La revelación de un acta militar de 2006 dejó al descubierto que el Ejército uruguayo conocía y no denunció crímenes cometidos por un coronel durante la dictadura. Ignacio Errandonea, integrante de la organización de familiares de desaparecidos, dijo a Sputnik que el caso ratifica la falta de voluntad de las jerarquías militares de Uruguay.
El Día Internacional de las Víctimas de las Desapariciones Forzadas fue oficializado por Naciones Unidas en el año 2010 y en una época en que la organización internacional manifestaba su preocupación por «el aumento de las desapariciones forzadas o involuntarias en diversas regiones del mundo». En la misma declaración que destinó el 30 de agosto para esa conmemoración, la ONU tipificaba dentro de esta figura a «los arrestos, las detenciones y los secuestros» que buscan, generalmente, infundir el terror a opositores políticos.
Naciones Unidas hace énfasis en que las desapariciones forzadas se dan en todo el mundo y que, en la actualidad, se ven relacionadas a situaciones de conflictos internos y a hostigamientos a defensores de derechos humanos.
En América Latina, sin embargo, las desapariciones forzadas siguen recordando a las dictaduras cívico-militares que se dieron en las décadas del 70 y 80 y que aplicaron métodos sistemáticos de represión contra partidos políticos, sindicatos y estudiantes opuestos a sus políticas.
Entre los países latinoamericanos, en uno la conmemoración del día coincide con la reavivación de la cuestión sobre la falta de información acerca del paradero de los detenidos desaparecidos. Se trata de Uruguay, donde la revelación de acta militar vuelve a hacer públicos dichos de un exmilitar reconociendo haber torturado y asesinado a detenidos.
Un pedido de acceso a la información pública presentado por la organización uruguaya Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos posibilitó que el Ministerio de Defensa diera a conocer el acta de un Tribunal de Honor del Ejército que, en el año 2006, interrogó al coronel retirado Gilberto Vázquez por haber ofendido el honor militar al haberse fugado del Hospital Militar de Montevideo mientras estaba hospitalizado y bajo custodia a la espera de un pedido de extradición desde Argentina, donde se lo acusaba de participar del Plan Cóndor, como se conoce a la coordinación entre las dictaduras de Uruguay, Argentina y Chile.
Vázquez, que actualmente está condenado por su participación en 28 homicidios cometidos durante la dictadura que se extendió entre 1973 y 1985, se escapó el 3 julio de 2006 y fue capturado uno días después, fue sometido ese mismo mes a un Tribunal de Honor militar en el que tres generales del Ejército lo interrogaron sobre las razones de su fuga, acusándolo de haber faltado a su «palabra» al escaparse.
En algunos pasajes del acta consignadas por el diario uruguayo El Observador, y a pesar de que los integrantes del tribunal parecen estar interesados solo en su fuga y no en los crímenes que confiesa, Gilberto Vázquez reconoce ante los militares que estuvo involucrado en la desaparición del militante del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) Adalberto Soba y que participó del «segundo vuelo» en el que militares uruguayos trasladaron hacia Montevideo a prisioneros políticos uruguayos que estaban detenidos en Buenos Aires. De hecho, el militar confirma que estuvo «dos años trabajando en Argentina» en esas tareas.
En esas declaraciones de 2006 reveladas ahora, Vázquez también ensaya una justificación de sus actos, en el marco de lo que él denomina «combatir».
«…Ahora no dicen ejecutar, dicen asesinar, nos dicen ladrones y nadie dice nada (…) Nosotros ejecutamos, no asesinamos, que son cosas muy diferentes. Nosotros no torturamos, nosotros apremiamos porque no había más remedio, el mínimo imprescindible para sacar la verdad porque no había otra forma de combatir y estoy orgulloso de lo que hice».
¿Hay complicidad de mandos militares?
En diálogo con Sputnik, el integrante de Madres y Familiares Ignacio Errandonea señaló la gravedad, no solo de las palabras de Vázquez, sino también «cómo los mandos militares no actuaron, cómo escuchan eso y no se sorprenden».
«Para ellos la dignidad y el honor militar no pasa por esclarecer estos hechos del pasado sino que pasa por si dio o no dio su palabra», complementó Errandonea, comparando el caso a lo sucedido con los exmilitares José Nino Gavazzo y Jorge Pajarito Silveira, ambos ya condenados por delitos de la dictadura, quienes en 2018 revelaron en un Tribunal de Honor militar delitos que habían ocultado a la Justicia. En ese momento, el tribunal entendió que, a pesar de haber cometido crímenes de lesa humanidad, los militares no habían mancillado el honor del Ejército.
Para Errandonea, la postura de lo generales sirve para que los familiares del desaparecido corrobore que «cuando dicen que no tienen cómo encontrar datos es mentira». «Si [Vázquez] dice que participó del ‘segundo vuelo’, a cualquier persona decente le surge preguntar dónde están, qué hiciste con ellos. Pero no, le cambian el tema», ejemplificó.
«Es brutal leer el acta no solo por lo que dice Gilberto Vázquez sino por los silencios y los cambios de tema de los generales», complementó el integrante de Madres y Familiares, para quien los mandos militares demostraron en ese momento «que no tienen ningún interés en llegar a la verdad» y que hasta el día de hoy «siguen cobijando la desaparición forzada».
Errandonea reivindicó la importancia de la revelación del acta que, luego de la respuesta al pedido de informes, fue derivada por el Ministerio de Defensa actual a la Fiscalía de Corte uruguaya. «Si aparecen los archivos los vamos a encontrar todos porque está todo documentado y esto lo demuestra», subrayó.
Y a pesar de que el acta data de 2006, para los familiares cobra actualidad a días de que el Senado uruguayo deba resolver si acepta levantar los fueros parlamentarios a Guido Manini Ríos, excomandante en jefe del Ejército y líder del partido Cabildo Abierto, de impronta militar y uno de los principales socios de la coalición que respalda el Gobierno de Luis Lacalle Pou.
Manini es investigado por la Justicia, precisamente, por no haber derivado a la Justicia ordinaria las revelaciones de delitos en las declaraciones de Gavazzo y Silveira en 2018, a pesar de haber sido notificado.
«Todo el espectro democrático debería votar el desafuero para enviarle un mensaje claro a los militares y a toda la ciudadanía de que vivimos en democracia y vamos a defenderla», opinó Errandonea.
La búsqueda de desaparecidos, estimados en 197, solo obtuvo la aparición de restos de seis de ellos. En 2002 fueron encontrados los restos de Roberto Gomensoro. Fernando Miranda y Ubagésner Cháves Sosa fueron encontrados en 2006, Julio Castro en 2011 y Ricardo Blanco en 2012. En 2019 aparecieron lo restos de Eduardo Bleier. Todos fueron encontrados en predios militares.
(Sputnik)
