Las distintas masacres que han sacudido el sur de Colombia durante las últimas semanas y que, de acuerdo con un trabajo publicado en el diario El Universal bajo la firma del periodista Enrique Cote, ha dejado el lamentable saldo de al menos 17 adolescentes asesinados, han sumido al vecino país en una mezcla de «consternación e indignación», toda vez que tales episodios parecían haber desaparecido del imaginario de la población. 
 
Recuerda Cote que durante las últimas dos décadas del pasado siglo y la primera del presente, los atentados y la violencia homicida, al modo de las ejecuciones, eran materia corriente. Empero, una década después, el fantasma de ese cadáver insepulto reaparece con fuerza y, de nuevo, golpea a los sectores más vulnerables, que entonces, como ahora, temen que los graves crímenes queden impunes. 
 
En el presente, las ejecuciones de adolescentes –que se suman a las ya sistemáticas de líderes campesinos y sociales, tras la firma de los acuerdos de Paz entre el Estado colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) en 2016–, se concentran en los departamentos de Nariño, Cauca y Valle del Cauca. 
 
Según fuentes policiales consultadas por El Universal para su investigación, «tales atrocidades» fueron «llevadas a cabo (…) por grupos armados al margen de la ley que se disputan el control del tráfico de drogas de la zona, debido a su estratégica ubicación para sus actividades ilícitas».
 
Empero, esta versión parece contradecirse con la realidad, pues los asesinatos, cometidos sin testigos y sobre la figura de adolescentes pertenecientes a sectores vulnerables, sin vínculos conocidos con organización criminal alguna, siembran al menos alguna duda. 
 
Masacres con móviles desconocidos 
 
En la cronología que presenta Cote, se indica que «las barbaridades comenzaron el 10 de agosto en la localidad de Santa Lucía, Nariño, cuando dos adolescentes afrodescendientes de 12 y 17 años fueron asesinados aparentemente sin ninguna razón, cuando caminaban a su centro de estudios para entregar sus asignaciones académicas». En este caso, añade, «las autoridades informaron que no hubo testigos de los asesinatos».
 
Este crimen fue opacado casi de inmediato por el asesinato de cinco adolescentes entre 14 y 15 años, «brutalmente masacrados en Cali, Valle del Cauca» mientras celebraban una fiesta de cumpleaños en un cañaveral. Sus agresores les propinaron «»disparos al estilo ejecución» y les infringieron heridas con armas blancas. Como en el evento anterior, las víctimas eran afrodescendientes y en lugar de ser delincuentes, El Universal destaca que «se les conocía en la localidad por sus labores sociales y deportivas».
 
Inexplicablemente, durante el velorio de los cinco jóvenes, que se realizó el 13 de agosto, los asistentes fueron atacados con una granada, que en su detonación mató a una persona y dejó a 14 más heridas, incluyendo a un bebé de un año. 
 
Hasta el momento, ninguna organización delictiva se ha atribuido los crímenes y tampoco las autoridades han ofrecido pruebas sólidas de quién o quiénes podrían estar tras estos abominables hechos. 
 
Por su lado, el ministro de Defensa colombiano, Carlos Holmes Trujillo, calificó los hechos como «dramáticos, dolorosos, absolutamente inaceptables que generan indignación» y aseguró que «tienen que conducir a una actuación (…), que permita capturar a los culpables». 
 
La violencia en el sur del país, lejos de detenerse, continuó. Otra vez en Nariño, pero en la población de Samaniego, el pasado sábado 15 de agosto, un grupo de desconocidos abrió fuego contra universitarios que se encontraban reunidos en un festejo para distraerse del confinamiento decretado por las autoridades para hacer frente a la pandemia de Covid-19. Ocho de ellos perdieron la vida en el suceso y pasaron a engrosar la tenebrosa estadística de jóvenes masacrados durante el último mes.  
 
Esa misma noche, reporta Enrique Cote, también fue asesinada una joven en Samaniego y si bien no precisa otros detalles, sí indica que «al igual que en los anteriores hechos, no se sabe nada de los motivos y autores».
 
Van 33 masacres en 2020 y el gobierno de Duque se limita a nombrar una comisión
 
Organizaciones sociales y de derechos humanos en Colombia se manifestaron en repudio a estos hechos y expresaron el temor de que estas recientes masacres se correspondieran con una nueva etapa de la guerra entre el Estado colombiano y los distintos grupos irregulares, que todavía controlan importantes secciones del territorio. 
 
Pese a que las autoridades policiales y judiciales han insistido en que ignoran quiénes son los autores de las masacres, el presidente Iván Duque se aprestó a responder al señalamiento de las organizaciones a través de su cuenta en Twitter. En su trino, responsabilizó al ELN y a «grupos de microtráfico» que, según él, su gobierno «enfrenta con contundencia». 
 
No obstante, la ausencia de antecedentes penales y de vínculos conocidos de las víctimas con el ELN y otras organizaciones insurgentes, así como con el crimen organizado, amén de la insistencia de la policía acerca de la inexistencia de un móvil posible, pone bajo el ojo público las acusaciones del gobernante, que, además, no sustentó con prueba alguna. 
 
El Universal también recuperó las declaraciones del pasado lunes de la Oficina del Alto Comisionados de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, en las que manifiestan «consternación» por esta ola de asesinatos de adolescentes, mas añaden en su lista los «homicidios de defensores de los derechos humanos, líderes y lideresas sociales y de excombatientes de las FARC-EP en 2020″.
 
Durante 2020, la referida instancia ha documentado «33 masacres y restan siete por documentar…, también viene dando seguimiento a 97 asesinatos de defensores de derechos humanos, de los cuales hasta la fecha, se han verificado 45 homicidios». 
 
Asimismo, la Conferencia Episcopal de Colombia, a través de un comunicado, expuso su preocupación por la ola de violencia que atraviesa la nación, en el que se destaca que «los enfrentamientos armados por el control de las rutas del narcotráfico que se han verificado recientemente en otros departamentos del país, como Norte de Santander, Chocó, y Cauca». Además, solicitó la intervención del Estado para garantizar «la protección de las comunidades en mayor riesgo» y exigió «la implementación de los acuerdos de paz».
 
Después del acusar sin pruebas al ELN y a grupos dedicados al microtráfico de drogas, Duque nombró una comisión conformada por especialistas en la materia, que debe encargarse de investigar las masacres y determinar las responsabilidades el caso, se informa en la investigación periodística de Enrique Cote. 
 
(LaIguana.TV)
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