La periodista opositora Patricia Poleo, reveló recientemente una serie de documentos que dan cuenta de la conformación de un consorcio denominado Caribbean Recovery Assets (CRA) integrado por las empresas LockinCapital y Global Risk Management, a cargo de Jorge Reyes y Pedro Antar, captados por Juan Guaidó con el objetivo de acceder a los activos del Estado venezolano en el exterior.

Jorge Reyes, es un corredor financiero muy conocido por atraer a “inversionistas y proveedores” venezolanos interesados en abrir cuentas en bancos extranjeros, lejos de las sanciones norteamericanas.

Por medio de la firma Lock In Capital Limited ponía a disposición tres bancos para la apertura de cuentas: en Asia el OCBC Bank Singapore, en Europa el CIM Bank Ginebra y en el Medio Oriente el Mirabaud Dubai.

Reyes solicitaba para la firma del contrato con la empresa 25 mil dólares por adelantado y otros 25 mil al tener la aprobación. Fue demandado en Florida, y su compañía cerrada en diciembre de 2019, por conspiración para cometer fraude y apropiación indebida de dinero en julio de 2017

Las investigaciones determinaron que estas operaciones generaron 66 millones de dólares en comisiones fraudulentas. Su modus operandi era vender sus servicios a clientes “no adecuados” y de inglés precario. Entre 2013 y 2016, 18 clientes de CP Capital perdieron todo el dinero que invirtieron en las ofertas (unos USD$ 4.2 millones). 

Mientras que Pedro Antar, está vinculado a una investigación por lavado de activos tras montar exportaciones fraudulentas desde Ecuador. Lujosos apartamentos en Miami y aviones ejecutivos, que fueron comprados a través del Sistema Unitario de Compensación Regional (Sucre) creado en 2008 por el Comandante Hugo Chávez, para fomentar el comercio entre los países ALBA.

El entramado captaba pobladores pobres para falsificar facturas. Les tramitaban el RISE (Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano), imprimían talonarios como si fueran empresas proveedoras y les pagaban un mísero “bono” de 30 dólares mensuales.

El dinero llegaba a Ecuador por supuestas exportaciones a Venezuela pero a los pocos días salía a Florida. Algunas exportaciones estaban sobrevaloradas, otras nunca se realizaron. En las operaciones que generaron USD $228 millones intervinieron 60 compañías venezolanas y 30 ecuatorianas.

Sin embargo, Poleo quien señala como víctimas a este par de delincuentes organizados, concluyó que la extorsión de la que fueron objeto estos “empresarios” constituye un delito federal en Estados Unidos, acorde al texto de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero.

Dicha ley “prohíbe en Estados Unidos, a las empresas y a los estadounidenses, pagar sobornos a funcionarios extranjeros para promover acuerdos comerciales. La ley se aplica a conductas prohibidas en cualquier parte del mundo y se extiende a las empresas estadounidenses que cotizan en bolsa”, refiere Poleo.

(LaIguana.TV)

 

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