La pandemia generada por el nuevo coronavirus ha dejado en evidencia no solamente las amplias desigualdades de la sociedad latinoamericana, sino también una de sus peores realidades: el abuso de poder y brutalidad policial; uno de los flagelos con mayor impunidad en la región y que se ejercen con mayor rudeza durante las restricciones impuestas por la coyuntura de la COVID-19.

El asesinato del ciudadano estadounidense de origen afroamericano George Floyd en Estados Unidos a manos de la policía, dio inicio a una ola de protestas violentas en los Estados Unidos que han puesto en evidencia el racismo policial y el abuso de poder que ejercen de forma continuada estos funcionarios contra la población.

Las masivas protestas también han puesto en tela de juicio a la estructura gubernamental estadounidense y ha servido para desnudar otros casos parecidos de abuso policial que se dan casi a diario en todo el territorio de ese país.

Pero el abuso de poder y la brutalidad policial no es algo exclusivo de los Estados Unidos; Latinoamérica también la padece e incluso hasta con mayor fuerza en algunos países donde los funcionarios policiales no solamente abusan de sus facultades para arremeter contra civiles, sino que también se involucran en redes de narcotráfico, robos, sicariato, extorsión, sobornos, entre otros delitos.

En ese sentido, los pueblos de América Latina se han sumado a las protestas por los abusos policiales al denunciar numerosos casos de características similares al asesinato de Floyd, pero que además de racismo incluyen abusos por xenofobia, clasismo y hasta supremacismo.

Entre estos casos se observan crímenes de odio por parte de la policía contra líderes sociales, políticos, campesinos, indígenas, de género y de estrato social.

Abusos policiales en toda la región

Los abusos policiales se registran a lo largo y ancho de toda Latinoamérica: El Salvador, Colombia, Brasil, Venezuela, Argentina, México, Honduras, Perú, Paraguay, Chile, Bolivia y demás países de la región, donde hay incontables casos denunciados y otros que se mantienen en anonimato por miedo a recibir represalias.

En Argentina, por ejemplo, uno de los países que replicó las protestas por el asesinato de Floyd, también se sumó el reclamo por los casos nacionales de violencia policial de los últimos tiempos. Uno de los últimos casos que resonó en la prensa de la nación albiceleste fue el del vendedor senegalés Mbake Ndao, quien fue detenido el miércoles 10 de junio por agentes de Control Ciudadano de la municipalidad junto con la Policía de la provincia de Buenos Aires.

«Mientras me encontraba en calle 47 y 7, retirándome con mis cosas, alguien me sujetó de atrás con los dos brazos sobre mi cintura y me arrojó en forma abrupta y brutal contra la pared», relató con la ayuda de un compañero senegalés que pudo traducir sus palabras. «Luego me tira contra el piso y un policía me agarra del cuello en forma tan fuerte que no podía respirar», declaró a la Fiscalía.

A mitades de mayo, otro asesinato de la Policía en el país colmaba la prensa local. El tucumano Luis Espinoza, peón rural de 31 años, fue baleado por la espalda el 15 de mayo por un policía de Monteagudo, localidad de la provincia argentina. Su cuerpo apareció siete días más tarde a 85 kilómetros del lugar donde fue atacado.

Un tercer caso conmocionó a Argentina semanas después. Los integrantes de la familia Saravia Fernández, de la comunidad indígena qom, oriundos de la provincia del Chaco, fueron golpeados, torturados y abusados sexualmente luego de que seis policías allanaran sin orden judicial su residencia.

Brasil, Chile y México

En Brasil, el abuso policial es el que mayor índice tiene en toda Latinoamérica, lo que califica a esta policía como la que más mata en la región -y en el mundo- de acuerdo con cifras del año 2018, en la que se registraron 6.220 víctimas fatales. Las denuncias actuales insisten en que el abuso policial se ha intensificado con la llegada del ultraderechista Jair Bolsonaro al poder, quien ha decidido matar a mansalva en las llamadas favelas, los barrios populares asentados en las zonas altas de las urbes más grandes del gigante suramericano.

En Chile también se han registrado distintos abusos policiales desde hace años. La comunidad mapuche y la haitiana son dos ejemplos de colectivos que son víctimas del racismo sistémico en el país austral. El caso del líder mapuche Camilo Catrillanca, muerto de un disparo por el sargento Carlos Alarcón, de Carabineros de Chile, el 14 de noviembre de 2018, es quizá uno de los más representativos.

Otro caso de negligencia policial recordado en Chile es el de la joven haitiana Joane Florvil, detenida injustamente por la Policía que la acusó de supuesto abandono a su hija, hecho que terminó siendo real cuando la policía apartó a la infante de su madre, quien terminó internada en un hospital por no saber hablar español, y donde luego murió en extrañas circunstancias.

En las recientes protestas contra el régimen de Sebastián Piñera los abusos policiales son ejecutados en todo el país, sobre todo contra camioneros que distribuyen mercancías como alimentos, a quienes piden mordidas. También la letalidad policial se ejecuta a diario contra civiles que terminan desaparecidos y hasta asesinados por hacer oposición al empresario que preside el país.

En México, durante la noche del 9 de junio, Alexander, un joven de 16 años fue baleado hasta la muerte por policías en el estado sureño de Oaxaca en México. Tres días antes, trascendió el caso de una joven de 15 años que fue pateada insistentemente por efectivos policiales en Ciudad de México, en medio de una manifestación civil en contra de la represión policial en el país.

Dicha manifestación había sido motivada por el asesinato de Giovanni López, albañil de 30 años detenido violentamente por la Policía del estado de Jalisco (oeste), y muerto poco después, en condiciones aún no esclarecidas.

Bolivia y Paraguay

Los abusos policiales se perciben en países como Bolivia, bajo la dictadura de Jeanine Áñez y en Paraguay con el Gobierno de Mario Abdo Benítez.

Recientemente en Paraguay fueron asesinadas dos niñas argentinas, de 11 y 12 años, que estaban en un campamento del Ejército del Pueblo Paraguayo, una guerrilla que hace frente a los regímenes conservadores del país suramericano en busca de un cambio del modelo político.

Aunque no se trata de un caso policial, si relata el abuso de poder por parte de las fuerzas de seguridad del Estado. Las investigaciones confirmaron que las niñas fueron ejecutadas por los miembros del ejército paraguayo cuando estaban de espaldas. En el operativo participó el propio presidente Benítez. Este incidente ha tensado, además, las relaciones entre Argentina y Paraguay.

En el caso de Bolivia, la dictadura de Áñez ha desatado -tras el golpe de Estado al presidente Evo Morales- un régimen totalitarista altamente represivo que es constantemente denunciado por las brutales violaciones a los derechos humanos. Los abusos y represión policial en ese país andino durante el régimen de Áñez, se contabilizan en miles, con más de 30 personas asesinadas y miles de heridos.

Denuncias de la misma índole son reseñadas a diarios por algunos medios locales en El Salvador, Perú, Honduras, Guatemala y demás países de la región.

Colombia violenta

Colombia es uno de los países que más abusos registra. Las cifras incluyen asesinatos a todo tipo de personas y masacres. El más reciente caso es el del abogado Javier Ordóñez quien fue vilmente electrocutado por la policía a pesar de que pedía que ya no lo torturaran más cuando estaba siendo arrestado en medio de una calle en Bogotá.

El asesinato de Ordóñez generó tal indignación que los ciudadanos colombianos se volcaron a las calles masivamente para arremeter y quemar puestos policiales de la ciudad; hechos que generaron más represión y brutalidad policial que han provocado el asesinato de al menos otras 13 víctimas.

Estas protestas, antes de la pandemia, tuvieron otra versión cuando la ciudadanía manifestó en contra del Gobierno de Iván Duque y en ellas fallecieron al menos 4 ciudadanos y más de 140 resultaron heridos.

Al caso de Ordóñez se suma el joven colombiano Anderson Arboleda, agredido y golpeado por efectivos policiales del departamento de Cauca, luego de que separar una pelea de vecinos.

Acusado de violar la cuarentena, lo golpearon en la cabeza y le echaron gas pimienta. Ya de vuelta en su casa se sintió peor y fue trasladado posteriormente a un hospital, donde murió de muerte cerebral dos días más tarde.

Venezuela

Venezuela no escapa de estas arbitrariedades y abusos de poder. A diario surgen denuncias de lo que en Venezuela se conoce como «el matraqueo», que es la petición o exigencia que hacen los funcionarios a los civiles para que les den dinero para transitar libremente luego de amedrentarlos; o en el caso que hayan cometido alguna infracción, para dejarlos sin registro o no colocarles una multa.

Pero también se registran casos graves de abuso policial, como la masacre de El Limón en el estado La Guaira y la ejecución de dos periodistas en el estado Zulia.

En el caso de la masacre de «El Limón», el fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó que el hecho ocurrió el pasado 11 de junio en la carretera vieja Caracas-La Guaira, específicamente en el sector El Limón, donde un grupo de cinco personas fueron acribilladas a balazos por funcionarios activos de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana (FAES-PNB).

El fiscal dijo que de acuerdo con la investigación sobre los hechos perpetrados en El Limón, se determinó que en horas de la madrugada del 11 de junio, los funcionarios de las FAES-PNB entraron violentamente a las viviendas de 5 ciudadanos quienes se encontraban durmiendo dentro de ellas.

«Según la investigación, el 11 de junio, en horas de la madrugada, Wilmer Yánez, Andry González, Pedro Salcedo, Arquímedes Fuenmayor y Roger Narváez, se encontraban durmiendo en sus residencias cuando comisiones de las Faes irrumpieron violentamente en sus viviendas. Posteriormente, los sacaron a la calle y luego los condujeron hacia un sector boscoso de la barriada donde habrían sido ejecutados; lo que fue observado inclusive por varios vecinos de la comunidad», explicó Saab.

Otro caso lamentable fue el asesinato de dos comunicadores comunitarios en Cabimas, estado Zulia, por parte de funcionarios de las FAES-PNB en agosto del presente año.

Saab dijo que tras las primeras investigaciones, se logró determinar que Andrés Eloy Zacarías Nieves y Víctor Manuel Torres «podrían haber sido víctimas de ejecuciones extrajudiciales», que tendrían como responsables al oficial jefe José Salas, oficial Néstor Olano, oficial Nerio Álvarez, oficial agregado Andrés Díaz, oficial José Moreno y al oficial José Contreras, quienes ya están detenidos.

José Contreras y Néstor Olano fueron presentados por homicidio calificado con alevosía, uso indebido de arma orgánica, simulación de hecho punible y violación de domicilio por parte de funcionario público.

Saab indicó que también se solicitó orden de aprehensión contra Freddy Rafael Deroy Ramírez, supervisor jefe, así como contra Deivid Miguel Guerrero Moreno, comisionado agregado, ambos de las FAES Zulia, quienes fueron «imputados como cómplices en el delito de homicidio calificado con alevosía y asociación».

Deroy Ramírez era jefe de las Fuerzas de Acciones Especiales y Guerrero Moreno director comisionado del mismo organismo. Ambos fueron procesados porque el Ministerio Público dice que comprobó que «avalaron actuaciones delictivas de los autores materiales del hecho». Además, Saab explicó que estos jefes elaboraron y suscribieron actas viciadas que carecen de veracidad, «simulando el hecho punible, un enfrentamiento policial, para dar muerte a las víctimas».

Adicionalmente, se solicitó orden de aprehensión contra una exfiscal del Ministerio Público, Jackbe de los Ángeles Galbán Azuage, por la presunta comisión de los delitos de encubrimiento y asociación.

Saab explicó que esta funcionaria es allegada de José Salas. Galbán Azuage se presentó sin ninguna autorización de sus superiores, en un vehículo particular que dejó estacionado en la sede y huyó del sitio con el funcionario involucrado. «En total se han solicitado nueve órdenes de aprehensión las cuales han sido acordadas por los tribunales», resaltó.

El fiscal también detalló que tras las experticias realizadas y con los protocolos de necropsia se determinó que los asesinados estaban en un estado inferior a sus tiradores, de rodillas o sentados, por lo que se ratifica que ambos fueron ajusticiados.

Ambos recibieron tiros a pocos metros de distancia, entre cuatro y seis. Zacarías, licenciado en Educación, quien laboraba en La Guacamaya TV, recibió dos disparos y Víctor Torres uno. Además, luego de que los funcionarios mataron a los trabajadores de la televisora, regresaron al lugar para robar equipos del canal y otros bienes de la casa.

Saab enfatizó que el Estado debe garantizar los derechos humanos, incluso en las circunstancias más difíciles.

(LaIguana.TV)

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