoridades judiciales de Cabo Verde entren a fondo en la realidad. Yo sé que es difícil comprender la magnitud de la confrontación de EEUU contra Venezuela, pero aquí está en juego la vida y la libertad de una persona a la que, de momento, no se ha demostrado ni una sola de las acusaciones que EEUU le hace», acotó.

Si Saab fuera un agente de Trump no lo habrían detenido

Garzón indicó que como defensores de Saab van «a ejercer todos sus derechos utilizando todos los mecanismos nacionales e internacionales para que esa extradición no se produzca» y evitar, asimismo, «el trato que el presidente de EEUU (Donald Trump) está deseando con carácter electoral y, por tanto, político en este caso».

Añade que Trump busca «imponer su criterio a Venezuela y Cabo Verde» para ganar aprecio en torno a los comicios presidenciales. «No se puede renunciar al principio de reciprocidad, como ha hecho la señora ministra de Justicia de Cabo Verde frente a EEUU», advirtió Garzón.

«Si (Saab) en vez de ser, lo que dicen los medios de comunicación, el supuesto testaferro del presidente Maduro, la acusación fuera de Venezuela contra el supuesto testaferro de Donald Trump. ¿Qué haría Cabo Verde frente a esa acusación? Me temo que no iba a ser lo mismo», alegó el exmagistrado español.

Garzón incidió en que la estrategia de la defensa se centra ahora en «el recurso de apelación contra la arbitraria decisión de extradición», si bien se «van a agotar otras instancias jurisdiccionales internacionales en el momento oportuno».

«Que no le quede duda a la Administración Trump que esto no va a ser fácil, que puede tardar mucho tiempo y que, en todo caso, esperemos que no sea un instrumento de utilización política en esta campaña electoral a la que estamos asistiendo y que tantos obstáculos está suscitando por parte de la administración norteamericana», subrayó.

La defensa de Saab argumenta que el empresario «tenía derecho a la inviolabilidad personal como enviado especial de Venezuela en tránsito por Cabo Verde», algo que no se respetó y por consiguiente, todo lo que ha venido ocurriendo con su defendido es parte de un procedimiento ilegal y carente de justicia.

Caso Saab forma parte del plan sedicioso contra Venezuela

Las declaraciones de Garzón se dan después que el empresario colombiano dirigiera esta semana una carta al primer ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva, para denunciar su detención ilegal y exigir su liberación.

El nombre de Álex Saab apareció en la prensa cuando la exfiscal y prófuga de la justicia venezolana Luisa Ortega Díaz -quien se autoproclama «fiscal en el exilio»- dijo en 2017 que era uno de los supuestos «testaferros» del Gobierno venezolano que lidera el presidente Nicolás Maduro.

Saab, nacido en la ciudad colombiana de Barranquilla y de origen libanés, está relacionado con varias empresas, entre ellas Group Grand Limited (GGL), acusada por EEUU de supuestamente suministrar con «sobreprecios», alimentos y víveres para los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).

Un funcionario del Gobierno estadounidense citado por EFE indicó -sin mostrar pruebas- en julio de 2019, que supuestamente con los CLAP, el empresario colombiano y tres hijastros de Maduro se habrían lucrado, con «cientos de millones de dólares».

Washington también presentó cargos contra Saab y su mano derecha, Álvaro Enrique Pulido, a quienes acusa de blanquear hasta 350 millones de dólares supuestamente defraudados a través del sistema de control cambiario en Venezuela.

Según EEUU, entre noviembre de 2011 y septiembre de 2015, Saab y Pulido se habrían «confabulado con otros» para lavar sus «ganancias ilícitas» y transferirlas desde Venezuela a cuentas bancarias estadounidenses, motivo por el que Washington asegura que tiene jurisdicción en el caso.

(LaIguana.TV)

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