Haciendo referencia a un Informe sobre la verdad de Venezuela, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó que desde agosto de 2017 el Ministerio Público ha imputado a funcionarios civiles y policiales o miembros de cuerpos de seguridad del Estado por su presunta participación en violaciones contra los derechos humanos.

«En un poco más de tres años, las imputaciones realizadas a 603 funcionarios de seguridad del Estado venezolano, señalados como presuntos responsables de vulneración de los derechos humanos; 35 civiles implicados como colaboradores en estos hechos, para un total de 638 imputados por lo delitos de homicidio, tortura, trato cruel, inhumano o degradante; privación ilegítima de libertad, violaciones de domicilio, entre otros delitos contemplados en nuestra legislación», detalló Saab este miércoles, durante una rueda de prensa desde la sede del Ministerio Público en Caracas.

El Ministerio Público ha aprehendido a «452 funcionarios de distintos organismos, entre policiales y de seguridad del Estado, nacional, regional o municipal y 24 particulares«, sumando 476 privados de libertad. Además, la Fiscalía ha acusado a 811 funcionarios y 129 civiles, «para un gran total de 940 acusados«, agregó.

Los fiscales especializados en la materia han interpuesto 382 acusaciones y se ha sancionado, «mediante sentencia definitivamente firme, condenatoria, un total de 127 funcionarios, agentes de seguridad del Estado, más 13 civiles, para dar un gran total de 140 funcionarios«, por violaciones a los derechos humanos entre los años 2017 y 2020.

Saab precisó que en el capítulo cinco del documento se presentan abundantes detalles sobre «las actuaciones del Ministerio Público para investigar y sancionar» delitos relacionados con la vulneración de derechos fundamentales, en procura de garantizar «el derecho a la justicia de las víctimas».

Pese a que esta información está en poder de la oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, quienes elaboraron el presunto Informe de la «Misión Independiente de la ONU», no dirigieron ninguna comunicación a los entes administradores de justicia en Venezuela y construyeron el cuestionado texto con base en lo aparecido en redes sociales como WhatsApp, Instagram, Facebook o Twitter.

«¿De cuándo acá usted va a hablar de derechos humanos, judicializar un caso, haciéndolo vía WhatsApp, vía de redes sociales. No. Y ni siquiera por rigor consultaron al organismo competente, Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, tribunales, TSJ sobre tal o cual caso, cuál es el estatus. No. La idea es disparar, un poco al estilo de Betancourt en los años 60: disparen primero y averigüen después», cuestionó.

Para ilustrar las falencias y tergiversaciones que contiene el informe elaborado por la «Misión Independiente» de la ONU, el fiscal general aludió a la «lamentable masacre de Barlovento», ocurrida en 2016, un evento que conmocionó al país y sobre el que el Estado venezolano actuó perentoriamente «para castigar a los violadores de derechos humanos».

En aquel tiempo, el funcionario ejercía como Defensor del Pueblo y la coordinación del ente con los distintos órganos competentes en la materia —»inclusive con los órganos auxiliares de justicia» como el DGCIM y la Guardia Nacional Bolivariana—, así como las pistas aportadas por familiares de las víctimas, permitieron que el caso se resolviera rápidamente y no hubo impunidad.

La masacre de Barlovento dejó el triste saldo de 12 asesinados, empero, el informe de la ONU asevera sin bases que habría otras cinco personas desaparecidas. «Dennos los nombres. No aparecen los nombres. ¿Quiénes son los familiares? ¿Cuál fue la fuente?», inquirió Saab.

«Allí hay una sanción ejemplar, en base a lo que establece el Código Penal venezolano, contra los oficiales que en aquel momento cometieron esos hechos punibles, quienes fueron no solamente en su momento imputados, luego acusados, sino que muchos de ellos admitieron los hechos y han sido condenados. Eso no lo dice el informe y por eso carece de la veracidad que debiera tener», agregó.

Ninguno de los países que conforman el llamado Grupo de Lima —Colombia, Chile, Perú o Brasil—, en su criterio, puede exhibir unas cifras de sanción a violadores de derechos humanos como las que está reportando Venezuela.

«Un Estado fallido como el de Colombia no puede mostrar cifras como estas. O Chile, con los más de 30 ejecutados en las manifestaciones, con aproximadamente 400 heridos —dentro de los miles de heridos— que perdieron la vista. No pueden porque allí no funciona esto que en Venezuela sí, así quieran invisibilizarlo», señaló.

Antes de 2017, Saab reconoció que el Ministerio Público solía abrir investigaciones, pero estas no avanzaban porque no había interés. Ahora, denuncia, sí hay interés puesto que «personas prófugas de la justicia» pretenden hacer política con el tema de los derechos humanos y durante su ejercicio no mostraron cifras semejantes a las que ahora se muestran, que, además, están en poder del equipo de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet.

Lamentó que ocurran violaciones a los derechos humanos, mas subrayó que en tales casos «hay una acción inmediata de la justicia venezolana», porque sería «terrible» que no las hubiera, pues ello implicaría que reina la impunidad.

«Pero para mucha gente interesada, no colocan la vista en esta realidad, en esto que yo estoy mencionando. Prefieren obviarlo. Mencionan el hecho, muchas veces lo distorsionan, pero entonces deben mencionar esto también: que si hubo la violación a los derechos humanos, inmediatamente se buscó hacer justicia, para que haya sanción», destacó.

En el caso de la masacre de Barlovento, ya hay dos funcionarios condenados «a más de 22 años de prisión», pues admitieron su participación en los hechos y 10 exfuncionarios militares enfrentan juicios «por los graves delitos cometidos». «¿Por qué no dicen esto? Porque no les interesa, no les conviene», insistió.

Tarek William Saab concluyó su intervención criticando la conclusión del informe de la «Misión Independiente» de la ONU, bajo la dirección de la señora Marta Valiñas, en la que se asegura que «hay motivos razonables para creer» que en Venezuela se cometieron violaciones a los derechos humanos.

«Esto no existe en el Derecho Penal, esto no existe en el Derecho Internacional Humanitario, esto no existe en el Derecho Internacional Público, esto no existe en la lucha de un activista de derechos humanos al lado de un familiar, realiza; esto de ‘motivos razonables para creer’. No, en esto hay que tener certeza, en esto hay que tener veracidad, en esto hay que tener fuentes, en esto hay que tener hallazgos, no un motivo para creer que hubo tal cosa. No, no es así», contraargumentó el funcionario venezolano.

Lo anterior resulta aún más criticable, si se considera que el 80 % de las fuentes empleadas por Valiñas y su equipo se corresponde con «información» aparecida en las redes sociales, donde además de operar medios cartelizados contra el país, también lo hacen los llamados «boots» o usuarios de cuentas fantasma, que se usaron, según aseveran las autoridades venezolanas, para «construir esta narrativa de la mentira en torno al tema de violaciones de derechos humanos en Venezuela».

(LaIguana.TV)

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