Para quienes siguen proclamando que las medidas coercitivas unilaterales y los robos de los que ha sido víctima Venezuela solo perjudican a los altos funcionarios del gobierno, el testimonio de Leudi Parra, a nombre de su pequeño hijo, Istvan Alexander Díaz Parra, puede resultar muy esclarecedor.
El niño, de 9 años de edad, recibió en 2013 un trasplante de hígado intervivo (una tía le donó una porción del suyo) en Argentina, en un programa auspiciado por la empresa Citgo, filial de Petróleos de Venezuela en Estados Unidos. Ahora, cuando ya tiene dos años presentando síntomas de rechazo, debido al crecimiento, requiere de un segundo trasplante, y el plan de asistencia ha dejado de funcionar, producto de la apropiación de la compañía por parte del gobierno de EEUU y sus aliados de la ultraderecha venezolana.
Parra dialogó sobre este grave problema con LaIguana.TV en el programa Cara a cara.
El caso de Istvan no es el único. 25 familias confrontan un drama similar. “Los pacientes están amparados por el convenio Argentina-Venezuela de la Fundación Simón Bolívar, que se financiaba con fondos de Citgo. Debido a la situación de esta empresa, los niños han quedado en el país a la espera de trasplantes. 17 niños están en situación de espera urgente. Hay 12 que presentan síntomas de rechazo. Algunos tienen atresia biliar y otros hepatitis autoinmune. En estos momentos hay una niña de ocho años muy grave en Guárico, con hemorragia esofágica que requiere una operación de cauterización, que resulta sumamente costosa. Todos están esperando por el tratamiento en Argentina”.
Explicó Parra que en Venezuela no se realizan trasplantes hepáticos y por eso el comandante Hugo Chávez se empeñó en establecer este convenio con Argentina y con Italia. Cuando se presentaba un paciente con este tipo de enfermedad, el hospital realizaba una selección de los casos, que eran remitidos a Pdvsa. “El contrato que firmamos Citgo en 2013, cubría los gastos y dejaba abierta la posibilidad de la continuación del tratamiento en el futuro. Ahora los niños han quedado desamparados”, dijo.
La suspensión de la ayuda se produce cuando Citgo es apropiada por EEUU y sus cómplices locales. Hasta antes de ese momento, las familias de los pacientes hepáticos infantiles mantenían comunicación por medio de correos electrónicos y llamadas telefónicas, para monitorear la evolución de los niños. “También nos enviaban medicinas de alto costo. En la actualidad, el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha seguido dándonos estos medicamentos por medio del Seguro Social, pero algunos que son demasiado costosos (entre ellos el Valaciclovir, que cuesta 14 mil dólares un envase de 30 capsulas) nunca los ha dado el Seguro Social, sino que los recibíamos por la Fundación Simón Bolívar. Al no recibir esos medicamentos, los pacienticos pueden correr el riesgo del rechazo del órgano o desarrollar inflamación de los ganglios e incluso empezar a padecer de cáncer. Mi hijo tiene ya casi dos años sin tomarlo”.
Luego del “cambio de manos” en Citgo (empresa que supuestamente está a cargo del gobierno encargado del autoproclamado Juan Guaidó), nunca más han sido respondidos los mensajes y cartas de los familiares de los pacientes. “En Pdvsa dicen que en Citgo no atienden las llamadas, se desaparecieron y la Fundación ya no responde los teléfonos”.
El tema le fue planteado a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, cuando estuvo de visita en Venezuela, pero el planteamiento no causó ningún efecto. Ni siquiera se incluyó el punto en su informe. “Nosotros fuimos a la sede de Fundalatin, invitados por María Eugenia Russián, que ha sido una de las personas que nos ha apoyado para informar que existimos, para denunciar que estamos siendo afectados. Yo, particularmente, fui la madre que habló con la Alta Comisionada para exponer esta situación. Ella se comprometió a hacer las diligencias y ayudarnos, pero en su informe ni siquiera plasmó el tema. Tengo fotos y videos de ella con Istvan, pero no nos escuchó, no cumplió los acuerdos. En ese informe solo se dedicó a la FAES y a otros temas. Nosotros prácticamente no existimos. No existen los niños afectados por el bloqueo, las sanciones y el robo de Citgo. Ninguno de los familiares de los 25 pacientes que están en Venezuela ha tenido algún seguimiento de parte de la Alta Comisionada”.
Los costos del tratamiento a estos pacientes son alucinantes. Un examen de control estaba el mes pasado por el orden de 26 millones de bolívares. Un test para medir la toxicidad generada por los medicamentos antirrechazo, cuesta 400 dólares. Antes del despojo de Citgo, este tipo de exámenes se realizaba con la frecuencia indicada por los médicos.
Sobre los niños que se encontraban en Italia y Argentina cuando ocurrió la confiscación de Citgo, Parra informó que hay cinco familias que todavía están en Argentina en espera de poder pagar las operaciones y tratamientos. “Están por su cuenta, trabajando, pagando su alojamiento y tratando de ahorrar. El pago del Hospital Italiano (una clínica privada) es sencillamente imposible, aunque han tenido apoyo de Fundalatin, por medio de Virginia King, las Madres de la Plaza de Mayo y los doctores. El jefe de Trasplantes, el doctor Daniel D’Agostino, es una persona muy solidaria que les hace las consultas gratis, pero las familias deben pagar los exámenes de laboratorio y los medicamentos de alto costo”, señaló.
En nombre de todas las familias afectadas, Parra indicó que como medida urgente, más allá de la controversia sobre Citgo, el Estado debe garantizar la vida y la salud de los niños. Una opción podría ser recurrir al apoyo de otros países que la han ofrecido, como es el caso de Turquía. También se ha planteado la posibilidad de que sean atendidos en Cuba, pero no se ha concretado nada al respecto. “Hay una fundación en la Metropolitana, pero es muy selectiva. Nuestros niños no tienen oportunidad allí”, manifestó Parra.
(Clodovaldo Hernández / LaIguana.TV)
