La Tabla, sitio especializado en periodismo de datos e investigación, publicó este lunes detalles de una investigación periodística en la que se revelan datos de los operadores que habrían ayudado al diputado Juan Guaidó a enriquecerse a costa de los activos de Venezuela en el extranjero.

En un hilo compartido a través de Twitter, el portal precisa que si bien está suficientemente claro «el carácter instrumental de Juan Guaidó al servicio de intereses imperiales, factores políticos y grupos empresariales», luce bastante probable que «tuviera una agenda oculta y operadores bien posicionados con el único fin de enriquecerse». 

En ese sentido, remiten a una investigación que elaboraron en diciembre de 2019, en la que se detalla el perfil de operadores ligados a su proyecto político que no están bajo el foco de atención, pero que habrían resultado claves para enriquecerse durante su usurpación de funciones como primer mandatario. 

El trabajo del 4 de diciembre de 2019 inicia con una fotografía en la que aparece retratado «el núcleo esencial del Proyecto Guaidó» junto secretario de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, en una reunión sostenida en Washington durante el mes de mayo de 2018.

En el encuentro, que tuvo lugar en la oficina de Almagro y que perseguía como objetivo la activación de un canal humanitario, participaron, aparte del Secretario de la OEA y Guaidó,  Kennedy Bolívar, Rafael Rojas Saavedra, Marco Aurelio Quiñonez y Rafael Ángel Domínguez.

El 2 de diciembre de 2019, José Brito, diputado a la Asamblea Nacional por Primero Justicia, acusó a Bolívar, Rojas Saavedra, Quiñonez y Domínguez de ser «testaferros» de Juan Guaidó y, tras ello, La Tabla recabó datos de los sindicados que apuntan hacia la existencia de un «plan previo» o agenda oculta de Juan Guaidó desde meses antes de su autoproclamación, cuando era un desconocido en la política local. 

Según el trabajo del medio especializado, el de más alto perfil es Kennedy Bolívar, abogado y exsindicalista judicial autoexilado en el sur de Florida desde 2012 y quien «puede definirse como un gestor político y legal-mercantil del Proyecto Guaidó».

En Miami-Dade, donde reside es «vocero activo de la oposición venezolana» a través de una organización denominada «MOVERE». Además es el vicepresidente del Club Republicano Venezolano, «presume de su relación con los senadores Marco Rubio y Rick Scott, y se involucra directamente en la campaña electoral», destaca el sitio.

Bolívar figura, además, como directivo de tres compañías en Florida. En dos de ellas está asociado con el abogado penalista Negar Granado Dávila y ofrecen servicios migratorios, pero la más interesante en cuanto a lo que al Proyecto Guaidó atañe, es la tercera, Kr Global Group LLC, de la que, junto con Rafael Angel Domínguez, otro de los miembros de la «corte privada» de Juan Guaidó, aparece como manager.

Los datos recopilados por La Tabla indican que esta última empresa, domiciliada en una oficina de Doral «con casi 300 compañías», se registró formalmente apenas el 31 de diciembre de 2018. El medio venezolano sostiene que se trata de «un cascarón vacío» puesto que «ni siquiera se precisa su objeto».

Adicionalmente, Kennedy Bolívar está relacionado con Javier Troconis Calderón, un «desconocido contratista de PDVSA en la Faja Petrolífera del Orinoco» que fue designado por Guaidó como uno de los directores de la petrolera Citgo y «‘ministro’ para activos en el extranjero». 

Otro de los personajes retratados en 2018 junto a Guaidó y Almagro es el director de despacho del diputado extremista, Rafael Alberto Rojas Saavedra, alias «Guayaba», un miembro de la llamada «Generación 2007» que militó en Acción Democrática (AD) «al menos hasta la campaña presidencial de 2012». 

Cursó estudios en la Escuela de Estudios Políticos y Administrativos de la Universidad Central de Venezuela. Un copartidario de entonces –cuyo nombre no es revelado–, le dijo a La Tabla: «como Stalin (González) nunca pasó de segundo semestre», pero su nombre es recordado porque durante su estancia militó en el movimiento 100%, encabezado por Ricardo Sánchez. 

«Como todos los miembros de la ‘Generación 2007’, Rojas fue objeto de un proceso de captación y adiestramiento que incluso involucró a factores internacionales. En su caso, AD lo envió en 2010 a Madrid al Instituto Pablo Iglesias del PSOE, a un curso de formación política», se detalla en el trabajo de investigación. 

Sin embargo, después de las elecciones de 2012, Rojas abandonó AD para incorporarse a las filas de Voluntad Popular bajo las filas de Roberto Marrero, el secretario de la Asamblea Nacional entre 2016 e inicios de 2019, una de las piezas del entramado Guaidó, detenido el pasado año bajo cargos de terrorismo y beneficiario del indulto presidencial del 31 de agosto.  

En el trabajo de La Tabla se asegura que Rojas no sería un militante más de la organización de ultraderecha, sino que «en la práctica se convirtió en un colaborador personal» del exasistente de Juan Guaidó y, según le dijo «un allegado» a este medio, «conocía todos los nexos que manejaba Marrero». 

Alias «Guayaba» escribió en su perfil de LinkedIn que es el Director Ejecutivo de una consultora llamada Poliestrategia, firma de marketing político en la que trabaja Luis Toty Medina Gil, un personaje «vinculado con ‘destacados’ empresarios importadores», pero no aparece como directivo o socio de empresas «en lugares ‘habituales’ fuera de Venezuela».

El último de los miembros de la corte guaidosista es Marco Aurelio Quiñones, un antiguo estudiante y activista de Primero Justicia en la Escuela de Derecho de la Universidad Central de Venezuela, pero comenzó a militar en Voluntad Popular en 2017.

Al momento de la publicación de la investigación contaba con 31 años y es el más joven de todos, pero no por ello carente de experiencia en las arenas políticas, pues ha sido candidato dos veces a la alcaldía de Anaco (Anzoátegui), de donde es originario, y actualmente es el suplente de José Brito, el mismo parlamentario que le acusó de ser testaferro de Juan Guaidó. 

En la pesquisa realizada por La Tabla no se localizaron datos que le ubicaran «como directivo de alguna compañía en jurisdicción de EEUU, Panamá o España», por lo que se presume que «su rol es de operador político».

(LaIguana.TV)