El parlamentario Juan Guaidó informó este jueves que había comenzado a hacerse efectivo el segundo pago de 100 dólares al personal sanitario de Venezuela, con dinero, según él, «recuperado de la corrupción».

En realidad, los fondos del bono «Héroes de la salud» provienen, según consta en la documentación publicada por la oficina de prensa de Guaidó, del llamado «Fondo para la Liberación de Venezuela y Atención de Casos de Riesgo Vital», conformado con dineros del Banco Central de Venezuela depositados en bancos de Estados Unidos y de los que este grupo, respaldado por la administración Trump, se apropió ilegalmente.

«Protección y libertad financiera, esta es la diferencia que marcamos de cara al futuro de Venezuela», escribió el político extremista en Instagram, para anunciar el inicio del pago.

Esta presunta ayuda sería, en todo caso, la manera con la que la oposición antidemocrática intenta compensar los efectos de las medidas coercitivas unilaterales que desde su seno aúpan y exigen, que han causado un visible deterioro de en las condiciones de vida de los venezolanos, independientemente de su profesión.

En el caso del bono «Héroes de la salud», la propaganda del Proyecto Guaidó se aprovecha de la pandemia para reconocer la labor sin dudas heroica del personal de salud, mas la salpica de flagrantes mentiras, como el señalar que Venezuela tiene la mayor tasa del fallecimientos en el personal de salud por causa de la COVID-19 de toda la región.

A inicios de septiembre, una investigación elaborada por Aministía Internacional que luego fue divulgada ampliamente, incluso por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), indica que los países con mayor cantidad de fallecidos dentro del personal sanitario a consecuencia de la pandemia en el continente son México, Brasil y Estados Unidos. Venezuela no aparece en la lista y tampoco se han realizado otras compilaciones similares posteriores que permitan sustentar la aseveración.

Otro tanto sucede cuando aduce que suscribió un acuerdo con la OPS para dotar al personal médico de trajes de protección, cuando lo cierto es que el acuerdo fue suscrito por el ministro Carlos Alvarado en representación del Gobierno venezolano y la persona ligada a su grupo –un médico llamado Julio Castro– aparece en el documento en calidad de «asesor a la Asamblea Nacional», no como representante oficial.

Todo matiz de buena fe se diluye por completo, si se atiende a lo confesado por el propio Guaidó en relación con el pago de bonos a otros grupos sociales: «Vamos a ampliar apoyos como este y dirigirlos a todos los sectores que lo necesiten, una vez salgamos de la dictadura para atender la emergencia». Es decir, condiciona la ayuda, que proviene de fondos públicos de los que se apropió ilegalmente, al derrocamiento del presidente Nicolás Maduro.

Desde enero de 2019, Juan Guaidó y sus aliados, además de promover la aplicación de medidas coercitivas contra su propio país, han erosionado gravemente las arcas públicas, apropiándose ilegalmente de activos de la República en el extranjero, lo que ha ocasionado que el Gobierno Bolivariano haya visto comprometida su capacidad para atender las necesidades de la población.

(LaIguana.TV)

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