El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak, reiteró este viernes que Estados Unidos continuará apoyando a la oposición antidemocrática, cuya cara visible es Juan Guaidó, en las acciones que emprenda para lograr «elecciones presidenciales libres, justas y transparentes», pese a que la Constitución venezolana prevé que este año deben realizarse comicios legislativos, no presidenciales.

Para Kozak, esta omisión al marco jurídico venezolano se justificaría en virtud de que, según él, «continúa la crisis democrática» y, a ese respecto, compartió en Twitter un documento elaborado por su oficina en el que se detallan las dimensiones de esa crisis y las acciones que en función de ella tomará el Gobierno estadounidense, pese a que todo parece indicar que Donald Trump permanecerá en la Casa Blanca solamente hasta el próximo 20 de enero. 

En la introducción del informe divulgado por el Departamento de Estado se indica que Washington reconoce y respalda «al presidente interino Juan Guaidó y a la Asamblea Nacional, que constituye la única institución legítima y democrática que queda en el país», alegato que pretende ser soporte de la convocatoria a una extemporánea elección presidencial y al desconocimiento de las parlamentarias, que tendrán lugar el venidero 6 de diciembre. 

Como aparente justificación a la intromisión en los asuntos venezolanos, Kozak y su equipo aducen, por una parte, que no actuarán solos, pues trabajan «con una coalición global de países para apoyar al pueblo venezolano en su lucha por restablecer la democracia y reconstruir la economía en el país», de cuya destrucción acusan al Gobierno venezolano y no a las medidas coercitivas unilaterales impuestas desde la Casa Blanca. 

De otro lado, señalan que «mientras tanto, Maduro y su círculo de colaboradores directos desmantelan progresivamente la democracia venezolana, al tiempo que dilapidan los recursos naturales del país para enriquecerse», «agudizando la devastadora crisis humanitaria y de salud», cuyas consecuencias se extenderían por todo el hemisferio.

Por ello, reiteran que «Estados Unidos aspira a que se produzca un restablecimiento pacífico de la democracia en Venezuela», a partir de lo que denominan «el Marco para la Transición Democrática», cuya senda, reconocen, no está sustentada en las leyes venezolanas, sino en «criterios de equidad y sentido común» establecidos en la Oficina para Asuntos del Hemisferio Occidental. 

De nuevo, no hay mención alguna al bloqueo financiero y ni a las sanciones comerciales y aún menos todavía a los activos venezolanos que han sido entregados por las instituciones estadounidenses a Juan Guaidó y a sus colaboradores para que hagan uso discrecional de ellos, todo lo cual ha mermado sustantivamente los ingresos de Venezuela, al tiempo que le ha impedido al Gobierno del presidente Nicolás Maduro comercializar libremente petróleo y adquirir alimentos, medicinas, repuestos y otros insumos necesarios para satisfacer las necesidades de la población.

Los «tres pilares» de la intervención estadounidense en Venezuela, de acuerdo con el documento divulgado por el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, son el ya mentado Marco para la Transición Democrática, sanciones –que presentan como acciones contra personas y no contra el país– y revocatoria de visas a funcionarios y sus familiares, así como el respaldo internacional.

Sobre esto último, subrayan que Guaidó es reconocido por los 15 Estados que conforman la Organización de Estados Americanos (OEA), los 16 países que conforman el Grupo de Lima y la Unión Europea, que en conjunto constituyen la «red global de socios» con la que Estados Unidos estaría trabajando para «ayudar a los venezolanos a que su país vuelva a ser una democracia próspera y exigir que Maduro y quienes lo apoyan rindan cuentas por las crisis políticas, económicas y humanitarias en curso».

Adicionalmente, se precisa que «el 23 de septiembre de 2019, Estados Unidos se sumó a 15 países al invocar el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), conocido como Tratado de Río, para la acción colectiva en apoyo al pueblo venezolano y en contra de Maduro».  

La administración Trump reconoce, asimismo, que desde 2017 está despachando dineros para «ayudar» a los venezolanos por medio de «programas de asistencia de USAID; el Departamento de Estado/Oficina de Población, Refugiados y Migración (PRM); el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS)/CDC, el Departamento de Estado/Oficina del Coordinador Mundial sobre el Sida (SGAC), y la Fundación Interamericana», reconocidos brazos de la injerencia estadounidense en la región y cuyos fondos históricamente sirven para financiar actividades orientadas a socavar gobiernos no alineados con Washington. 

Desde entonces, Estados Unidos «ha aportado más de US$ 856 millones para ayudar a los venezolanos dentro de Venezuela y en el resto de la región, así como a las comunidades que los reciben», repartidos, de acuerdo con los detalles presentados, en «asistencia humanitaria por casi US$ 611 millones, de los cuales más de US$ 76 millones están destinados a su uso dentro de Venezuela» y «más de US$ 261 millones en asistencia económica, sanitaria y para el desarrollo».

Globalmente evaluadas, estas acciones se inscriben dentro de los esfuerzos de Estados Unidos para aplicar lo que en el Derecho Internacional se conoce con el nombre de Responsabilidad para Proteger (P2P), una estrategia en la que, alegando la incapacidad de un Estado para garantizar los derechos fundamentales de sus ciudadanos, la «comunidad internacional» se ve forzada a obviar la soberanía e intervenir para, presuntamente, restablecer el orden perdido. 

La abogada constitucionalista Ana Cristina Bracho recuerda que «la Responsabilidad para Proteger es un concepto que nace en los años 90, en el contexto del fracaso del sistema de las Naciones Unidas para evitar los conflictos y lograr la paz. El genocidio de Ruanda deja en evidencia que la ONU no fue capaz de prevenir las graves perturbaciones que se producen en la esfera internacional y, en específico, no estaba dotada de instrumentos para prevenir las acciones nacionales que significan violaciones masivas de los derechos humanos».

Empero, advierte que se trata de un concepto «altamente criticado», porque quebranta los cimientos sobre los que se edifica el sistema internacional y rompe con el principio de autodeterminación y autocorrección de los Estados, para procurarle a sus ciudadanos el goce y ejercicio de sus derechos. 

Hasta el momento, indica, en todos los países en los que se ha aplicado este artilugio, «tienen características comunes: del sur y petroleros» y ello nunca se ha traducido en una mejora de la situación de presunta crisis denunciada por la «comunidad internacional» ni en un «proceso de reconstrucción». 

«La Responsabilidad para Proteger es una falacia porque significa  salvar de la asfixia estrangulando. Si tenemos un país que sufre problemas de derechos humanos, donde hay crímenes de lesa humanidad y de guerra, limpieza étnica o genocidio, no es por la vía militar y armada que la situación va a mejorar», concluye Bracho.

(LaIguana.TV)

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