En una edición latinoamericanista de Desde Donde Sea, Miguel Ángel Pérez Pirela analizó el resurgimiento de las masacres en Colombia tras el incumplimiento de los acuerdos de Paz suscritos en 2016 entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC-EP, así como la judicialización de la que hoy son objeto el expresidente Rafael Correa y el presidente depuesto Evo Morales en sus países. 
 
El camino recorrido por las FARC y el Estado colombiano hacia la paz
 
Pérez Pirela inició su disertación con un recuento de los pasos que condujeron a la firma de unos acuerdos históricos de paz entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) y el Estado colombiano, representado por el gobierno de Juan Manuel Santos.
 
A este respecto, refirió que los primeros acercamientos entre el grupo guerrillero y el Estado se sucedieron en La Habana durante el año 2012, con la presencia de Noruega y Cuba como garantes del proceso. 
 
Entonces, dos meses antes de la instalación de la mesa de negociación en Oslo, las FARC decretaron un cese al fuego unilateral. 
 
En 2013, ya con el diálogo en marcha, las partes conciliaron en relación con las tierras, el desarrollo rural y la participación de la guerrilla en la política. Asimismo, el grupo insurgente decretó una tregua navideña.
 
Durante 2014, prosiguió relatando el analista, el gobierno de Santos y la guerrilla alcanzaron acuerdos relativos al narcotráfico y a los cultivos ilícitos, mientras que en 2015 se pactó la instalación de una Comisión de la Verdad, una vez se hubiese suscrito el acuerdo definitivo. 
 
Además, durante ese año, las FARC decretaron otro alto al fuego que se prolongó hasta inicios de 2016 y se produjo el histórico encuentro entre Rodrigo Londoño, alias Timochenko y Juan Manuel Santos, que entonces anunciaron que el tratado con los acuerdos se firmaría en marzo de 2016. 
 
De su lado, el gobierno colombiano ofreció el indulto a 30 guerrilleros presos, mientras que los insurgentes se ofrecieron para ayudar a localizar a más de 25.000 personas desaparecidas durante el prolongado conflicto.
 
Ya en 2016, la firma de los acuerdos se postergó hasta el mes de julio, debido a desacuerdos internos en el seno de las FARC relacionados con las garantías que ofrecería el gobierno tras el cese al fuego definitivo. Empero, tras casi cuatro años de negociación, el documento se suscribió, con Santos desde Cartagena y la representación de las FARC en teleconferencia desde La Habana. 
 
Inmediatamente, Santos consignó el documento al Senado, pero el expresidente Uribe consiguió la conformación de un grupo antiplebiscito que promovió exitosamente el rechazo a los acuerdos, que no fueron apoyados por la consulta popular que realizó el gobierno sobre el tema. 
 
Tras el rechazo, Santos se vio forzado a reunirse con Uribe y se realizaron modificaciones al documento, que al ser nuevamente enviado al Senado, gozó del respaldo de la mayoría. 
 
En diciembre de 2016, Timochenko, en representación de la guerrilla, suscribió los nuevos acuerdos, que se tradujeron en el cese al fuego definitivo y la entrega de armas por parte de la insurgencia durante los siguientes meses. 
 
Empero, en la actualidad, pese a que las FARC cumplieron con su parte, es evidente que el Estado colombiano no ha cumplido con la que le corresponde y hoy, quienes accedieron a entregar las armas, están siendo asesinados sistemáticamente.
 
El recrudecimiento de las masacres: el efecto de una paz nunca alcanzada
 
El reavivamiento de las masacres trae a la memoria de la sociedad colombiana la ola de violencia que atravesó al país entre las décadas de 1980 y 2000, donde tales actos barbáricos eran, como parecen estar siendo nuevamente, cosa de todos los días.
 
Según los datos recabados por Pérez Pirela y el equipo de investigación de Desde Donde Sea para la emisión, las dos últimas grandes masacres ocurridas durante el mes de agosto, abrieron nuevamente una herida nunca cerrada. 
 
Concretamente, se refirió a la masacre de cinco adolescentes en una plantación de azúcar en Cali (Valle del Cauca) por parte de dos sujetos que ejercían labores de vigilancia en el lugar y al asesinato de nueve jóvenes en Samaniego (Nariño) sin que las causas han sido aclaradas por la justicia. 
 
Las muertes fueron calificadas por Duque como «homicidios colectivos», un eufemismo que levantó una polvareda de críticas por parte de políticos de la oposición y defensores de Derechos Humanos, entre ellos, la exsenadora Piedad Córdoba, quien el pasado 24 de agosto escribió en su cuenta de Twitter: «El presidente Duque ya tiene un plan para acabar con las masacres, cambiarles el nombre. Reduce un problema humanitario a un tema semántico».
 
De su lado, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, hoy dirigida por la expresidenta chilena Michelle Bachelet, desde el 1 de enero hasta el 17 de agosto del presente año había documentado 33 masacres y 97 asesinatos de defensores de los Derechos Humanos. 
 
De manera similar, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, al 25 de agosto contabilizó 43 masacres durante 2020, de las cuales 13 ocurrieron en el último mes. Asimismo, en un informe indican que durante los primeros 250 días de este año fueron asesinados 205 líderes comunitarios asesinados, lo que implica que casi todos los días, la violencia diferencial segó la vida de un líder comunitario.
 
Según recuentos del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc), desde la firma de los acuerdos de paz en 2016, unos 1.000 luchadores sociales han sido asesinado.
 
El espeluznante panorama ha hecho que la ONU le haya exigido en múltiples ocasiones al gobierno colombiano que cumpla con lo estipulado en los acuerdos y que vele por la seguridad de los firmantes, un exhorto desoído completamente por el gobierno de Iván Duque. 
 
Por otra parte, según la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Hemisféricos, se han incrementado los desplazamientos internos para escapar de la violencia de los grupos armados, especialmente en los departamentos de Nariño, Cauca y Chocó.
 
Este ente, precisó el también director de LaIguana.TV, indica que solamente en 2020 la cifra asciende a 8.023 personas, casi la misma cantidad registrada durante 2019 y que desde 1985, aproximadamente ocho millones de colombianos se han visto forzados a abandonar su lugar de residencia por causa de la violencia. 
 
Al ofrecer explicaciones sobre las masacres más recientes, Iván Duque las vinculó con el narcotráfico, responsabilizó a la disidencia de las FARC y al ELN por las acciones y anunció el reforzamiento de la presencia militar en las regiones afectadas.
 
Tales declaraciones motivaron nuevamente a la exsenadora Córdoba a pronunciarse a través de Twitter. En esta oportunidad escribió: «El presidente Duque tiene razón, el problema es el narcotráfico, la vaina es que para solucionarlo tiene que comenzar por su propia campaña a la Presidencia», pues como acotara Pérez Pirela, Duque, además de haber llegado a la presidencia por medio de procedimientos fraudulentos, hoy bajo investigación, ha repartido cargos entre personajes ligados con el narcotráfico.
 
Voces disidentes en Colombia cuyas opiniones fueron compiladas por el experto, indican que la militarización solamente agravará el problema y advierten que favorecerá el soslayo de otras prioridades relacionadas con las condiciones de vida de los colombianos, como la pandemia y sus efectos, el recrudecimiento del conflicto armado en zonas rurales del país y la presencia de paramilitarismo en amplios segmentos del territorio. 
 
La cadena multiestatal teleSUR informó de dos masacres más ocurridas el pasado 8 de septiembre. La primera de ellas ocurrió en la población de Aguachica, en el departamento del Cesar, al norte del país. Las víctimas fueron tres venezolanos: una mujer de 23 años identificada como Marián Mosquera, que además contaba con cinco meses de embarazo; un hombre de 26 años y un menor de 17. 
 
La segunda ocurrió en el departamento de Cauca, donde tres hombres fueron asesinados a balazos tras haberles sido amarradas las extremidades superiores. 
 
Ese mismo medio, recordó el analista, previamente había reseñado la masacre de seis jóvenes el 21 de agosto y el asesinato a mansalva de 4 personas en Nariño el pasado viernes 4 de septiembre. 
 
Se divulgó, asimismo, el asesinato de Juan Pablo Prado, docente y líder indígena, reconocido por su liderazgo en las manifestaciones en Cauca, quien es uno de los 205 líderes sociales asesinados durante los primeros ocho meses del año. 
 
Sin embargo, y pese a que Indepaz informó que se registraban 52 masacres en lo que va de año, esta realidad se omite del discurso de los grandes medios, que en su lugar se concentran en hablar de Venezuela. 
en el mundo y en los grandes medios.
 
Durante las últimas 24 horas, diez personas resultaron asesinadas en el marco de manifestaciones en contra de la brutalidad policial, desatadas en ocasión del homicidio de Javier Ordóñez, un hombre de 46 años que falleció tras ser torturado en múltiples ocasiones por dos agentes policiales con una pistola eléctrica.
 
Gracias a los videos que difundieron testigos del acto brutal, pudo conocerse que Ordóñez, quien había sido detenido previamente por estar inmerso en una trifulca que se produjo presuntamente como consecuencia del consumo excesivo de alcohol, les rogó en múltiples ocasiones a los efectivos policiales, reducido en el piso como estaba, que se detuvieran. 
 
«¿Hasta eso se copia Colombia de Estados Unidos? No les basta con permitir violaciones de marines a niñas y con las bases militares, sino que ahora se muestra la indefensión del pueblo colombiano por sus derechos humanos», cuestionó el analista.
 
Medios colombianos comunicaron que unos 300 manifestantes se enfrentaron a la policía en el lugar donde fue torturado Ordóñez y además atacaron el comando policial al que estaban adscritos los torturadores con palos, piedras y pintura, entre otros objetos. 
 
Distintas organizaciones informan que 140 personas resultaron heridas durante las manifestaciones que se suceden al norte y al occidente de la capital neogranadina, en su mayoría por acciones de la policía y resaltan que las protestas se han extendido a otras ciudades. 
 
La respuesta del gobierno de Duque fue anunciar por medio de su ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, el envío de agentes policiales y del Ejército para «reforzar» las acciones de la policía.
 
«Coronavirus, represión policial, protestas por la brutalidad policial y masacres. Las cosas están muy feas en Colombia», redondeó Pérez Pirela.
 
El uribismo se sale con la suya: el caso del exmandatario fue enviado a la Fiscalía
 
El pasado 1 de septiembre, la Corte Suprema de Colombia le notificó al expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez que habían decidido unánimemente remitir el proceso que se le sigue por soborno y fraude de testigos a la Fiscalía General de la República, aduciendo que se trata de una investigación sin relación con el cargo que ejercía al momento de la presunta comisión del crimen, por lo que el caso quedará a disposición del Fiscal General.
 
Una vez conocida la maniobra, el senador Gustavo Petro, uno de los críticos más agudos del uribismo, opinó en Twitter que «La fiscalía no da libertad ni pone en prisión, son los jueces de garantías. A un juez le tocará decidir si revierte la decisión de la Corte Suprema de Justicia o se deja presionar del uribismo en su faceta más fascista. Ojalá ese juez, sepa que llegó la hora de la valentía».
 
Por su lado, la defensa de Uribe solicitó su liberación, pero la petición fue rechazada porque, según reza el comunicado difundido, «ese tipo de decisión debe ser tomada en una audiencia previa» y por un juez de control.
 
«Lo que pasa aquí, que lo advertimos, es que se están haciendo todas las marramucias para que el caso pasara de la Corte Suprema a la Fiscalía: dicho y hecho», enfatizó el experto.
 
Casos de Ecuador y Bolivia: la judicialización como estrategia para inhabilitar a líderes de izquierda
 
En la última sección del programa, Miguel Ángel Pérez Pirela comentó los procesos de judicialización con los que han tenido que lidiar Rafael Correa y Evo Morales, una estrategia que, de momento, ha supuesto la inhabilitación de Correa como candidato a la vicepresidencia de Ecuador y la de Morales al senado del Estado Plurinacional de Bolivia por el departamento de Cochabamba.  
 
El lunes, una jueza ratificó que sobre el exmandatario ecuatoriano pesa una sentencia de ocho años de cárcel por el delito de cohecho asociado al caso Sobornos (2012-2017), que previamente se le había dictado en abril del año en curso. 
 
Empero, en una conferencia de prensa desde Argentina, el exagente de inteligencia Raúl Chicaiza, denunció que recibió presiones para involucrar a Correa en el secuestro de un político opositor en 2012. 
 
Específicamente, relató que los sacaban de los centros de reclusión para presionar que se involucrara a Correa y a otros altos miembros de su gobierno en actos ilícitos.
 
Tras conocerse el fallo, Correa denunció irregularidades en la decisión y destacó la pretensión de Moreno y su gripo de anular al correísmo, suspendiendo a su partido y realizando cambios en la legislación electoral orientados a impedir su candidatura. 
 
«Finalmente lo lograron. En tiempo récord sacan sentencia “definitiva” para inhabilitarme como candidato. No entienden que lo único que hacen es aumentar el apoyo popular. Yo estaré bien. Denle toda la solidaridad a perseguidos allá. Recuerden: a lo único que nos condenan es a vencer», escribió en Twitter el exmandatario desde Bélgica, donde reside. 
 
Algo similar, comentó Pérez Pirela, sucede sucede en Bolivia con la inhabilitación de la candidatura del presidente depuesto Evo Morales al senado. 
 
El pasado 20 de febrero, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) inhabilitó su candidatura al senado, con la que representaría al departamento de Cochabamba. 
 
En aquel momento, el jefe del TSE, Salvador Romero dijo que la inhabilitación se debía a que Morales no cumplía con el requisito de «residencia permanente», a lo que la defensa del derrocado mandatario respondió argumentando que se encuentra en Argentina luego de que se viera obligado a huir de Bolivia por causa del golpe de Estado en su contra.
 
Sobre esto, el analista criollo criticó la hipocresía del gobierno de facto de Jeanine Añez, que tras dar un golpe de Estado ahora se sacaba de la manga tecnicismos legales para evitar que Morales ocupara un escaño en el Senado. 
 
Frente a la negativa, el partido de Morales introdujo recurso jurídico en la Sala Constitucional de El Alto, pero este lunes, un juez se pronunció a favor de la inhabilitación, ello después de que el 1 de septiembre se produjera un empate técnico entre los voceros a cargo de la decisión.
 
Para destrabar el asunto, requirieron la presencia de un actor de desempate, de nombre Jaime Terrazas, quien finalmente inclinó la balanza para que se mantuviera la inhabilitación sobre la candidatura del líder boliviano.
 
«Bajo amenazas y presiones de procesos, el dirimidor tomó una decisión política ilegal e inconstitucional. La historia demuestra que podrán inhabilitar a Evo pero no podrán proscribir al pueblo», escribió Morales tras hacerse público el dictamen.
 
«Nosotros acataremos esa decisión porque nuestro compromiso y prioridad es que el pueblo salga de la crisis. No caeremos en ninguna provocación, el pueblo volverá a gobernarse a sí mismo, pacífica y democráticamente», agregó.
 
Finalmente, Miguel Ángel Pérez Pirela advirtió acerca de las consecuencias de este «tiempo de inhabilitaciones» en América Latina, puesto que, en su criterio, paulatinamente se está sustituyendo el voto popular por las decisiones de jueces. «Saquemos a los jueces de la política, saquemos a los fiscales y a las cortes de la política», alertó.
 
Libro del día
 
Al cierre, recomendó el libro «Ecuador: de Banana Republic a la No República», escrito por el expresidente Rafael Correa y publicado por la editorial Debate. 
 
(LaIguana.TV)
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