Este miércoles 9 de septiembre la Fiscalía de Venezuela anunció los cargos que se le imputan al médico colombiano Antonio Amell y las pruebas que lo involucran con la venta ilegal del fármaco Remdesivir. Al detenerlo, las autoridades descubrieron en su residencia todo tipo de insumos médicos, entre ellos 55 recipientes de polvo liofilizado para dilución, 132 viales y 15 envases de solución fisiológica producidos para uso exclusivo en Colombia.
El propio detenido acordó la venta del fármaco remdesivir a precios exorbitantes y de forma ilegal, a la familia del paciente Carlos Reyes, contagiado de COVID-19 y quien se encuentra ingresado en la centro de salud donde operaba Amell.
La cancillería colombiana, sin embargo, no tardó en responder a su detención. A través de la red social Twitter subrayó que «rechaza la detención arbitraria de de Antonio Amell y exige el pleno respeto de su vida e integridad física.»
Y agregaron: «Pedimos a los organismos internacionales de protección de DDHH que exijan su libertad inmediata y protección de su vida».
Omitieron, sin embargo, la mención de las posibles víctimas del contrabando que Amell gestionaba dentro y fuera del centro de salud donde trabajaba.
(LaIguana.TV)
.@CancilleriaCol, en nombre del Gobierno Nacional, rechaza la detención arbitraria de Antonio Amell y exige el pleno respeto de su vida e integridad física. Pedimos a los organismos internacionales de protección de los DDHH que exijan su libertad inmediata y protección de su vida
— Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) September 8, 2020
