Venezuela avanza hacia sus elecciones parlamentarias. El presidente Nicolás Maduro pide a los venezolanos ejercer su derecho al voto. Guaidó llama a la abstención, desde EEUU buscan evitarlas y la Unión Europea solicita postergarlas. Analistas políticos advierten que estos comicios podrían ayudar a resolver la crisis.

El 6 de diciembre de 2020 es la fecha que establece el calendario electoral venezolano para que se realicen las elecciones número 25 de las últimas dos décadas.

Se trata de unos comicios de gran relevancia porque se podría reactivar el poder legislativo, un órgano que fue conquistado en 2015 por mayoría opositora y desde donde se amenazó al presidente Nicolás Maduro con derrocarlo en seis meses. En el año 2016, la Asamblea Nacional fue declarada en desacato por el Tribunal Supremo de Justicia y, desde entonces, se arrastra una crisis institucional que, unida a las sanciones y al bloqueo económico y financiero impuesto por Estados Unidos, ha afectado gravemente a la población venezolana.

Para estas elecciones se han inscrito unos 14.400 candidatos de 107 organizaciones políticas de diversas tendencias y más de 20 millones de ciudadanos están convocados a elegir a 277 representantes parlamentarios mediante una votación universal, directa y secreta.

​​El presidente Maduro ha hecho un llamado a todos los venezolanos para que participen. Por su parte, el bloque mayoritario de la oposición llama a la abstención. En medio de ese debate, Henrique Capriles volvió al escenario político, hizo un llamado a votar y criticó que Guaidó jugara «a ser presidente en internet». Pero pocos días después  recogió sus palabras y pidió que se aplazaran los comicios.

Venezuela invitó formalmente a la Unión Europea para que acompañe estas elecciones, pero desde Bruselas rechazaron la invitación. Argumentan que no se cumplen las condiciones para un proceso electoral «transparente, inclusivo, libre y justo». Sin embargo, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, envió a dos diplomáticos del Servicio de Acción Exterior a Venezuela para intentar negociar con todos los actores políticos del país una posible postergación de las elecciones, una propuesta que fue descartada de plano por el presidente Nicolás Maduro

«Nada ni nadie podrá quitarle al pueblo de Venezuela su derecho a elegir al poder legislativo. Nadie decide por los venezolanos. Nosotros no intervenimos, ni pretendemos hacerlo, en ningún país. Somos respetuosos y por eso exigimos respeto», resaltó Maduro ante la Asamblea General de la ONU.

Sobre este tema, Sputnik conversa con Temir Porras, experto en política y geopolítica latinoamericana y quien durante varios años fue vicecanciller y asesor internacional del presidente Hugo Chávez, y actualmente profesor del Instituto de Estudios Políticos de París.

—Venezuela tiene previsto realizar el próximo 6 de diciembre elecciones parlamentarias. En cualquier país con un sistema presidencialista unos comicios parlamentarios no son de mayor relevancia, pero en Venezuela sí. ¿Por qué? ¿Qué está en juego?

—En primer lugar, está en juego la institucionalidad del país y de ahí, por supuesto, el equilibrio político, las posibilidades de resolver o no los problemas serios económicos, políticos y sociales del país. ¿Por qué? Porque como sabemos, en Venezuela hay un conflicto de larga data, pero que, a partir de enero de 2019, con la autoproclamación de Guaidó, ocurrió una suerte de secesión de la institucionalidad y creó un Gobierno paralelo sobre la base de la legitimidad de la Asamblea Nacional.

En ese conflicto original entre la Asamblea Nacional, elegida en 2015, y el Ejecutivo del presidente Maduro, de alguna manera se profundiza, se radicaliza la crisis, se acelera la política de sanciones contra Venezuela y se crean dificultades tremendas con el manejo de las relaciones internacionales, fragmenta el Estado, por lo menos desde la perspectiva de un grupo de países europeos, de EEUU y latinoamericanos, y se crea un caos jurídico, financiero alrededor de la relación que tiene Venezuela con sus contrapartes comerciales e, incluso, internamente.  Venezuela es un país que tiene ya casi cinco años sin tener un presupuesto nacional que es debatido por el Parlamento y que a su vez debería ser votado.

Por último, hay una fractura en la legalidad interna del país. Por ponerte un ejemplo, Venezuela, que es un país históricamente petrolero y que necesita de su industria petrolera para vivir y hacer funcionar su economía, tiene interacción con actores internacionales, y la legislación venezolana, que es una legislación adecuada para preservar los intereses soberanos, exige que cuando interviene un actor privado en esta industria estratégica, como en otras, haya un proceso de validación en la Asamblea Nacional. Ese tipo de cosas no han sido posibles desde que está este conflicto y todavía menos desde 2019 cuando desde la Asamblea Nacional se crea una suerte de Gobierno paralelo, llamado interino, que es apoyado por EEUU y que, de alguna manera, nos ha llevado a esta suerte de cuello de botella o de callejón sin salida. Entonces, una nueva Asamblea Nacional, por lo menos, aspiraría a resolver ese gravísimo problema.

—Venezuela formalmente invitó a la Unión Europea para que acompañara estas elecciones. Sin embargo, la UE ha rechazado la invitación porque asegura que no se cumplen las condiciones para un proceso electoral «transparente, inclusivo, libre y justo. A su juicio ¿Hay o no condiciones?

—No hay un manual preestablecido para elecciones. Pero, además, Venezuela es un país en el cual hay una situación excepcional más allá del mero terreno electoral.

Es un país sancionado, un país con una crisis económica y política como la que acabo de describir. La situación venezolana no es normal. Hay un conflicto político terrible, hay sectores políticos que no se reconocen entre ellos, pero, bueno, ahí hay dos opciones: o tomar nota de eso y no hacer nada para resolver ese conflicto o intentar volver progresivamente a la normalidad o a cierto nivel de normalidad política, institucional y entre los actores políticos. Las elecciones son, desde mi punto de vista, un camino para eso.

En consecuencia, las condiciones, sin duda, no van a ser ideales porque nada es muy normal en Venezuela en este momento. Yo creo que decir a priori que tiene que haber condiciones ideales de normalidad para que haya unas elecciones parlamentarias en Venezuela es poner una barra muy difícil de cumplir.

A estas alturas plantear eso me parece a mí una actitud un poco maximalista, formalista. De hecho, la Unión Europea, en este caso la Comisión y la oficina de Borrell, que es la que expresa la posición mediana o acordada entre los países de la UE, dijo en un momento que no había suficiente tiempo, un argumento un poco burocrático también. Venezuela ha intentado en los últimos años llegar a crear condiciones para que se pueda producir algún tipo de normalización progresiva y, bueno, hay que adaptarse e intentar buscar soluciones.

De nuevo, ponerse detallista para no avanzar, en mi opinión, es un poco darle oxigeno a la agenda que busca que en Venezuela no se resuelva la crisis por una vía política, interna, soberana, acordada, negociada, pacífica, y darle un poco de oxígeno al proyecto secesionista que Guaidó ha encabezado y que, a todas luces, por razones obvias, ha fracasado.

—Poco después de la negativa de la UE de participar como acompañante en las elecciones, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, envío una comisión para negociar una posible postergación de las elecciones. El presidente Maduro ya dejó claro que no era posible, porque sería violar lo que dicta la Constitución. Sin embargo, analistas advierten que si Venezuela no cuenta con el reconocimiento internacional en estas elecciones no podrá negociar financiamientos externos. ¿Cómo destrabar esta situación?

—Yo creo que ahí todo el mundo tiene un poco de verdad. Efectivamente hay un mandato constitucional que no debe ser desdeñado, pero, de nuevo, Venezuela ya ha tenido que flexibilizar su tolerancia constitucional.

Estamos hablando de un país donde hay un sector político que se decretó Gobierno sin elecciones, digamos, estamos en una situación en la que está la alerta de la Constitución, pero hay que dar espacio a la negociación política. El presidente defiende esa postura, pero por otro lado sus representantes, supongo, que también hablan con la Unión Europea para encontrar una solución.

El segundo punto también es cierto. El escenario ideal, para quienes queremos que la situación se resuelva, es que haya una Asamblea Nacional que tenga tanto legitimidad interna, que es importantísimo, porque los venezolanos están en primer lugar y tienen que sentirse representados en la Asamblea Nacional. Pero, por otro lado, no hay que desdeñar que el problema principal, que se escapa ahora de nuestras manos, es el internacional. Hay que intentar resolverlo porque genera graves consecuencias económicas y sociales en el país. Y el reconocimiento internacional de la Asamblea Nacional es parte de la solución.

Tiene que haber una Asamblea Nacional que sea considerada legítima por estos actores internacionales, que tenga el mayor grado de legitimidad posible, para poder también lograr que sus decisiones internas sean reconocidas o sean consideradas como válidas. No quiero decir con esto que el pueblo venezolano se tiene que someter a los dictados internacionales, pero es una realidad que si la Asamblea Nacional no tiene ese reconocimiento no es útil para resolver esos problemas de los venezolanos. Entonces, hay que encontrar una forma de que las elecciones parlamentarias también sirvan para resolver el problema internacional, para comenzar a encausar, e reencauzar y regularizar esta anomalía en la que estamos metidos.

—Usted ha hecho públicas sus diferencias con el Gobierno de Maduro. Pero también ha dicho que el reconocimiento de Guaidó por parte de algunos países de la comunidad internacional «fue un disparate», que «fragmentar al Estado venezolano, incitar a los militares a que se rebelen contra la autoridad, dividir al Ejército parece de manicomio». ¿Mantiene esta posición?

—Recapitulo: es un disparate porque, asumiendo que alguien fuera partidario de esta línea, se esperaría que la línea fuera efectiva. Plantearon que tenía que haber un cambio de régimen en Venezuela y propusieron que eso iba a suceder, que era inminente que sucediera pocas semanas después del 23 de enero, y ya vamos a dos años de eso y no funcionó. No funciona.

Es una estrategia que desconoce la realidad venezolana, que desconoce la realidad latinoamericana, que tiene mucho de prejuicios construidos en otros países y poco conocimiento de cómo son las cosas en Venezuela. Yo lo dije ya: los militares venezolanos no responden, como lo suponen los estadounidenses, a incentivos económicos o que les ofrezcan una visa para vivir en Miami con una maleta de dinero para borrar 200 años de historia, una cultura, una formación, una concepción de la patria, de la soberanía. En ese respecto es una estrategia poco efectiva y fracasada.

Por otro lado, simplemente no resuelve el problema. Cualquier persona sensata considera que resolver el problema es intentar construir en Venezuela una forma de que las distintas corrientes ideológicas que existen, que son una realidad, que tienen un arraigo histórico y que no van a desaparecer, encuentren una forma de tramitar sus diferencias por la vía de las instituciones, como se plasmó en la Constitución de 1999.

Es decir, hay visiones distintas del país, ninguna tiene derecho absoluto de prevalecer sobre la otra y tienen que haber instituciones para que ese conflicto político se arbitre de forma pacífica. No consiste en tener como objetivo borrar del mapa a ninguna de las fuerzas políticas venezolanas o a los sectores sociales venezolanos que se identifican con una u otra visión del mundo. Entonces, esta visión de máxima presión supone que, intentando borrar del mapa a uno de los factores, se va a resolver el problema y eso lo que ha demostrado es que profundiza la crisis, la dramatiza y potencialmente convertirla en una especie de guerra civil permanente.

—Pero esa fue la propuesta de Guaidó y que la Unión Europea apoyó. ¿Qué papel debería jugar a partir de ahora la UE si realmente quisiera ayudar al pueblo venezolano?

—Cometieron un error grave dándole un reconocimiento de antemano al supuesto Gobierno interino. Se casaron con la estrategia de un sector político venezolano independientemente de la viabilidad de esa estrategia y a expensas de la estabilidad venezolana.

Ese es un error que ellos podrían enmendar cambiando de opinión y constatando lo desastrosa que ha sido esa estrategia y entendiendo que en Venezuela ellos pueden participar en la facilitación de una solución política, siempre y cuando no sean prescriptivos. Es decir, la Unión Europea no puede decir de antemano cómo se tiene que resolver el problema venezolano. No le toca a la Unión Europea ni a ningún actor internacional decidir de antemano la solución para la crisis política en Venezuela, imponiendo una cartilla, que es lamentablemente la forma como hasta hace poco la Unión Europea ha planteado el tema de las negociaciones y, menos aún, si esta cartilla refleja las aspiraciones, al menos parcialmente, de un sector de oposición.

La Unión Europea debería tomar de ejemplo iniciativas como la Noruega, que por razones externas no tuvo éxito en su momento, pero que es la forma adecuada si se entiende que alguien, algún actor de la comunidad internacional puede participar, pero creando condiciones, siendo un facilitador, siendo agnóstico políticamente, diciendo que estamos aquí para que los venezolanos resuelvan sus problemas y queremos crear las condiciones para que eso pueda ser posible, no para intervenir o interferir en qué solución tiene que surgir de esos contactos.

Si la UE, por lo menos hiciera esa contribución para las elecciones parlamentarias, asumiendo que los tiempos venezolanos son los que son, que la sociedad venezolana no tiene que adaptarse a los ritmos burocráticos de la Comisión Europea que dice que no va a participar porque no hay tiempo para montar una misión, mostrando esa suerte de voluntad real de facilitar las cosas en las condiciones que hay en Venezuela, pues contribuiría, en mi opinión, al menos parcialmente, a encontrar una solución.

Tienen que salir de esa visión prescriptiva, neocolonial en la cual ellos pretenden venir con un manual de cómo se debe organizar la democracia venezolana y cómo se deben resolver los problemas de los venezolanos, que nosotros los venezolanos conocemos mucho mejor que cualquier experto, así sea muy conocedor sobre Venezuela.

—EEUU está en plena campaña presidencial ¿podría cambiar en algo la actitud de Estados Unidos hacia Venezuela dependiendo de quién gane?

—Decir que no cambia nada creo que es también no decir nada y sería también un poco simplista. Sin duda que gane Trump o que gane Biden va a tener algún tipo de diferencia en la política hacia Venezuela. Hay elementos que sí no cambian, como la política intervencionista de EEUU, que es algo que supera a Trump, a Biden porque forma parte del ADN de la Administración de EEUU con el mundo entero, en particular con América Latina.

Ahora, sí creo que en el Partido Demócrata puede haber sectores progresistas ¿por qué no decirlo?, que hay sectores claramente de izquierda que internamente, aunque no tengan la mayoría y no sean representados por Biden, rechazan el imperialismo y el intervencionismo de EEUU, de su propio país. Eso me parece un elemento positivo.

Segundo, hay otros sectores que sí entienden que tiene que haber una negociación, que eso es algo que ha rechazado de plano la administración de Donald Trump, una negociación, sin duda, vista desde EEUU, para que haya una resolución de la crisis y que, según ellos, implica que se tenga que ir el presidente Nicolás Maduro. En ese sentido comparten ese lado prescriptivo. Para ellos la solución es que haya elecciones presidenciales en las que no participe Maduro o que termine con la salida de Maduro del poder. Pero, sí hay sectores que creen que eso tiene que negociarse y que tiene que haber una suerte de proceso venezolano en el cual, evidentemente, EEUU va a querer influir. Eso es muy distinto a lo que ha planteado la administración Trump.

Un tercer punto que, aunque las políticas de sanciones sea una política que las élites estadounidenses se endosan de manera unánime, y que nosotros rechazamos, hay una forma de implementación de sanciones distinta. Hoy en día se llega al extremo de perseguir un barco específico y amenazar al capitán de altura de un buque petrolero con sancionarlo a él personalmente, que es lo que han hecho, que persigue cualquier tipo de posibilidad de que Venezuela tenga relaciones comerciales con el mundo.

Hay, en mi opinión, dentro del Partido Demócrata, gente sensible al argumento de que una implementación severa de este tipo de bloqueos constituye una violación de derechos humanos general contra el pueblo venezolano. Esa suerte de teoría de que las sanciones solo afectan al Gobierno y no a la gente, que es una cosa totalmente absurda, en el sector demócrata hay sectores más hacia la izquierda que son sensibles a esto y que podrían ser más flexibles, creo yo, a priori, con la implementación de sanciones. No creo que ahora quieran levantar las sanciones, a menos que haya una evolución política interna en Venezuela que sea conforme a sus designios o a sus deseos.

Yo sé que estos son matices que pueden ser poco satisfactorios, pero creo que hay una visión que prevalece en los demócratas de que las sanciones tienen que ser una herramienta para llevar un proceso de negociación y, como ellos lo llaman, una transición en Venezuela. Una administración Biden puede que esté interesada en ofrecerle al Gobierno venezolano flexibilización de sanciones a cambio de concesiones políticas. No digo que esto vaya a funcionar, pero efectivamente es una forma distinta de aproximación que incorpora reconocimiento, de alguna manera, de la realidad, que es que en Venezuela, por mucho que las cortes estadounidenses y el Departamento de Estado digan que el presidente legítimo se llama Juan Guaidó, en Venezuela hay un presidente que ejerce efectivamente el poder que se llama Nicolás Maduro y que ignorar esa realidad es vivir en una suerte de mundo imaginario que para nada ayuda a resolver las cosas. Entonces sí, son matices dentro de un marco general de política intervencionista.

(Sputnik)

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