Señales muy alarmantes se observan en Bolivia, a pocas horas de las elecciones presidenciales. Muchos datos apuntan a un nuevo despojo de la voluntad mayoritaria. La derecha que tomó por asalto el poder en noviembre de 2019 se prepara para preservarlo por la vía de facto.

El pronóstico de Miguel Ángel Pérez Pirela sobre la jornada electoral del domingo 18 en el altiplano no es nada esperanzador. Todo apunta a un golpe de Estado dentro  del golpe de Estado, una especie de golpe de Estado al cuadrado. 

En el programa Desde Donde Sea del jueves 15  de octubre, el tema fue analizado con datos y declaraciones en la mano.

«¿Qué podría pasar en las elecciones? ¿En quién confiar en Bolivia en el marco de un golpe de Estado, un gobierno de facto?», se preguntó el presentador, tras recordar que hace unas semanas estuvo en el programa el presidente de Bolivia, Evo Morales. 

«Hablamos largamente sobre estas elecciones, el golpe y el rol de la OEA. Le pregunté por qué había confiado en la OEA, sabiendo el rol que había tenido en Venezuela, donde ha estado dirigiendo la desestabilización, el bloqueo, apoyando un golpe de Estado, tal como lo ha reconocido el inefable uruguayo Almagro», rememoró.

Ahora, para las nuevas elecciones, la OEA tendrá de nuevo un rol estelar. Es por eso que un intelectual boliviano que conversó con Pérez Pirela (a quien no tenía autorización para identificar) dijo que si la diferencia en las elecciones, ganando el MAS, es poca, habrá un golpe en el golpe, el golpe de Estado al cuadrado. 

«Por eso se busca que la diferencia sea tan contundente para hacerse con el triunfo en primera vuelta. Y es que debemos hacernos la pregunta: ¿por qué un gobierno de facto que acaba de dar un golpe de Estado va a aceptar unas elecciones en las que quien recibió el golpe de Estado salga electo? No quiero pecar de ingenuo: me parece muy difícil, sobre todo en el contexto que el mismo Morales explicó en este programa«, expresó el filósofo y comunicador.

Subrayó que el golpe contra Morales no se basó en la idea de que hubiera perdido las elecciones sino en que se dudaba de que hubiese pasado de 10% de diferencia. Pero la derecha no quiso conformarse con ir a una segunda vuelta, sino que aprovechó la agitación para derrocar al gobierno legítimo.

Añadió que hace una semana estuvo en el programa el intelectual de renombre internacional Ignacio Ramonet, con quien deliberó sobre si la derecha boliviana aceptará los resultados y si los aceptará EEUU, a pocas semanas de las presidenciales, en las que Trump se presenta como el hombre fuerte contra la izquierda regional.

¿En qué condiciones llega Bolivia a sus elecciones?

Para ubicar la consulta electoral en su contexto, Pérez Pirela utilizó datos recopilados por Telesur acerca del cuadro socioeconómico de la nación andina.

Según el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla), con sede en La Paz, en el país se ha agravado la pobreza y la tasa de desempleo urbano se acrecentó en un 5,2 por ciento para situarse en un 9,4 por ciento. Mientras, la informalidad es de aproximadamente el 80 por ciento de la población económicamente activa.

En tanto, el Banco Mundial vaticinó que la recesión en Bolivia provocará en 2020 una caída del 5,9 por ciento del Producto Interno Bruto, una cifra solo comparable con los años 80, cuando se vivió una devaluación e inflación histórica y, sin embargo, la peor tasa registrada fue de menos cuatro por ciento.

El Fondo Monetario Internacional pronosticó que el desempleo en el país crecerá hasta el ocho por ciento durante el 2020, en un país con una de las economías informales más altas del mundo, con cerca del 62 por ciento de trabajadores de la economía sumergida.

La consultora Torino Economics, reveló que la contracción de las inversiones podría llegar al 6,3 por ciento, debido a impactos negativos de la pandemia en los sectores de gas y petróleo, minerales, comercio y servicios, industrial y manufactura, así como a las significativas caídas en la recaudación fiscal.

Al iniciar la cuarentena por la COVID-19 en Bolivia el pasado marzo, la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba advertía que el 80 por ciento de unas 5.000 empresas registradas entraba en crisis.

Esta realidad contrasta con lo vivido entre los años 2010 y el 2018, durante la presidencia de Evo Morales, cuando la economía boliviana creció anualmente por encima del cuatro por ciento, e incluso, en el 2016 alcanzó un pico de 6,7 por ciento.

«No cabe duda que durante su gobierno se dio un milagro económico, interrumpido por un gobierno de facto que no sabe dónde está parado. La de Bolivia y la del Uruguay del Frente Amplio eran las dos mejores economías de la región. Pero a Evo lo derrocaron y al Frente Amplio lo vencieron en elecciones. En el caso de Bolivia, la ineptitud del gobierno de facto ante el COVID-19 agravó la situación -dijo Pérez Pirela y continuó leyendo el informe de Telesur-. El 13 de noviembre de 2019, la exlegisladora opositora Jeanine Áñez se autoproclamó presidenta interina y desde entonces el Gobierno de facto boliviano ha sumido al país en un clima de incertidumbre política que se han reflejado en todas las instancias de la vida nacional».

Crisis política

En la revisión de cómo llega Bolivia a la jornada comicial, Pérez Pirela abordó el aspecto político y afirmó que lo hace con dirigentes del MAS presos, desaparecidos, torturados y con varias masacres sin esclarecer ni sancionar a sus responsables. 

Para ahondar en el punto, siguió leyendo fragmentos del reportaje de Telesur, en el que se señala que las masacres acaecidas en noviembre del 2019 ofrecen un panorama de la situación social del país. Con más de 35 muertos y 600 heridos, detenidos y desaparecidos, los hechos de Senkata y Sacaba fueron solo una muestra de la persecución política y judicial del régimen golpista que ha continuado meses después en contra de funcionarios del gobierno del exmandatario Evo Morales.

El Gobierno de facto ha aplicado presión a fiscales y jueces para que actúen favorable a sus intereses, y se han abierto más de 150 investigaciones penales por los delitos de sedición o terrorismo contra partidarios y personas vinculadas al gobierno del expresidente.

La inestabilidad económica y política activó también las protestas sociales en Bolivia. En plena pandemia, los trabajadores se han movilizado en las calles para exigir acciones por parte del gobierno de la presidenta de facto Jeanine Áñez. La respuesta fue represión.

Además, se han realizado desde junio en el país multitudinarias movilizaciones convocadas por diferentes organizaciones sociales, sindicales y políticas para exigir la realización de elecciones, la salida del gobierno de los golpistas, así como el cese de la persecución política y la corrupción. El 13 de agosto se aprobó con acuerdo entre la Asamblea Legislativa, Áñez y el Tribunal Supremo Electoral (TSE) la ley de elecciones “definitivas, impostergables e inamovibles”. A condición de que se levanten 150 puntos de bloqueos en el país.

A pocos días de las elecciones, el MAS denuncia que puede haber irregularidades.

Posturas internacionales

Presentó también los pronunciamientos de funcionarios de entes internacionales. A finales de agosto, la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, advertía que “Bolivia necesita superar la polarización que ha marcado al país durante tanto tiempo y avanzar hacia una sociedad basada en el diálogo, donde todos sean integrados y reconocidos».

«¡Qué vergüenza! -comentó Pérez Pirela-. Cada vez que hay un gobierno de izquierda en América Latina, comienzan a hablar de polarización. Una derecha extremista no deja gobernar, quema, mata, utiliza sus medios privados para sabotear y luego la OEA o la ONU denuncian que hay un ambiente polarizado. En Bolivia, con Evo Morales, por primera vez podíamos hablar de un gobierno representativo de las mayorías indígenas. Pero Bachelet dice que hay que reconocer e integrar a todos. ¿A quién hay que reconocer e integrar: a los supremacistas blancos, a los que abren la Biblia mientras masacran indígenas?».

Otra reacción internacional fue la de la secretaria de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Alicia Bárcena, quien afirmó que es necesario que haya un gobierno legítimo, cualquiera que este sea, y “no uno de transición, porque ahí es donde creo que sí las políticas no podrían ser duraderas”.

Pérez Pirela  deploró que los voceros de organismos internacionales sigan usando eufemismos, como hablar de un «gobierno de transición», cuando se trata, a todas luces, de gobiernos de facto o autojuramentados, como el que pretende encabezar Juan Guaidó en Venezuela.

Síntomas de fraude

Respecto al proceso electoral propiamente dicho, consignó una serie de datos que apuntan hacia un nuevo despojo de la voluntad de la mayoría, similar al ocurrido en 2019.

Citó declaraciones del Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (Clajud), que  observa con preocupación que la observación electoral de la OEA, compuesta por un grupo de 40 expertos, será liderada por Manuel González, exministro de Relaciones exteriores de Costa Rica, es decir por el mismo jefe que encabezó la misión de la OEA en las elecciones de octubre del año pasado. «Consideramos fundamental que la comunidad jurídica y política observe el comportamiento de las instituciones responsables por llevar adelante el proceso electoral del país, que ‘se observen a los observadores’, exigiendo transparencia y legalidad para garantizar la participación política libre y soberana del pueblo boliviano», dijo el Clajud.

Advierte este organismo que causan perplejidad las recientes declaraciones de las autoridades del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia quienes, frente a las dudas respecto de la transparencia del proceso electoral, no han esclarecido suficientemente cómo será realizada la verificación instantánea de las actas a partir de la implementación del nuevo sistema del conteo preliminar, denominado Difusión de Resultados Preliminares, Dirpre. «La falta de claridad y los cambios de última hora generan dudas importantes respecto a las obligaciones del proceso frente a las garantías del derecho universal al sufragio».

«Espero equivocarme, pero este panorama no suena nada, pero nada bien -expresó Pérez Pirela-. El MAS sigue con su campaña para desalentar las voluntades golpistas y tener una presencia popular en las calles. El 14 de octubre fue el cierre de campaña en El Alto, corazón de las luchas indígenas y de resistencia al golpe de noviembre. El Alto, que mira a La Paz, concentra el poder popular más fuerte. El evento se centró en la convocatoria a una vigilia para cuidar los votos. El presidente del TSE, Salvador Romero, no respondió cómo se verificarán las actas y si los policías y militares podrán cambiar los resultados. Estos factores tuvieron un rol preponderante en el golpe de Estado. ¿Garantizarán unas elecciones limpias, transparentes, donde ganen las víctimas de su golpe

Indicó que el sistema llamado Dirpre, se basa en dar a conocer los resultados por colegios y no por mesa. «Es como el acta mata voto de la IV República en Venezuela, que le permitía a AD y Copei repartirse los votos de los demás partidos. La preocupación del MAS es que tardará en llegar la votación rural. Los votos rápidos están en las grandes ciudades y van a dar una idea de que perdió el MAS. El domingo lo veremos. Arce dice que partiendo de esta estrategia van a salir a decir que habrá segunda vuelta. En ella volverán a hacer la maniobra. Una torta cocinada a fuego no tan lento».

Como  elemento adicional,  subrayó que Arce ha hecho sentir una repetitiva autocrítica relacionada con la necesidad de  renovar los cuadros del gobierno anterior. «El poder no puede estar en manos de unos cuantos, tiene que fluir y circular, no puede concentrarse en un pequeño grupo. Debe haber permanente renovación, dijo Arce y yo lo suscribo, no solo para Bolivia, sino para mi país y toda Latinoamérica».

Se preguntó «¿qué dice Arce sobre la gestión de la dictadorzuela de medio pelo Jeanine Áñez, una señora que no siquiera sabe hablar bien?», y se remitió a declaraciones del abanderado del MAS en las que señala que «la derecha vino de la única manera que podía venir, con armas, a masacrar al pueblo. Nos deja un pueblo con hambre, una profunda crisis económica. Nos dejan un país quebrado, similar al que recibimos en 2006».

Añadió que Arce ha respondido también a una persistente campaña de la derecha, que ha alimentado los rumores sobre una especie de revanchismo del MAS, propagados por oficiales de alto rango. Han dicho que el MAS regresará  a masacrar a los golpistas. Arce ha señalado que «los soldados y policías de base son nuestros hermanos, son quechuas, son guaraníes, son pueblo y nunca le vamos a cerrar la puerta al propio pueblo»

El mismo escenario de 2019

Para completar el análisis, leyó fragmentos del artículo “En Bolivia las elecciones reeditan el escenario de violencia de 2019”, de la periodista boliviana Verónica Zapata.

Este trabajo señala que encuestadoras como Ciesmori presentan a Luis Arce del Movimiento al Socialismo con 42,2% y a Carlos Mesa de Comunidad Ciudadana con 33,1 %, es decir, que Arce estaría a solo 0,9 % de ganar en primera vuelta tras la renuncia a la candidatura de Áñez.

La analista señala que Ciesmori es la única empresa autorizada para presentar encuestas por el TSE y tiene un contrato adjudicado sin licitación con Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia, equivalente a Pdvsa en Venezuela, por un millón de dólares. «A cambio, devuelve favores inflando la figura de Carlos Mesa».

¿Que decía Ciesmori  del MAS en las elecciones del 2009-2014 y 2019? Que  el MAS el 2019 sacaría el 36% de los votos y en realidad obtuvo el 47%; el 2014 sostuvo que sacaría el 56% y obtuvo el 63%; el 2009 sostuvo que sacaría el 54% y obtuvo el 64%. En promedio le quitaron al MAS 10 puntos en cada previsión. Los verdaderos porcentajes de apoyo al MAS se obtienen al considerar lo que nunca se tienen en cuenta: el “voto rural”, que se subestima y llega de los lugares más remotos e incluso en canoas; el “voto del exterior” masivo al MAS; el “voto oculto” que representa a los que esconden su preferencia política en una dictadura y que mayoritariamente será del MAS; y el porcentaje de indecisos que viene capitalizando Luis Arce. A su vez, el MAS gana en 6 de los 9 departamentos, la victoria podría ser por encima del 45%.

Según Zapata, la verdadera encuesta que está en la calle. Bolivia está teñida de azul, color que representa al MAS, todos los días hay movilizaciones multitudinarias en los 9 departamentos del país. Los golpistas reúnen poca militancia. Saben de su derrota en las urnas y por eso: 1-Llaman al voto útil “todos contra el MAS” como en el 2019. 2- Áñez se baja de su candidatura. 3-Acción Demócrata Nacionalista (A.D.N.) se baja con 0,8% de los votos, advierte que un “fraude” de parte del MAS y llama a los candidatos a bajarse. 4-Tuto Quiroga, de Libre 21, con 2,8% de votos se baja. Camacho con el 16,7 % de los votos es presionado para bajarse, con propuestas económicas incluidas ya que sería la carta que podría cambiar el panorama político del país.

El artículo también aborda el papel de los medios de comunicación, que  arremeten creando un clima idéntico al del 2019 de que “si el MAS gana las elecciones sería por un fraude”. ¿Cómo el MAS podría cometer un fraude? Salvador Romero presidente del TSE fue designado por Áñez y es amigo personal de Carlos Mesa. Aparece en los cables revelados por Wikileaks evidenciando su vínculo con el Departamento de Estado de los Estados Unidos y la USAID, cumpliendo funciones en Honduras para legitimar el fraude posterior al golpe de estado de 2009 contra Manuel Zelaya.

El MAS no maneja el aparato estatal, ni el Poder Judicial que más bien persigue a sus dirigentes. Además, el TSE anunció que la custodia y el traslado de las papeletas y las actas electorales estarán a cargo de la policía y de los militares golpistas. Trasladarán el material desde el TSE hasta los recintos de votación y las ánforas hasta los centros de cómputo, función que era de los notarios electorales.

De acuerdo con la autora, los golpistas no están dispuestos a entregar el poder, saben que se juega el negocio millonario con el litio. Por ello, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo viajó a EEUU para reunirse con personeros del Departamento de Estado y con Luis Almagro, secretario de la OEA, reelecto de manera escandalosa hace pocas semanas. Almagro sostuvo que Murillo le trasladó su preocupación sobre un nuevo “fraude” en las elecciones de parte del MAS y ratificó su compromiso por “fortalecer la misión electoral de la OEA” en Bolivia.

Otro síntoma grave de que se pretende arrebatar de nuevo la victoria al MAS es la militarización del país, que se concreta con el anunciado toque de queda por seis días. La estrategia es generalizar la violencia con el objeto de suspender el proceso electoral y postergarlas hasta el 2021 con el pretexto de que “no hay garantías para llevarlas a cabo”. Y, en el caso de su realización, anularlas si el MAS gana en primera vuelta. En este contexto, Carlos Mesa anticipó que volverá a convocar a su militancia como en el 2019, cuando quemó los tribunales departamentales y fue el puntapié que desató la violencia. “Es inaceptable que el MA. sostenga que si no gana en primera vuelta es por fraude”, declaró.

«Cuántas similitudes entre Bolivia y Venezuela -comentó Pérez Pirela-. Desde el norte se nos exigen elecciones, pero cuando se hacen en países como Venezuela o Bolivia, las impiden. Para que se le acepte una victoria a la izquierda en Bolivia, tiene que ganar por paliza. Si gana por poca diferencia, le dan un golpe de Estado».

El riesgo de violencia se hace patente porque la derecha cuenta con las fuerzas de choque protegidas y financiadas por el gobierno de facto, que son los grupos paramilitares de la Resistencia Juvenil Cochala, la Resistencia KM Cero y la Unión Juvenil Cruceñista convocados por las plataformas, los comités cívicos y por dirigentes golpistas como la senadora Carmen Eva Gonzales que confirmó en redes su objetivo de lograr suspender las elecciones. Por otro lado, suboficiales denunciaron la entrega de armamento y la “orden de matar” que se dio a los grupos paramilitares, a la policía y a las Fuerzas Armadas.

Los puntos de ataque son los militantes, candidatos, dirigentes del MAS, sus casas de campaña y sus caravanas. Y también instituciones del estado como el Tribunal de Justicia de La Paz que trataba la anulación de la personería del MAS que quedó en suspenso; la Fiscalía General a fin que renuncie el fiscal general, Juan Lanchipa, en Sucre, por no procesar a los “masistas” por “fraude” y por los bloqueos. 

El 17 de agosto algunos presidentes de los tribunales departamentales golpistas amenazaron con renunciar para entorpecer las elecciones.

«Están haciendo todo para evitar las elecciones porque van a perder. Son unas elecciones organizadas por ellos y, sin embargo, ya están cantando fraude. Tienen el Poder Electoral, los militares y policías y tienen a la OEA, pero dicen que el MAS va a hacer fraude. Lo que quieren decir es que el MAS va a arrasar en las elecciones y no lo van aceptar. Los expertos de la OEA no dicen nada de esto porque son parte de la maniobra», aseveró el moderador de Desde donde sea.

Posibles escenarios

Según la citada articulista boliviana, las elecciones conducen a tres posibles escenarios:

1) Que haya necesidad de una Segunda vuelta: El MAS logra la primera posición electoral, pero no obtiene más de 10 puntos frente a la segunda fuerza, debido a un “fraude” al estilo hondureño que puede provocar reacción popular. En una segunda vuelta es difícil que el MAS gane, pero hay chance porque su opción crece aceleradamente.

2) Que haya un nuevo golpe de estado: El MAS gana en primera vuelta debido a que no pueden tapar la magnitud de votos recibidos pese a su manipulación. Los golpistas denuncian durante el conteo o posteriormente “irregularidades” (falsos positivos) y “fraude”, reeditando el escenario de violencia del 2019 para no reconocer la victoria del MAS y se anulen las elecciones. Áñez podría renunciar y asumiría un gobierno interino militar.

3) Que se suspendan las elecciones y se la postergue hasta el 2021: Debido a que se generaliza violencia profundizándose el actual cuadro y agregándose “falsos positivos” mediante atentados a puntos estratégicos y acusar de ello al MAS. También podrían plantar armas y explosivos en las casas de los candidatos, dirigentes, sedes o radios de las organizaciones sociales.

«No hay ningún escenario positivo porque en segunda vuelta las fuerzas de las derechas se unirán y se adjudicarán de cualquier manera la elección. Se le lavaría la cara a la dictadorzuela. El golpe de noviembre de 2019 se vería maquillado con un bellísimo lifting, en medio de un contexto delirante y fraudulento. Y serían las bases para una guerra civil o conflictos de alta intensidad, represión generalizada, con el aval de la OEA. Ojalá no sea así», remató Pérez Pirela.

Libro

La obra recomendada fue Ensayos radiales del historiador, licenciado en Filosofía y doctor en Ciencias Sociales Vladimir Acosta.

(LaIguana.TV)

 

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