Masacres, paro nacional y minga en Colombia: Pérez Pirela destapa causas y efectos que todos callan

En clave latinoamericanista, el filósofo y analista político Miguel Ángel Pérez Pirela expuso en su programa Desde Donde Sea, la situación actual de Colombia, sistemáticamente silenciada por los grandes medios de comunicación dentro y fuera del vecino país.

 

Este mutismo obedece, en su criterio, a la intención de acallar la lucha del pueblo colombiano y a la represión de la que es víctima, pues al día de hoy distintas organizaciones sociales convocaron a un paro nacional que se ha cumplido en buena parte del país, inclusive en la grandes ciudades; los indígenas demandan al gobierno de Iván Duque distintas reivindicaciones históricamente desoídas por el Estado y la población se manifiesta en contra de las casi 70 masacres que se han registrado durante el año, ante la indiferencia de las instituciones. 

 

A lo anterior ha de añadirse, puntualizó el experto, que al haberse convertido en uno de los epicentros regionales de la pandemia, Colombia atraviesa una importante crisis sanitaria y económica y además padece violaciones flagrantes y sistemáticas a los derechos humanos. 

 

Es sobre este sustrato que se produce la convocatoria al paro nacional en las principales ciudades, que lejos de verse afectada por la pandemia y por la creciente cantidad de dirigentes sociales y excombatientes de las FARC-EP que han sido masacrados, ha hecho de estos actos denuncia del destino que le ha esperado a quienes creyeron en un proceso de paz que no fue honrado por el Estado colombiano, al tiempo que se hace incontestable que el paramilitarismo, en lugar de haber desaparecido, goza de muy buena salud y opera tan o más a sus anchas que en el pasado. 

 

Pese a esto, el gobierno de Iván Duque ha optado por desviar su atención y enfocar sus esfuerzos en dos temas foráneos que, sin embargo, van de la mano: por un lado, el derrocamiento del presidente venezolano, Nicolás Maduro, a través de cualquier método y por otro, el respaldo y asistencia a la campaña electoral de Donald Trump en Florida, estado en el que el mandatario debe imponerse para poder reelegirse. 

 

 

Pérez Pirela precisó que el paro había sido convocado por el Comité Nacional del Paro y en él participan organizaciones comunales, estudiantiles, de mujeres, sindicales y de transportistas, entre otros sectores sociales. 

 

Los convocantes exigen la renuncia del ministro de la Defensa, Carlos Holmes Trujillo, a quien responsabilizan por la represión desatada en las calles durante las protestas que sucedieron en distintos puntos de la geografía colombiana, tras el asesinato del taxista Javier Ordóñez, el pasado mes de septiembre. 

 

La exigencia va acompañada de un cuestionamiento acerca del carácter institucional de la Policía en esa nación, pues al hacer parte del ministerio de la Defensa, opera como una institución militar. 

 

Añadió que también cuestionan que el alto funcionario haya avalado y promovido la presencia de tropas estadounidenses en el país, a contrapelo de lo que establece la Carta Magna, en la que se indica que es prerrogativa del Senado autorizarla y siempre que el Estado admita su incapacidad para hacer frente a una amenaza que comprometa la integridad de la Nación. 

 

A lo anterior se suma el incremento de las masacres, que según cifras del Instituto  de Estudios para el Desarrollo y la Paz consultadas por el también director de LaIguana.TV para el programa, en lo que va de año se han computado cerca de 70 masacres en las que han sido asesinadas 270 personas, 233 de ellas, líderes sociales. 

 

Asimismo, esa institución indica que desde 2016 han sido asesinados 274 exguerrilleros y 40 líderes indígenas encontraron la muerte entre enero y julio del año en curso. 

 

El Comité Nacional del Paro además se solidarizó con los trabajadores que, en medio de la pandemia han visto mermados sus ingresos por causa de recortes salariales, privatizaciones y pasivos acumulados. 

 

Sus exigencias orbitan en torno a cuatro ejes: vida, democracia, paz y negociación del pliego de emergencia que fuera entregado al gobierno de Iván Duque en 2019 sin que una sola de las demandas allí contempladas haya recibido respuesta. 

 

Específicamente, rechazan los asesinatos, las masacres y la brutalidad policial; piden la defensa e implementación efectiva de los Acuerdos de Paz firmados entre el Estado y las FARC-EP, demandan el respeto pleno a la protesta y los derechos humanos, exigen independencia judicial y que se ofrezcan garantías de atención durante la pandemia, así como que se garanticen condiciones laborales y de bioseguridad para los trabajadores de la salud durante la pandemia. 

 

Se suman la implementación de «matrícula cero» en las universidades públicas, el apoyo económico sostenido a personas pertenecientes a grupos vulnerables, el salvamento de pequeñas empresas, la implementación inmediata de una política de defensa de la soberanía alimentaria y la adopción de políticas de defensa hacia sectores discriminados –como mujeres, población GLBTI o indígenas.

 

Repudian los decretos de emergencia del Ejecutivo por estimar que solamente han contribuido a agravar la ya complicada situación socioeconómica de la población, así como el decreto 1.174, en el que se plantea un nuevo esquema de protección social para quienes trabajan a tiempo parcial.

 

El analista venezolano considera que esta convocatoria, que se hace como conmemoración a la de la huelga del 21 de noviembre de 2019, podría funcionar como «abreboca» para otras manifestaciones que muy probablemente tendrán lugar en el futuro cercano. 

 

Las centrales obreras, de su lado, sostienen que «se mantienen las peticiones presentadas en el pliego al Ejecutivo desde 2019», mientras que el presidente de la  Federación Colombiana de la Educación (Fecode), Nelson Alarcón dijo: «Rechazamos (…) las amenazas y estigmatizaciones que se le hacen al magisterio colombiano, a Fecode, a los maestros, maestras y líderes en las zonas más alejadas del país» y denunció que «el gobierno nacional no hace absolutamente nada para proteger la vida».

 

Estas demandas y manifestaciones multitudinarias, refirió Miguel Ángel Pérez Pirela, no son nuevas sino que datan del pasado año. Inclusive, apuntó, la huelga anterior «estuvo precedida por manifestaciones en las que se exigían mejoras para ese sector». 

 

Comentó, además, que según un trabajo periodístico de la BBC, «Duque no se prestó para una negociación con ultimatums» y sus funcionarios, amén de criticar la realización de manifestaciones durante la pandemia, propusieron que se constituyeran mesas de negociación fuera de la capital y además aseveraron que la marcha «estaba infiltrada por la subversión».

 

A su parecer, pese a los intentos de Bogotá por culpar a «la subversión» y hasta al presidente Nicolás Maduro de las protestas, las causas de esta huelga, así como de las manifestaciones tienen su origen en el deterioro de las condiciones de vida que ha sufrido el pueblo colombiano durante la gestión de Iván Duque.

 

Para sustentar su afirmación, apeló a las cifras oficiales sobre la pobreza en Colombia, publicadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) correspondientes al año 2019.

 

De acuerdo con esa instancia gubernamental, el pasado año 661.899 colombianos entraron en la categoría de pobreza monetaria, lo que representa un incremento del 1% con respecto a 2018 y que el DANE valoró como «significativo». 

 

«En Colombia no hay bloqueo ni sanciones, sino todo lo contrario: reciben préstamos del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial» y su gobierno recibe donaciones de la Unión Europea «para ayudar» a los migrantes venezolanos, sin que este grupo se haya visto realmente beneficiado, advirtió a quienes pretenden comparar la situación económica de Colombia con la de Venezuela, sin considerar los efectos de las medidas coercitivas unilaterales aplicadas por Estados Unidos sobre la economía venezolana.

 

Siempre siguiendo al DANE, precisó que entre 2018 y 2019, la pobreza extrema aumentó 1,4%, lo que significa que 728.955 personas pasaron a engrosar las filas de los colombianos sometidos a la precariedad absoluta y si bien 2020 no concluye, las perspectivas no son alentadoras, porque la desatención gubernamental se mantiene y la pandemia solamente ha agravado lo preexistente. 

 

 

La otra columna de las protestas es la llamada minga indígena. Toma su nombre, según explicó Pérez Pirela, de un vocablo quechua que alude «a la reunión de diversos actores, saberes y herramientas en busca de un objetivo común». 

 

Una de sus voceras, Marilen Serna, quien miembro de la comisión política, asegura que «cada grupo apoya con lo que puede, comida, guardia, autoridades, música, pero el fin es la construcción de un país mejor».

 

El movimiento surgió a finales de la década de 1990 al sur del Colombia, tras considerar que las pautas multiétnicas e igualitaristas consagradas en la Constitución de 1991 no se cumplían. 

 

Para hacerse oír, relató, en esa ocasión bloquearon la Carretera Panamericana, una arteria vial estratégica y si bien se han enfrentado a todos los gobiernos desde entonces, la conflictividad ha alcanzado dos picos importantes. El primero tuvo lugar en 2008, cuando gobernaba Álvaro Uribe Vélez y el segundo, en 2020, cuando es presidente Iván Duque, cuyo gobierno es esencialmente una extensión del de su mentor, Uribe. 

 

En este orden de ideas, Serna explicó: «en el 2008 nos movilizamos por cuatro elementos: vida y derechos humanos, territorio, paz y modelo económico. Y hoy, incluso con la firma de la paz, la situación es la misma. O peor, porque tiene el sinsabor del fracaso del proceso». 

 

La activista también insistió que si bien antes asesinaban a los indígenas en Colombia, en la actualidad son víctimas de un genocidio silencioso. 

 

Esta población, puntualizó Pérez Pirela, representa el 5% de los aproximadamente 50 millones de colombianos –unos 2,5 millones de personas–, repartidos en 66 pueblos, 34 de los cuales están en peligro de extinción, según la Organización de las Naciones Unidas y de acuerdo con cifras oficiales, la pobreza entre los pueblos indígenas asciende al 66%, un valor que triplica el promedio nacional. 

 

En su opinión, por su antigüedad y características, es posible que la Minga Indígena tenga más experiencia en protesta que ningún otro grupo en Colombia y sabe cómo enfocar sus demandas, que en esta caso se centran –sin limitarse a ellos– en dos aspectos: la implementación eficaz de los acuerdos de paz y la protección del medio ambiente.

 

Esta larga marcha tiene en el Consejo Gremial Patronal, una organización patronal, que incluso les ha acusado de poner en riesgo a toda la población colombiana, al insistir marchar hasta Bogotá, incumpliendo, según ellos, con los protocolos de bioseguridad. 

 

En un comunicado, la Minga instó al Ejecutivo a adoptar la implementación de una verdadera reforma agraria, ordenar la anulación de todo tipo de concesiones que atenten contra la vida natural de los pueblos indígenas, adoptar los protocolos comunitarios frente a los del modelo neoliberal, en tanto estos son lesivos con el medio ambiente.  

 

Exigieron, además, dar cumplimiento a la declaración de la ONU sobre los derechos de campesinos y prohibir las aspersiones de agrotóxicos para evitar el envenenamiento de zonas de cultivo.

 

 

Por su parte, el mandatario colombiano viajó «de urgencia» a Quibdó, en el departamento del Chocó y se negó a recibir a los marchistas, pese a que el colectivo estaba apostado en la Plaza Bolívar de la capital desde el domingo. 

 

La actuación de Duque levantó una ola de críticas entre sus opositores y entre ellas, el experto criollo rescató la de la exsenadora y activista por los derechos humanos, Piedad Córdoba, que ironizó en un Twitter: «Definitivamente a la minga indígena le faltó estrategia, debieron arrancar no desde el Cauca sino desde Cúcuta diciendo que venían de Venezuela con Guaidó…  así el mismo Duque habría salido a recibirlos  a la entrada a Bogotá y hasta se monta en una chiva».

 

«¡Cómo es posible que Duque dé mejor trato a señores que se dicen presidentes, a peleles como Juan Guaidó y a su mismo pueblo, ni siquiera le abre una ventana para asomarse!», añadió en apoyo al sarcasmo de Córdoba.

 

Del otro lado, puesto que en Colombia se vive «una guerra civil continuada», que «ha fracturado el país y ha exacerbado el racismo del sector que se define uribista», también se produjeron reacciones.

 

A ese respecto, hizo referencia a un video que se viralizó a través de las redes sociales, en el que se aprecia a una mujer insultar desde su vehículo a participantes de La Minga que se desplazaban en otro vehículo.  

 

«No los queremos, que se vayan para la tierra, que son ignorantes, brutos, tercos y porquería», se escucha decir a la mujer. 

 

Aunque los miembros de La Minga no respondieron a la agresión, este ataque racista también trajo consigo polvareda. Dentro de la clase política, Miguel Ángel Pérez Pirela rescató la reacción del senador Gustavo Bolívar, que al referirse a la victimaria, señaló: «»Tiene que volver a nacer para llegar a comprender la lucha indígena».