Este martes el diario El País de España publicó una noticia lamentable en la que se confirma que la Comunidad de Madrid prohibió al personal sanitario, así como también a docentes y directores de centros públicos hablar con los medios de comunicación sin antes pedir permiso.

Al personal sanitario, indica el despacho del diario español, les enviaron un comunicado interno difundido por el Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso, en donde se les insta a que “nunca actúen por su cuenta” y a que siempre exista una autorización previa de la Dirección del Centro cuando se dé una solicitud de entrevista o reportaje por parte de un periodista.

Agrega la advertencia contra el personal de salud que ha denunciado diversas irregularidades del sistema sanitario en medio de la pandemia por la COVID-19, que será la mencionada dirección del Gobierno de Madrid la que designe qué profesionales «puedan representar a la institución en las mejores condiciones».

En el caso del gremio docente, agrega la información, que el gobierno madrileño «ha utilizado otra táctica: el de los toques de atención telefónicos en cuanto han hablado con la prensa sin su consentimiento».

«Es más, el jefe de prensa de la Consejería de Educación le instó a este periódico a través de un Whatsapp a preguntar a la administración siempre que quisiera hablar con un director. ‘Te rogamos que utilices los cauces habituales, que ya conoces por otro lado’, escribió, tras recriminar que se intentara hablar directamente con una directora, para añadir después el correo de prensa de la Consejería de Educación», explica El País.

Censura contra la libertad de expresión en España es algo viejo

El protocolo de censura utilizado por Madrid fue creado en 2003 y se ha vuelto a aplicar tras las declaraciones de un médico del Hospital de Fuenlabrada hace unos días en la Cadena Ser.

«Cada vez con más frecuencia, el personal del sistema madrileño de salud se encuentra con trabas a la hora de hablar con los medios de comunicación y, en algunos casos, con advertencias más o menos serias desde las gerencias», explica El País.

Añade el rotativo que la intención de esta norma con casi dos décadas de antigüedad y que sigue vigente, puesto que nunca se ha actualizado ese protocolo, es promover «una imagen positiva» y amortiguar «cualquier impacto negativo cuando éste surja».

En el comunicado de Madrid, se pide un seguimiento de la publicación o emisión para conocer el “tratamiento dado a la información” y su “alcance” en la opinión pública. En él, se dice que todas estas gestiones corren a cargo del Responsable de Comunicación, que será quien contacte con el profesional del Hospital y acuerde los intereses con ambas partes.

Además, dice el texto que los equipos de censura serán los que elijan “la hora y el lugar adecuados” para realizar la entrevista. Si no se llegase a un acuerdo, primará “la opinión de la institución sanitaria para no perjudicar el normal funcionamiento del centro” y siempre se le comunicará al periodista el motivo por el cual no puede celebrarse el encuentro, además de proporcionarle información adicional “cuando se estime necesario”.

También se censura la libertad de prensa

Añade la comunicación prohibitiva que en el caso de que el periodista no siga “el cauce adecuado” e intente contactar directamente con el profesional sanitario, este tendrá que “reorientarle” hacia el gabinete para que gestione la entrevista y estará obligado a hacerlo “lo antes posible” al responsable de comunicación, “a efectos de orientar y adecuar la actividad informativa”.

«La Consejería de Sanidad señala que cuando se trate de una entrevista o reportaje meramente técnico, se determinará ‘su conveniencia o no’, conjuntamente con la dirección del centro y el personal sanitario; y si la información solicitada rebasa el ámbito de la institución, la decisión será tomada por la dirección con el apoyo del responsable de comunicación, que será a su vez colegiada con el Instituto Madrileño de la Salud y, si procede, con la propia Consejería de Sanidad y la Dirección General de Medios de Comunicación», explica el diario español.

En último lugar, el comunicado advierte que el centro sanitario involucrado en un tema mediático «no puede hacerse responsable ni respaldar las declaraciones realizadas a los medios de comunicación” por parte de los profesionales sanitarios cuando se hayan producido “al margen de los canales” del protocolo.

La Comunidad de Madrid, además, hace referencia a una sentencia de hace más de dos décadas emitida por el Tribunal Supremo del 7 de enero de 1988 en la que se concluye que “los facultativos deben solicitar autorización del director del centro para intervenir en un medio de comunicación”.

La administración madrileña ha negado a través de Twitter que impida a los funcionarios hablar con la prensa sin pasar previamente por su visto bueno y dice que la noticia de El País es falsa. Sin embargo, la Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CC.OO.) también asegura que cada vez son más los profesionales que les llaman pidiendo ayuda y consejo ante las llamadas y presiones que reciben por parte de la administración.

«Algunos se deciden a hablar sin miedo cuando ya están a punto de jubilarse. Es bastante llamativo porque es entonces cuando ya no tienen nada que perder y no tienen miedo a represalias”, dijo Isabel Galvín, representante de la sindical. De hecho, añade, en la huelga del profesorado que los sindicatos convocaron el pasado 22 y 23 de septiembre “a los directores les dijeron que no hablasen con nosotros”.

(LaIguana.TV)

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