El vecindario latinoamericano está en llamas: las masacres siguen ocurriendo a diario en Colombia, a lo que ahora debe agregarse una sangrienta ola de represión y violencia policial. Mientras tanto, en Ecuador y Bolivia, los tribunales son usados para impedir que se exprese la voluntad electoral de la mayoría.

Con el análisis de estos temas reanudo sus emisiones el programa Desde Donde Sea, del filósofo y comunicador Miguel Ángel Pérez Pirela, luego de un par de días de ausencia por los que persentó sus disculpas a la audiencia. «Estábamos en actividades muy importantes para el futuro, el crecimiento  y la internacionalización de LaIguana.TV«, explicó.

Colombia, la paz fallida

Dedicó la primera parte del programa a Colombia, un tema bastante recurrente, debido a la gravedad de los hechos que ocurren en esa nación y al rol beligerante de su clase gobernante contra Venezuela. Abordó el caso desde el punto de vista de la historia reciente, indicando que infortunadamente parecen haber naufragado los acuerdos de paz que se habían alcanzado con tantos esfuerzos.

«Esos acuerdos podrían haber abierto el sendero de la paz en Colombia. Vamos a analizar paso a paso cómo se desarrollaron y las implicaciones,  porque para lo único que sirvió para darle el Premio Nobel a Juan Manuel Santos, el mismo que, siendo ministro de la Defensa, bombardeó Ecuador», recordó el presentador, pasando de inmediato a enumerar algunos hitos del proceso:

  • 2012. Primer acercamiento en La Habana, con Cuba y Noruega como garantes. FARC declara alto el fuego por dos meses antes de iniciar mesa de negociación en Oslo.
  • Se acuerdan dos puntos de la agenda: tierras, desarrollo rural y participación de la guerrilla en la política. Tregua navideña de la FARC.
  • 2014. Acuerdo sobre narcotráfico y cultivos ilícitos. Nuevo alto el fuego que dura hasta mayo de 2015 cuando escaló de nuevo el conflicto.
  • Acuerda la creación de Comisión de la Verdad que entrará en funciones cuando se firme el documento. Nuevo cese el fuego en julio, esta vez bilateral. Comienza a avizorarse la firma de los acuerdos. Reunión en septiembre de Santos con Rodrigo Londoño, “Timochenko”, un histórico apretón de manos y se pauta la firma del documento para marzo de 2016. Gobierno promueve el indulto de 30 guerrilleros y las FARC se comprometen  a ayudar a buscar más de 25 mil personas desaparecidas durante el conflicto.
  • Se retrasa la firma por desacuerdos internos de las FARC sobre las garantías del cese de actividades. Se firma en julio el documento en La Habana. Santos entrega el documento al Senado, pero Uribe encabeza  un grupo de No al plebiscito. La mayoría del pueblo rechaza los acuerdos. Santos se reúne con Uribe y le hacen cambios al documento. Las FARC aceptan en diciembre. Firma más discreta que la que se había hecho en Cartagena. Se pone en marcha la negociación que conduce a que las FARC entregaran las armas. 

Pérez Pirela cerró el recuento señalando que la pregunta es si debieron entregar las armas porque a quienes lo hicieron los están masacrando. «En estos momentos distintos sectores han denunciado el incumplimiento del pacto. Piedad Córdoba dijo a través de su cuenta Twitter, el 24 de agosto: ‘Las declaraciones del Ministro de Defensa sobre las masacres, dan cuenta de que siguen negando la importancia e impostergabilidad de avanzar en el proceso de paz'», reseñó.

Se adentró entonces en la situación actual en la que se han hecho cotidianas las masacres en diversas regiones del país vecino. Para ello, leyó y comentó fragmentos de un trabajo periodístico de LaIguana.TV.

El tema de las masacres recientes trajo al presente una reminiscencia de la historia colombiana, que entre los años 80 y la primera década de 2000 estuvo marcada por matanzas y hechos de sangre, protagonizados por grupos armados ilegales y del Ejército en contra de la población civil.

En agosto, dos hechos de sangre conmovieron a Colombia: la masacre de cinco adolescentes en Cali (Valle del Cauca), que habrían sido ultimados por dos vigilantes de un sembradío de caña de azúcar, según investigaciones de la Fiscalía, y el asesinato de nueve jóvenes que se encontraban en una reunión en Samaniego (Nariño), cuyas causas aún no han sido aclaradas por la Justicia.

Estas muertes han sido calificadas por el presidente Iván Duque como «homicidios colectivos», lo que ha generado fuertes críticas entre actores políticos de oposición y defensores de los derechos humanos, que han afirmado que con esa denominación no se atiende el problema de fondo que es la situación de vulnerabilidad en las que se encuentran campesinos, jóvenes, indígenas, líderes sociales y excombatientes.

Al respecto, citó nuevamente a  Piedad Córdoba (quien estuvo como entrevistada en Desde Donde Sea). En un tuit, la exsenadora ironizó diciendo que la solución de Duque para que no haya masacres es ponerles otro nombre.

Prosiguió la lectura señalando que la Oficina de la Alta Comisionada de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos documentó hasta el 17 de agosto pasado 33 masacres, y dio seguimiento a 97 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos. Del mismo modo, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) registró hasta el pasado 25 de agosto un total de 46 masacres, de las cuales 13 habrían ocurrido solo en agosto.

En los 250 días de este año, 205 líderes comunitarios han sido ultimados, lo que significa casi un homicidio diario, según los registros de Indepaz. En el recuento de las víctimas del partido Fuerza Revolucionaria del Común (FARC), la cifra alcanza los 1.000 luchadores sociales desde la firma del Acuerdo.

La ONU ha pedido reiteradamente al Gobierno que garantice lo estipulado en los acuerdos, que vele por la seguridad de los firmantes y de los líderes sociales, y que ofrezca las garantías necesarias para el cumplimiento de los acuerdos de paz.

Este clima de conflicto y amenazas ha hecho que se produzcan desplazamientos internos por parte de la población para escapar de la violencia de los grupos armados, principalmente en los departamentos de Nariño, Cauca y Chocó, según la oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios

En los siete meses de 2020, el número de personas desplazadas casi alcanza la cifra de 2019. Según la Defensoría del Pueblo, desde enero hasta junio se desplazaron 8.223 personas. La cifra total, contabilizada desde 1985, es de casi 8 millones de colombianos.

Acotó Pérez Pirela que esta gravísima situación es ignorada en los foros internacionales y por la maquinaria mediática, que se empeña en hablar de «la crisis de los refugiados venezolanos». Puntualizó que buena parte de los desplazados forman parte del contingente de 6 millones de colombianos que viven en Venezuela, donde reciben un trato digno, servicios públicos, salud, educación y vivienda y donde no se les ha echado a las calles en medio de la pandemia, como ha ocurrido con los venezolanos que, en cifra muy inferior, se hallaban en Colombia al estallar la crisis del COVID-19.

Según el reporte periodístico, Duque ha vinculado la ola de violencia a las actividades del narcotráfico, de las disidencias y del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en las zonas rurales de los departamentos de Colombia, por lo que ha anunciado el reforzamiento de la presencia militar.

Una vez más, se apoyó en un trino d Piedad Córdoba: «El presidente Duque tiene razón, el problema es el narcotráfico, la vaina es que para solucionarlo tiene que comenzar por su propia campaña a la Presidencia».

La respuesta de Duque ha sido rechazada por quienes consideran que la militarización solo agrava el problema, debido a que hay asuntos más urgentes como las demandas sociales que se han agudizado por la crisis del coronavirus, el conflicto armado en las zonas rurales —donde existe presencia también de grupos paramilitares— y el cumplimiento de los acuerdos de paz.

Últimas masacres

Pérez Pirela quiso dar detalles de las masacres y escaladas represivas más recientes. Para ello utilizó como respaldo a teleSUR, que reporta dos masacres el 8 de septiembre: Una mujer de 23 años identificada como Mariam Mosquera, con cinco meses de embarazo, y un joven de 17 años sin identificar, quienes fueron asesinados por pistoleros en el municipio de Aguachica del departamento del Cesar, en el norte de Colombia. De ese mismo evento quedó herido un hombre de 26 años, que luego murió en el hospital. Eran de nacionalidad venezolana, según el alcalde Robinson Manosalva.

Ese mismo día, en la región del Cauca, en el sureste de Colombia, en el corregimiento de Seguengue se registró otra masacre cuando tres hombres fueron asesinados por impacto de bala entre el municipio de El Tambo y Cajibío. Los cuerpos de las tres personas fueron abandonados y se encontraron en la madrugada de este sábado al lado de un vehículo.  Según información preliminar, se trata de tres hombres, cuyas extremidades superiores fueron amarradas y atacados con disparos. El pasado 21 de agosto, en ese mismo municipio se registró una masacre de seis jóvenes.

Estas nuevas masacres se suman a la ocurrida este viernes  4 se septiembre, en la zona rural del municipio de Buesaco, corregimiento de Santa Fe, Nariño, cuando cuatro personas fueron asesinadas.

«Esto ocurre casi a diario en  Colombia, pero en CNN en español se habla es de Venezuela», comentó el moderador.

Continuó la lectura, indicando que el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz lamentó esta masacre e informó que, con este, ya eran 50 los crímenes de este tipo que se han registrado en el país durante 2020. Este viernes también fue asesinado un nuevo líder social indígena en el departamento de Nariño en Antioquia, zona oriental de Colombia. Se trata de Juan Pablo Prado, docente y reconocido por el liderazgo que ejercía en las movilizaciones indígenas en el Cauca. Con este último crimen, han aumentado a 205 los asesinatos de líderes sociales en Colombia durante estos primeros nueve meses del año.

Imitando a EEUU

«Quisiera no seguir porque duele mucho hablar de esto que pasa en Colombia, pero debo referirme a lo ocurrido la noche de este miércoles en la que hubo siete muertos durante protestas por brutalidad policial», expresó Pérez Pirela y pasó a ofrecer detalles divulgados por diversos medios de comunicación.

La Procuraduría General de Colombia (Ministerio Público) asumió este miércoles una investigación por la muerte de Javier Ordóñez Bermúdez, un hombre de 46 años que fue sometido con extrema violencia y el uso repetido de una pistola eléctrica táser por dos policías en Bogotá.

«Por favor, ya», «agente, le ruego», se le escucha decir a la víctima, ya inmovilizada en una calle del barrio bogotano de Santa Cecilia, a dos policías que intentaban arrestarlo después de un altercado, al parecer por estar bajo los efectos del alcohol.

En un video de cinco minutos, grabado por testigos de la agresión, se ve cómo los policías someten a Ordóñez con violencia y con descargas prolongadas de la pistola táser en distintas partes del cuerpo a pesar de que ya estaba en el suelo en estado de indefensión.

«Hasta esto se está copiando Colombia de EEUU: la brutalidad policial. El gobierno colombiano no solo acepta que los militares gringos violen impunemente a niñas colombianas; no solo presta territorio para bases militares, sino que también imita los procedimientos policiales que han despertado protestas en todo EEUU. ¿O será que siempre lo han hecho y ahora es cuando se están conociendo los casos? Creo que es más esto último», dijo el analista para luego continuar con el relato de los hechos.

Ordóñez acabó arrestado y conducido en un furgón a un puesto policial del barrio de Villaluz, y luego llevado a un hospital donde murió horas después. Unos 300 manifestantes que reclamaban justicia en el caso se enfrentaron este miércoles con la Policía en la calle donde estuvo detenido antes de ser llevado a un hospital y al grito de «asesinos, asesinos» lanzaron piedras, pintura y otros objetos contra el Comando de Acción Inmediata (CAI) del barrio Villaluz al que estaban asignados los dos policías implicados en el hecho.

La red Defender la Libertad indicó la existencia de más de 140 heridos, en su mayoría por acciones de la Policía. Por su parte, activistas sociales denuncian que la capital del país, Bogotá, se encuentra militarizada.

Medios colombianos reportaron manifestaciones contra el abuso policial  en el norte y el occidente de la capital. También en las ciudades de Medellín (noroeste), Cali (suroeste) y Neiva (centro).

El ministro de Defensa de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, informó que la cifra de fallecidos aumentó a siete durante la jornada de manifestaciones contra el abuso policial en la capital y otras ciudades del país.

El reporte fue confirmado por el director general de la Policía Nacional (E), mayor general Gustavo Alberto Moreno Maldonado. A los cinco asesinados por la Policía, se sumaron dos personas que permanecían en centros médicos y perdieron la vida durante las últimas horas.

Ante la jornada de protestas en la capital colombiana el ministro de Defensa colombiano anunció el envío de agentes policiales y 300 efectivos del ejército colombiano para reforzar las operaciones de la Policía de la capital colombiana. 

Pérez Pirela señaló que, según informaciones de última hora recabadas por el Equipo se Producción, la cifra de fallecidos se había elevado a diez durante la tarde del jueves. «El pueblo sale a protestar para que no se les reprima y la respuesta son diez asesinados más -deploró-. La cosa está muy fea en Colombia: el coronavirus desatado, las masacres y ahora represión policial».

Caso Uribe

De manera paralela a la ola de violencia y represión, Colombia es testigo de las maniobras judiciales para salvar al expresidente Álvaro Uribe Vélez en el juicio que lo mantiene en prisión domiciliaria. 

El 1 de septiembre, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Colombia le notificó a la defensa de Uribe la decisión (por unanimidad) del paso a la Fiscalía  del proceso por soborno a testigo y fraude procesal. A través de un comunicado, esta instancia explicó que, “por tratarse de una investigación sin relación con su cargo de congresista, el proceso por el que Uribe fue llamado a indagatoria queda a disposición del fiscal general, Francisco Barbosa”.

Pérez Pirela indicó que Gustavo Petro -quien debía ser el presidente de Colombia si Uribe y Duque no le hubiesen ganado con trampa- dijo al respecto que «la fiscalía no da libertad ni pone en prisión, son los jueces de garantías. A un juez le tocará decidir si revierte la decisión de la Corte Suprema de Justicia o se deja presionar del uribismo en su faceta más fascista. Ojalá ese juez, sepa que llegó la hora de la valentía».

«Es verdad, tiene razón Petro, y demuestra que en Colombia se están levantando voces sociales, jurídicas intelectuales, a pesar de las masacres y represión», enfatizó.

La defensa solicitó de inmediato la libertad de Uribe, quien está en prisión domiciliaria porque la Corte estimó que podría obstruir la justicia. El caso fue asignado a Gabriel Jaimes Durán como fiscal especial. El 4 de septiembre fue rechazada la petición de libertad porque debe ser decidida por un juez de control de garantías.

«Todo indica que se pasó el juicio a la Fiscalía porque allí están los amigos de Uribe. Simplemente. Lo advertimos hace rato en otros programas. Dijimos que se iban a ejecutar toda clase de marramucias… dicho y hecho, es lo que está pasando», observó.

Ecuador

Mientras en Colombia se busca la manera de salvar a Uribe, en Ecuador y Bolivia se está dando todo lo contrario: medidas judiciales para borrar del mapa político a líderes fundamentales. Pérez Pirela consideró en primer lugar el caso del expresidente ecuatoriano Rafael Correa, quien había aceptado ser candidato a la vicepresidencia de la república en la fórmula de Andrés Arauz, a imagen y semejanza de lo que hizo Cristina Fernández de Kirchner con Alberto Fernández, en Argentina.

Esa posibilidad le fue negada por decisión judicial. La presidenta de la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), jueza Daniella Camacho, determinó que Correa tiene sentencia ejecutoriada por el delito de cohecho en el caso sobornos, a pesar de que el caso se encuentra en proceso de casación, luego de que el 20 de julio, el Tribunal de Apelación de la CNJ ratificara la sentencia que había sido dictada en abril.

“Esto es una novela, un culebrón que se está haciendo en Ecuador para que no se presente Rafael Correa. En una nota de prensa se lee lo siguiente: ‘El exagente de Policía del Servicio de Inteligencia de Ecuador Luis Raúl Chicaiza afirmó que recibió presiones para involucrar al expresidente Rafael Correa en el caso del secuestro del dirigente opositor Fernando Balda en 2012’. Esto se parece mucho al caso de Brasil, donde sacaron a Dilma con un juicio, luego le montan otro a Lula, tan irregulares ambos procesos que quienes los montaron terminaron presos por corrupción. Esto es una copia al carbón del caso Lula”.

Chicaiza ha declarado en una conferencia de prensa virtual desde Argentina que “por varias ocasiones nos sacaban de los centros de reclusión social intempestivamente con el fin de presionar que se involucre con nuestro testimonio anticipado a altos mandos jerárquicos y desde el Ejecutivo al economista Rafael Correa».

Correa ha desmentido a la jueza, señalando que está certificado, según prueba con otro documento que publicó en Twitter, que no hay sentencia ejecutoriada. «Intentan —antijurídicamente— decir que antes de casación ya está ejecutoriada la sentencia. Están desesperados», añadió el exmandatario.

También denunció el intento de suspender al movimiento Fuerza Compromiso Social, partido en el que se amparó el correísmo y con el cual buscaban participar en las elecciones, como lo hicieron en marzo de 2019 en los comicios seccionales.

También hizo referencia a los últimos cambios hechos por el CNE. En una de las decisiones, establecieron que una vez que cada partido haga las primarias para determinar los candidatos que llevarán a las elecciones, las personas elegidas deberán aceptar, de manera presencial y en el país, esa candidatura antes de inscribirla en el ente electoral. Además, el formulario debe ser firmado frente a un funcionario del organismo.

Están haciendo todo para que Correa no pueda ser candidato a la vicepresidencia. Así lo dijo el propio Correa, desde Bélgica: «Eso lo han hecho para que yo no pueda aceptar mi candidatura […] ¿Qué sentido tiene eso? Impedirme participar».

Recapituló señalando que un tribunal de casación de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) de Ecuador emitió el lunes una sentencia que anula de forma definitiva la posibilidad de la candidatura del exmandatario Rafael Correa a la vicepresidencia del país. El fallo de la Corte contra el expresidente y más de 21 funcionarios ecuatorianos ratifica también una condena de ocho años de prisión para el exvicepresidente, Jorge Glas, por su presunta participación por cohecho agravado en el proceso denominado caso Sobornos durante los años 2012 y 2016. 

Con dos votos a favor y uno en contra, la sentencia del tribunal de casación inhabilita de forma definitiva al exjefe de Estado a realizar su inscripción para la candidatura a la vicepresidencia por el movimiento Revolución Ciudadana, en alianza con el partido Centro Democrático.

Correa reaccionó diciendo que “Finalmente lo lograron. En tiempo récord sacan sentencia “definitiva” para inhabilitarme como candidato No entienden que lo único que hacen es aumentar el apoyo popular. Yo estaré bien. Denle toda la solidaridad a perseguidos allá. Recuerden: a lo único que nos condenan es a vencer”.

Bolivia: algo muy parecido

Finalizó la revisión del vecindario en llamas con el caso de Bolivia, donde fue inhabilitada la candidatura de Evo Morales al Senado.

 El 20 de febrero, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia inhabilitó la candidatura del presidente depuesto Evo Morales al Senado por Cochabamba, de cara a las elecciones generales del próximo 18 de octubre. 

El presidente del TSE, Salvador Romero, informó que el órgano electoral invalidó la candidatura de Morales «por no cumplir con el requisito de residencia permanente». 

En un comunicado, el TSE detalló que el criterio de «residencia permanente» se basa en tres factores: el domicilio o residencia habitual registrado y declarado por el ciudadano en el padrón electoral; que ese lugar sea donde el candidato desarrolla su «proyecto de vida»; y por último, que exista una «residencia efectiva» en ese distrito. 

La defensa de Morales ha argumentado que el mandatario depuesto, actualmente refugiado en Argentina, huyó del país por una situación de «fuerza mayor», tras el golpe de Estado en su contra que se perpetró en noviembre de 2019. 

Ante la decisión del TSE, la defensa legal del Movimiento al Socialismo (MAS), partido de Morales, interpuso un recurso judicial ante la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia para revertir el fallo del órgano electoral.

El vocal Alfredo Jaimes Terrazas, integrante de la Sala Constitucional Tercera de la ciudad de El Alto, se pronunció a favor de la inhabilitación de la candidatura de Evo Morales al Senado.

El pasado 1 de septiembre, la Sala Constitucional Segunda de La Paz no se pronunció respecto a la procedencia de la inhabilitación de Morales, debido a que hubo un empate entre vocales. Por esta razón, se convocó a otro miembro del órgano para que actuase como dirimidor en la controversia. 

Durante la sesión de hoy, Jaimes informó que se adhería y apoyaba la decisión del magistrado de la Sala Constitucional Segunda, Heriberto Pomier, quien la semana pasada votó en contra del recurso de amparo de Morales, por lo que implica un respaldo a la inhabilitación formulada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Medios locales reportaron que Jaimes Terrazas fundamentó su decisión después hacer un análisis de las «pruebas presentadas» para la acción de amparo constitucional que presentó la defensa de Morales y tras la lectura del voto de los vocales Pomier y René Delgado. 

Con la decisión del vocal Jaimes Terrazas, la resolución del TSE respecto a la inhabilitación de la candidatura de Morales al Senado se mantiene vigente. 

“Estos señores dan un golpe de Estado, masacran campesinos e indígenas, y después se ponen juristas exquisitos: Evo Morales tiene que presentarse y traer la fotocopia de la cédula de identidad de su tatarabuela ¡Qué hipocresía!, algunas veces la política latinoamericana da simplemente asco, pero no debemos dejar de participar. No sé a ustedes, pero a mí me parece lógico lo que plantea la defensa de Morales, quien también estuvo como invitado en nuestro programa”, recordó.

Morales expresó que: «Bajo amenazas y presiones de procesos, el dirimidor tomó una decisión política ilegal e inconstitucional. La historia demuestra que podrán inhabilitar a Evo pero no podrán proscribir al pueblo», Nosotros acataremos esa decisión porque nuestro compromiso y prioridad es que el pueblo salga de la crisis. No caeremos en ninguna provocación. El pueblo volverá a gobernarse a sí mismo, pacífica y democráticamente”. 

Pérez Pirela resumió el recorrido realizado advirtiendo que estamos en tiempos de inhabilitaciones en Latinoamérica. “Por eso insisto en algo que sale no solo del fondo de mi corazón, sino también desde el fondo de mi razón: saquemos a los jueces, a los fiscales, a las cortes de la política. Se está sustituyendo al voto popular con las decisiones de los jueces y eso no pinta bien para las democracias en América Latina”.

Libro

La lectura recomendada de la noche es una obra en directa relación con la temática abordada. Se trata de Ecuador: de la banana republic a  la no República, del expresidente Rafael Correa.

(LaIguana.TV)

 

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