En un comunicado difundido este sábado, el bufete Ilocad, a cargo de la defensa de Álex Saab, acusó a las autoridades de Cabo Verde «de atentar contra el derecho de defensa del empresario (…) por deportar en dos ocasiones a uno de sus abogados, según un comunicado remitido este sábado», informó la agencia española EFE. 
 
En el documento remitido por Ilocad, despacho encabezado por el exjuez español Baltasar Garzón, se asegura que uno de sus abogados intentó ingresar a la nación africana en dos oportunidades –el jueves y el viernes de esta semana– a través del aeropuerto internacional Nelson Mandela (Praia), pero el acceso le fue denegado igual número de veces. 
 
Según EFE, en el texto se explica que «un mismo responsable de vigilancia adujo en el aeropuerto motivos burocráticos para justificar la negativa a que el letrado pasara los controles de seguridad, una acción que Ilocad considera ‘arbitraria y sorpresiva’ y un ‘atropello intolerable’ de las autoridades caboverdianas para ‘perjudicar gravemente’ la defensa de Saab».
 
Para el equipo defensor, estas acciones evidencian «la persecución política» de la que es objeto Saab, quien se encuentra detenido en Cabo Verde a petición de Estados Unidos, que solicitó su extradición tras sindicarlo de ejercer de testaferro del presidente venezolano, Nicolás Maduro, una acusación sobre la que, hasta el momento, no se han ofrecido pruebas.  
 
Por ello, Ilocad califica el proceso de extradición como «injusto e instrumental» y señala a Estados Unidos de usarlo como parte de «su confrontación con el gobierno venezolano». 
 
Previamente, recuerda la agencia española, el equipo legal a cargo de su defensa demandó a Estados Unidos y a Cabo Verde en instancias judiciales internacionales así como  caboverdianas, alegando que se había violentado la inmunidad jurisdiccional de la que gozaba Saab al momento de su detención, pues viajaba en calidad de «enviado especial de Venezuela». 
 
De su lado, tras su arresto arbitrario el pasado 12 de junio, las autoridades venezolanas insistieron en que el empresario colombo-venezolano era «agente» del Gobierno Bolivariano y se encontraba «en tránsito» por el país africano para recargar combustible. Además, demostraron que la orden de captura emitida por Interpol, se había sucedido a su detención.  
 
(LaIguana.TV)
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