Consultado por el diario londinense Financial Times sobre una denuncia que hiciera Vanessa Neumann, expseudoembajadora de Juan Guaidó en Londres, relativa a la demora de entrega de «fondos congelados a la oposición de Guaidó», el enviado especial de Estados Unidos para Irán y Venezuela, Elliott Abrams, admitió que su país tenía «pagos pendientes» que realizarle a los pseudofuncionarios designados por el autoproclamado presidente interino.

Respecto de la renuncia de Neumann, Abrams aseveró que desconocía que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), adscrita al Departamento del Tesoro, hubiere retenido las licencias que le permitirían a los integrantes del Proyecto Guaidó acceder a los dineros venezolanos depositados en bancos estadounidenses y que la administración Trump bloqueó ilegalmente.

En su lugar, dijo que «casi todo ha sido aprobado» y justificó el presunto retraso, advirtiendo que hacían las cosas con cuidado y no «de la noche a la mañana» porque en esas decisiones estaba involucrado el Departamento de Estado.

En el trabajo del Financial Times, se destaca que «algunos de los enviados de Guaidó en el extranjero se han quejado de que efectivamente están trabajando gratis y no han recibido el pago que esperaban de fuentes estatales estadounidenses», a lo que el funcionario respondió que, efectivamente, «se deben muchos pagos atrasados» a los integrantes del gobierno ficticio de Guaidó en el extranjero, pero que estos deberían cancelarse antes del fin del año, es decir, antes de que Trump entregue el mando a su sucesor, Joseph «Joe» Biden, el próximo 20 de enero.

Empero, a juzgar por el reclamo de Neumann y la respuesta de Abrams, a contrapelo de lo que refiere el diario londinense, los fondos para el pago por los «servicios prestados» por los pseudofuncionarios guaidosistas, no provendrían simplemente de «fuentes estatales estadounidenses», sino que estas serían el vehículo para disponer de activos del Estado venezolano confiscados ilegalmente por los Estados Unidos.

De otro lado, Financial Times apunta que «la oposición venezolana está preocupada de que algunos de sus patrocinadores internacionales reconsideren su reconocimiento de Guaidó como presidente interino después de que pierda el control de la Asamblea», pues el 5 de enero de 2021, al entrar en vigor una nueva legislatura, se elegirá una nueva directiva del Poder Legislativo en Venezuela y el todavía parlamentario se quedará sin ningún alegato –aún falso– que le permita sostener su «presidencia».

En todo caso, las declaraciones de Elliott Abrams dan cuenta del latrocinio cometido por la administración Trump sobre las riquezas venezolanas, que no habría podido ejecutarse sin la colaboración explícita de miembros del Proyecto Guaidó. 

(LaIguana.TV)

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