¿Qué quiere decir realmente «Comunidad Internacional» y «Estado fallido? Pérez Pirela explica

«Comunidad internacional» y «Estado fallido» fueron los conceptos en torno a los cuales el filósofo y analista político Miguel Ángel Pérez Pirela disertó en Desde Donde Sea, para mostrar cómo han sido históricamente invocados por un grupo de países para bloquear, invadir y saquear a terceros países, en procura de satisfacer sus apetencias imperiales. 

 

 

Teóricamente, la comunidad internacional engloba los 193 países que forman parte de la Organización de Naciones Unidas (ONU), «la población del mundo y otros actores del sistema internacional que se comprometieron a respetar la Carta de la ONU», explicó Pérez Pirela. 

 

Sin embargo, en la práctica, las decisiones que se toman en de las arenas internacionales a menudo prescinden de la opinión de ese foro y la «comunidad internacional» queda reducida a un pequeño grupo de países «con poder bélico, económico y mediático», que se arroga a sí mismo el patrimonio sobre el nombre y la legitimidad para hablar y actuar en nombre del resto e inclusive, en aras del bienestar de algún pueblo, precisó. 

 

Así, el bloqueo que pesa sobre Cuba desde 1960, sistemáticamente rechazado por la Asamblea General de la ONU desde 1992; el genocidio ruandés, alentado por Estados Unidos y Francia –dos miembros permanentes del Consejo de Seguridad–, el conflicto entre Israel y Palestina, el bombardeo y posterior desestructuración de Libia por la coalición militar liderada por Estados Unidos o los bombardeos de Estados Unidos, Francia y el Reino Unido contra Yemen, representan ejemplos elocuentes, sucedidos en distintos tiempos dentro de la historia de la ONU, de los modos en los que a modo de excusa, se invoca el concepto, siempre en correspondencia con los intereses de los países ricos.  

 

En 2019, la lupa de la llamada «comunidad internacional» se enfocó sobre Venezuela y 58 países de los 193 que conforman la Asamblea General de la ONU, decidieron reconocer a Juan Guaidó como presidente de Venezuela, tras una maniobra de Estados Unidos.

 

Estos 58 países, apuntó el analista, no son siquiera la mayoría, pero con una operación mediática de amplio calado, lograron posicionar en el imaginario que el reconocimiento de Guaidó era la consecuencia de desconocer los comicios presidenciales del 20 de mayo de 2018 en los que resultó electo el presidente Nicolás Maduro, aduciendo que el proceso electoral, al ser convocado por la Asamblea Nacional Constituyente, carecía de legalidad. 

 

De lado se dejó el hecho que Rusia y China –ambos miembros permanentes del Consejo de Seguridad–, así como Irán, Turquía, Nicaragua, Cuba, Bolivia y el resto de los países de la Asamblea, si reconocieron al gobierno venezolano en su momento. 

 

En la actualidad, los países que continúan apoyando a Juan Guaidó se ha reducido drásticamente y según el caso, oscila entre 10 y 15 países, precisó Pérez Pirela. 

 

Por ello, y a modo de comparación, indicó que si se tomara en consideración al Movimiento de Países No Alineados (MNOAL), segunda instancia multilateral más grande tras la ONU, de la que forman parte 115 países, quedaría en evidencia que es un absurdo pretender que la «comunidad internacional» acabe siendo sinónimo de esas pocas naciones alineadas irrestrictamente con Washington. 

 

El MNOAL, que definió como «un mecanismo anti status quo», ha tenido que enfrentar numerosos artilugios mediáticos con los que históricamente ha tratado de minimizarse su papel, aunque concentra más de las dos terceras partes de la población mundial y representa una mayoría efectiva en el concierto de naciones. 

 

La operación contra Venezuela según la cual la «comunidad internacional» «se preocupa» y «lucha» para que el país recobre una presunta libertad perdida y su economía, hundida por el efecto de las medidas coercitivas unilaterales, avanza sin prisas hacia la construcción de un marco de justificación para una intervención militar enmascarada de «humanitaria» y en este orden se inscriben las más recientes declaraciones de James Story, Encargado de Negocios de la «Embajada Virtual» de Estados Unidos para Venezuela –que opera desde Bogotá, Colombia–, en las que dijo que su gobierno no reconocerá «otras elecciones fraudulentas» y que, en compañía de la «comunidad internacional», continuarán respaldando a Guaidó. 

 

Como primera conclusión, Miguel Ángel Pérez Pirela precisó que el uso de la figura de la «comunidad internacional», hace parte de un círculo vicioso con el que se pretende eternizar la hegemonía de unos pocos países en el mundo contra el resto y según la circunstancia, la «comunidad internacional» termina «sancionando, bloqueando, dividiendo, bombardeando y sacrificando países», cuya desestructuración territorial los conduce a ser calificados, por la misma «comunidad internacional» que causó el desastre, como «Estados fallidos». 

 

 

Siguiendo lo establecido por el centro de investigación Found for Peace, el también director de LaIguana.TV expuso los cuatro criterios que debe satisfacer un Estado para ser catalogado como fallido, a saber: 1) Ausencia de físico del territorio e imposibilidad de poseer el monopolio en el uso de la fuerza, 2) erosión de la autoridad legítima, así como de las decisiones que ésta toma y deterioro de la autoridad del Estado; 3) Incapacidad para suministrar servicios básicos y, 4) incapacidad para interactuar con otros Estados como miembro pleno de la «comunidad internacional». 

 

En el caso venezolano, advirtió, se ha pretendido hacer encajar al país en esos parámetros, por medio de «la pantomima del gobierno paralelo» y ello a pesar de que la pandemia demostró que es Nicolás Maduro quien controla el territorio y que es la autoridad legítima, la única con capacidad y reconocimiento para hacer frente a las demandas que este tiempo impone. 

 

Subrayó, asimismo, que un análisis superficial del caso colombiano con base en los mismos criterios, permite concluir sin reparos que ese país sí es un Estado fallido, pese al silencio que mantiene «la comunidad internacional» al respecto. 

 

Ante la realidad política, la «comunidad internacional» ha enfilado su artillería hacia el boicot económico y sus efectos, así como los continuos ataques sobre la industria petrolera o el sistema eléctrico y al aislamiento internacional del país. 

 

En el primer caso, el cerco comercial y financiero impuesto sobre el país, así como la apropiación y confiscación de activos de la República en el extranjero han dificultado hasta límites insospechados otrora, la capacidad del Estado de garantizar el acceso a servicios esenciales, incluidos la alimentación y la salud. 

 

En el segundo, se ha pretendido aislar el país del concierto internacional, al punto de impedir que Venezuela honre sus compromisos de pago con instituciones como la Organización Panamericana de la Salud (OPS) o las Naciones Unidas. 

 

El propósito de estas acciones, señaló el comunicador, haciendo referencia a la denuncia formulada por el Representante Permanente de Venezuela en la ONU, Samuel Moncada, es despojar a la Nación de su derecho a voto en el concierto internacional, impidiéndole transferir los fondos requeridos para cancelar las cuotas de membresía en los entes multilaterales por medio del bloqueo.

 

El cerco diplomático descrito por Moncada, que pone al país en mora en los organismos multilaterales, amén de la pérdida del derecho a voto, trae consigo trabas en el desarrollo de una política exterior independiente y condiciona el acceso a créditos dentro del sistema financiero mundial, también controlados por esa minoría llamada «comunidad internacional». 

 

La segunda conclusión derivada del análisis de Miguel Ángel Pérez Pirela, indica que el uso maniqueo de los derechos humanos, la intervención de «la comunidad internacional» y la declaratoria de un país como «Estado fallido·, son tres elementos esenciales del guión que se sigue en todas las invasiones, bloqueos y políticas de sanciones que adelantan los Estados Unidos, acompañados por algunos países de la Unión Europea y otras naciones subordinadas. 

 

Sobre el punto, el experto recuperó las reflexiones del intelectual venezolano, Luis Britto García, en las que señala que la proliferación de daclaratorias de Estados fallidos promovidas por Washington se produjo tras el fin de la Guerra Fría. Entonces, recuerda Britto García, se impusieron sanciones contra muchos Estados, para ejercer presión contra sus gobiernos para que se plegaran a los dictámenes de la Casa Blanca o producir directamente su derrocamiento y subraya que la mitad de todas estas sanciones fueron aplicadas entre 1993 y 1997. 

 

De esta manera, resulta evidente ataques alevosos contra la infraestructura, contra la industria petrolera, más la política ilegal de las medidas coercitivas unilaterales y el cerco diplomático, se traducirán en un debilitamiento del Estado y sobre ello, ejemplos como el de Libia o Yemen resultan lo suficientemente elocuentes como para saber cuál es la ruta que se pretende ejecutar en contra de Venezuela. 

 

Esa retórica de presentar a Venezuela como un Estado fallido, destacó el analista, se teje desde los tiempos de George Bush hijo, pero ha sido continuada y ampliada tanto por Barack Obama como por Donald Trump y continuará, así sea Joseph «Joe» Biden quien venza en los comicios presidenciales del 03 de noviembre. 

 

Por último, insistió en que a las motivaciones antes descritas para emprender este ataque multiforme contra Venezuela, está el hecho de querer «demostrar» que los gobiernos de izquierda, progresistas y con fuerte agenda social, no son viables y una buena ilustración de ello son la Venezuela de mediados de la década pasada, que amén de convertirse en un paradigma político y una inspiración para los pueblos del continente, gozaba de una economía próspera que le permitió a la población mejorar significativamente sus condiciones de vida, gracias al proyecto de inclusión que adelantó el presidente Chávez y la Bolivia de Evo Morales, que consiguió erigirse, junto a Uruguay como la economía con mejor desempeño del continente. 

 

En un caso y otro, ambos proyectos fueron saboteados y abortados por las acciones de «la comunidad internacional». A Venezuela se le aplicó una política creciente de cerco, con los resultados ya conocidos y Evo Morales fue derrocado por un golpe de Estado diseñado y ejecutado por la OEA, luego de lo cual, en poco menos de un año, el gobierno de facto de Jeanine Áñez arrasó con todos los logros que costaron una década alcanzar. 

 

Lamentablemente, remató el analista, estas operaciones simbólicas con las que se pretende achacar toda la responsabilidad de la crisis a los gobiernos de izquierda, obviando los efectos de la injerencia de «la comunidad internacional», tienen gran eficacia en la población. 

 

 

Al cierre, recomendó la lectura del libro «El programa de la MUD», escrito por el sociólogo francés Romain Mingus, con quien compartirá una conferencia –en idioma galo– el próximo 5 de noviembre a las 2 de la tarde, hora de Venezuela.