La plataforma de periodismo de datos La Tabla explicó parte de los hechos que involucraron la actuación del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en varios allanamientos contra al menos nueve personas involucrados en la farsa del llamado «Proyecto Guaidó», que busca robar los recursos de Venezuela en el extranjero y usurpar funciones del Estado venezolano con apoyo de los gobiernos de Estados Unidos, algunos países de la Unión Europea y regímenes serviles a la doctrina emitida por Washington.

A través de Twitter, La Tabla ofreció detalles sobre cómo los «colaboradores del Proyecto Guaidó se presentan como víctimas tras ser designados en entidades para el robo de activos de Venezuela».

El pasado lunes -12 de octubre- el Sebin realizó allanamientos como parte de la investigación a los últimos nueve funcionarios del autodenominado «gobierno» de Guaidó.

«La actuación policial fue motivada por la designación fraudulenta de supuestos funcionarios para seguir apropiándose de activos de la Nación a través de la contratación de abogados», explica el medio.

Sin embargo, agrega, desde el entorno de David Natera, editor del Correo del Caroní, «se impulsó la tesis de que es ‘perseguido’ por estar al frente de un medio de comunicación».

«La realidad es que el allanamiento responde a que su hijo, David José Federico Natera Bilancieri, fue nombrado secretario del ‘Consejo Nacional de Defensa Judicial’ del Proyecto Guaidó. Forma parte de un importante clan familiar-empresarial mediático. Su padre fue presidente del Bloque de Prensa, gremio de los editores de Venezuela», añade el reporte.

Explica La Tabla que la mencionada «comisión» de los cómplices de Guaidó, «está formada por miembros de los grupos extremistas Voluntad Popular y Primero Justicia, representantes de grupos empresariales venezolanos y de despachos o asociaciones de abogados».

Entre las personas involucradas, añade el medio de investigación, aparecen las siguientes personas, todos abogados: Arghemar Pérez, Romer Rubio, Jonathan David López, Gabriel Gallo y Freddy Orlando.

Además, dice la investigación, que Gallo y Rubio de Voluntad Popular y Primero Justicia, respectivamente, evidencian el pacto entre ambos grupos sediciosos.

Detalla que Gabriel Alejandro Gallo Garrido, es asesor de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, coordinador de Voluntad Popular en Yaracuy; y Romer Ángel Rubio Flores es abogado zuliano y miembro de Primero Justicia. Fue concejal del municipio Maracaibo. El 12 de enero de 2017 estuvo detenido por coordinar un plan de violencia.

Entre tanto, Jonathan David López Montiel es miembro de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario al igual que Freddy José Orlando Suárez, quien también fue funcionario de alto nivel de la Procuraduría General de la República y contralor del municipio Sucre del estado Miranda.

Arghemar Pérez Sanguinetti, residente en Miami, trabaja para la corporación de óptica e imagen Olympus en el área de cumplimiento. En Venezuela fue parte del bufete corporativo Torres Plaz y WDA.

(LaIguana.TV)

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