En una misiva dirigida al alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, el autoproclamado presidente interino, Juan Guaidó, instó al ente europeo a no avalar las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, aduciendo que el evento «no reúne las más mínimas condiciones» que garanticen, según él, un proceso libre y transparente.
La respuesta de Guaidó se sucede al anuncio del excandidato presidencial Henrique Capriles Radonski, de respaldar la participación en las elecciones de diciembre y del indulto concedido por el presidente Nicolás Maduro a 110 políticos opositores sindicados de graves delitos, incluyendo traición a la patria y crímenes de lesa humanidad, una acción que fue saludada con beneplácito por el jefe de la diplomacia europea.
Asimismo, Capriles anunció que la liberación plena de estos agentes políticos se había conseguido, gracias a sus gestiones personales en el marco de un proceso de diálogo entre el gobierno y un sector de la oposición, en la que Turquía sirvió de intermediario.
Posteriormente, el Gobierno Bolivariano, a través de su canciller, Jorge Arreaza, invitó nuevamente a la UE a ejercer labores de observación electoral, algo a lo que Borrell se había negado con anterioridad. Hasta ahora, se ignora la postura oficial de esa comunidad política a esta nueva solicitud de Venezuela.
Previendo una reacción adversa a sus intereses, el parlamentario extremista desmereció la comunicación enviada por el canciller Arreaza, indicando que las condiciones por él descritas «se refieren a elementos muy parciales y de muy poca trascendencia para cambiar la verdad sobre la farsa convocada: no existe ninguna posibilidad de competir».
A contrapelo de esta aseveración, este sábado 5 de septiembre, Indira Alfonzo, presidenta del Consejo Nacional Electoral, comunicó en una intervención televisiva que más de cien organizaciones políticas habían registrado alrededor de 14.000 candidaturas y que todas las auditorías –incluyendo las realizadas sobre el registro electoral– habían sido respaldadas por los interesados.
Asimismo, como principal argumento para amparar su clamor, Guaidó insiste en presentar la designación de las autoridades del Poder Electoral por parte del Tribunal Supremo de Justicia como un hecho inédito e inconstitucional, cuando ninguna de las dos cosas es cierta.
Por un lado, la Carta Magna contempla que en caso de que el Legislativo no logre el cometido, ora por incapacidad para alcanzar el acuerdo de las dos terceras partes de la cámara, ora por omisión legislativa, le corresponde al TSJ hacer las designaciones correspondientes.
En segundo lugar, desde 2003, dada la polarización política presente en el país, la mayor parte de las veces ninguno de los dos grandes bloques políticos ha logrado conseguir la mayoría calificada requerida para las postulaciones y designaciones de los rectores del CNE, recayendo, por tanto, la responsabilidad de suplir el fallo legislativo en el TSJ; un mecanismo que no persigue otro propósito que garantizar la participación política de la ciudadanía a través del ejercicio del sufragio.
También, en un intento por desmerecer los logros alcanzados del diálogo entre el gobierno y el sector democrático de la oposición del cual está distanciado, y más concretamente, arremetiendo contra su otrora aliado, Henrique Capriles, Juan Guaidó catalogó estas conversaciones como «una negociación con la dictadura» adelantadas por «individualidades, a título personal, y sin el conocimiento de los partidos políticos en los que militan, de la legítima Asamblea Nacional y del gobierno interino».
Reiterando lo ya dicho –mas no explicado– previamente, cierra la carta indicando que «se mantienen intactas las condiciones electorales» que motivaron la negativa del representante diplomático de Europa de enviar una misión de observación electoral a Caracas el venidero mes de diciembre.
(LaIguana.TV)
