Un entramado de corrupción rodea la supuesta “presidencia interina” de Juan Guaidó. Una muestra más de ello es lo descubierto por la periodista Patricia Poleo en torno a la contratación del Consorcio Caribbean Recovery Assets (CRA) conformado por las empresas LockinCapital y Global Risk Management, cuyos directores son Jorge Reyes y Pedro Antar, para recuperar los bienes de Venezuela ubicados en los países que forman parte de Petrocaribe.

Poleo señala que el 3 de enero del año 2020, CRA es notificada de haber obtenido la Buena Pro (selección dentro de un proceso de licitación) de la oficina de Gestión de Activos del «gobierno interino», bajo «la modalidad de contratación directa Nro. CPGA-048-2019». A pesar de esto, 9 meses después, aún no se ha recuperado un solo bien en el exterior.

Asimismo, destaca que el documento de la contratación nunca llegó a pesar de contar con la Buena Pro, porque los directivos del Consorcio se negaron a aceptar los chantajes de los emisarios de Guaidó.

“¿La razón de que no se hayan recuperado estos activos? Pues el gobierno interino a través de sus funcionarios otorgó la Buena Pro a CRA, pero nunca le firmó el contrato, debido a que los representantes del Consorcio se negaron a caer en el chantaje, a pagar las comisiones y coimas que exigía cada uno de los funcionarios del gobierno interino, a cambio de otorgarles el contrato”, afirmación que Poleo sustenta con la debida documentación y declaración de la parte afectada.  

Entre las condiciones que le exigían los “funcionarios” de Guaidó a los representantes de CRA y que fueron escritas en una hoja en blanco (papel bond) están una comisión de 750 mil dólares, y que del 18% de los honorarios del Consorcio, se les diera a ellos el 50%. Es decir, que se les considerara como socios del consorcio que ellos mismos estaban contratando.

La respuesta del Consorcio a la extorsión del papel bond fue enviarle el 30 de diciembre al presidente de la Comisión de Gestión de Activos (creada por Guaidó), Javier Troconis, vía email el texto de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA por sus siglas en inglés) que prohíbe en Estados Unidos a las empresas y a los estadounidenses, pagar sobornos a funcionarios extranjeros para promover acuerdos comerciales.

“Complacer esas solicitudes es cometer un crimen federal en Estados Unidos, a lo que obviamente jamás estaremos dispuestos”, dijo a Poleo el director del Consorcio, Pedro Antar.

(LaIguana.TV)

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