En Desde Donde Sea, el filósofo y analista político Miguel Ángel Pérez Pirela realizó un recuento del historial de medidas coercitivas unilaterales que Estados Unidos ha venido imponiéndole a Irán desde 1979.
Estas acciones ilegales se sucedieron, explicó, como respuesta al ascenso al poder de la Revolución Islámica en 1979, un movimiento político-religioso que depuso al último Sha –emperador– Mohammad Reza Pahlavi, protegido de Washington por «los grandes negocios petroleros que este permitía a las trasnacionales».
«Ese mismo año, Estados Unidos congeló los activos iraníes y las reservas de oro en sus bancos, en respuesta a la toma de la embajada estadounidense en Teherán y estableció sanciones a las empresas extranjeras que violaran las restricciones», añadió el experto.
En 1984, continuó relatando, las instituciones financieras internacionales prohibieron la emisión de créditos para el país persa y en 1987, «el comercio entre Estados Unidos e Irán se canceló completamente».
Las sanciones se suavizaron en 1995, «e Irán comenzó a recibir paulatinamente productos estadounidenses (…) a través de terceros países», pero al año siguiente, Estados Unidos decidió penalizar a «cualquier país que invirtiera más de 20 millones de dólares en el sector energético» de esa nación del Oriente Medio.
En 2012, precisó Pérez Pirela, se sucedió otra ola de sanciones dirigidas contra los bancos, las empresas e individuos vinculados con la industria nuclear iraní, a lo que «Teherán respondió sancionando a empresas y a empresarios estadounidenses presentes en su territorio».
El ataque más reciente tuvo lugar en septiembre del año en curso, cuando la administración Trump intentó, sin éxito, que se prorrogara el embargo de armas que pesaba sobre Irán, ejerciendo presión en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas.
Pese al revés, el secretario de Estado, Mike Pompeo, se permitió amenazar al resto de la Asamblea y anunciar el uso de mecanismos jurídicos fraudulentos en contra de Estados que, según él, no impidieran que Irán obtuviera beneficios de una actividad supuestamente proscrita por el ente multilateral.
«Si los Estados miembros de la ONU no cumplen con sus obligaciones de aplicar estas sanciones, Estados Unidos está dispuesto a utilizar nuestras autoridades nacionales para imponer consecuencias por esos incumplimientos y asegurar que Irán que no se beneficie de la actividad prohibida por la ONU», advirtió Pompeo entonces.
(LaIguana.TV)
