El pasado domingo, un abrumador 78% de votantes en Chile decidió derogar la Constitución de 1980, el legado neoliberal más pesado que dejó el dictador Augusto Pinochet en el país austral.

El 8 de agosto de 1980, bajo la dictadura militar de Augusto Pinochet fue aprobada la «Constitución Política de la República de Chile», que entró en vigor en un régimen transitorio el 11 de marzo de 1981 y, en forma plena, el 11 de marzo de 1990.

Hasta la fecha, se le han hecho 52 reformas y en total se han modificado 257 artículos. Originalmente tenía 120 artículos y 29 disposiciones transitorias y la última modificación dejó el texto legal con 147 artículos y 42 disposiciones transitorias.

¿De dónde surgió la Constitución de Pinochet?

Luego de las acciones criminales del golpe militar que el 11 de septiembre de 1973 derrocaron al presidente Salvador Allende, se suspendió la Constitución de 1925. En consecuencia, los golpistas crearon una nueva «institucionalidad» que los sostuviera en el poder. Para ello, se designó una «Comisión de Estudios de la Nueva Constitución» (CENC); más adelante, el Consejo de Estado discutió e introdujo algunas modificaciones al anteproyecto entre 1978 y 1980.

En 1980, a través de un cuestionado plebiscito, los chilenos aprobaron el proyecto constitucional.​ La falta de registros electorales y que la oposición se viese impedida de efectuar campaña fueron aspectos que oscurecieron dicho plebiscito. Por ello, hubo sectores de la ciudadanía que no reconocieron su validez.

¿Por qué derogar la Constitución que dejó el dictador Pinochet?

Durante los meses de octubre y noviembre del pasado año 2019, se registraron masivas manifestaciones ciudadanas por el alza del costo del pasaje del Metro en Santiago que ocasionó un estallido social contra el modelo neoliberal y derechista de Sebastián Piñera, que asfixia al pueblo chileno.

Estas protestas desataron una exagerada y brutal ola de represión por parte de los cuerpos de seguridad del Estado, dejando un saldo de 31 muertos, 500 jóvenes mutilados en los ojos (la policía disparaba balines a la cara) y 5.558 personas denunciando violación de derechos humanos.

Los crímenes de la represión del gobierno de Piñera puso en evidencia que la clase política chilena no se ocupa de los problemas de Chile y su Carta Magna los protege, ya que desde un principio estaba diseñada para sostener a un régimen que profesaba el terrorismo de Estado.

El 15 de noviembre de 2019 se alcanzó un acuerdo político, suscrito por parlamentarios del oficialismo y representantes de partidos de oposición, para generar una nueva Constitución, a base de reformular la actual, que no contempla mecanismo de sustitución, para habilitar un Proceso constituyente.

(LaIguana.TV)