La privatización de la gestión de atención a los migrantes venezolanos de la sede del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) en Puerto España, Trinidad y Tobago, trajo como consecuencia la instauración de una mafia de trata de migrantes desde Venezuela hacia el país caribeño, pues este ente le delegó una competencia que es exclusiva de los Estados a una Organización No Gubernamental (ONG).

Además de prestarse para la comisión de un delito, pues el estatus de refugiado solamente puede otorgarlo el Estado receptor, previa comprobación de la situación de persecución política que sufriere el solicitante en su país de origen, tal y como se establece en el artículo 1 de la Convención de Refugiados, Acnur propició y favoreció el traslado irregular de venezolanos hacia la vecina Trinidad, que vieron en la oferta engañosa de la ONG Living Water Community una oportunidad de migrar legalmente, al tiempo que escapaban de la crisis económica que azota Venezuela.

Como consta en la denuncia formulada por la periodista Madelein García (teleSUR) en abril de 2018, ACNUR emitía planillas a venezolanos en las que presuntamente se les otorgaba la condición de refugiados, previa solicitud de Living Water Community.

De acuerdo con una pesquisa realizada por La Tabla, esta organización fue fundada en 1975 por Rhonda Maingot y tiene sucursales «en otros pequeños Estados del Caribe como San Fernando y Saba, Barbados y Santa Lucia». Su personal opera en esos países como «socios implementadores» de la ACNUR.

Este medio refiere, asimismo, que Living Water Community «tiene el monopolio para determinar el estatus de refugiado de los migrantes venezolanos en Trinidad y Tobago, según acuerdo de 2017″ y ello «le da posibilidad de acceso a fondos de ayuda multilateral cercanos a 10 millones de dólares», que provienen principalmente de los gobiernos de los Estados Unidos y los Países Bajos.

Se trata de un lucrativo negocio al cual la embajada estadounidense en Puerto España ha destinado ingentes recursos, con el argumento de «atender» a los «desplazados y refugiados» venezolanos.

Adicionalmente, el portal venezolano indica que Living Water Community no oculta sus cercanías con la representación diplomática de Washington. Inclusive, a principios de diciembre, la embajada les «regaló» una camioneta como respaldo para sus actividades.

Living Water Community usaba esos fondos para identificar a los migrantes y cooperaba con la narrativa regional impulsada por Washington y sus gobiernos aliados, según la cual los venezolanos han desatado una «crisis migratoria», al verse obligados a huir de su país por violaciones a sus derechos fundamentales.

De esta manera y con respaldo de la Acnur, al menos por omisión, transformaba a los migrantes económicos en desplazados y se encargaba de tramitar solicitudes ante el gobierno de Trinidad y Tobago y los tribunales.

A inicios de diciembre, las autoridades trinitobaguenses, con base en investigaciones en las que se reveló una articulación entre Living Water Community y venezolanos deseosos de migrar, reconocieron que «la amenaza del tráfico y trata de personas desde Venezuela es real», refiere La Tabla.

Tras el naufragio el pasado 13 de diciembre de una embarcación que iba rumbo a Trinidad con migrantes traficados y en el que al menos 28 venezolanos perdieron la vida, el gobierno del país antillano se vio forzado a tomar acciones más contundentes y a enmendar los errores cometidos.

Ayer, el primer ministro Keith Rowley anunció que ni Acnur ni Living Water Community están autorizados para registrar a migrantes venezolanos como solicitantes de asilo e indicó que de eso se encargará exclusivamente el gobierno.

Con estas acciones, el gobierno trinitobaguense pretendería desestimular la migración ilegal desde Venezuela, pues por los canales regulares, no le resulta sencillo a un venezolano acceder a un estatus migratorio estable en el país antillano.

Una investigación periodística adelantada por La Tabla muestra que en la legislación de inmigración de ese país privan criterios eugenésicos y coloniales en la selección de migrantes. El propósito, subrayan, sería «proteger» moral y biológicamente a su población de extranjeros indeseables.

«El artículo 8 (…) prohíbe el ingreso de ‘deficientes mentales, discapacitados físicos, vagabundos, alcohólicos y drogadictos’ por la posibilidad de no poder ganarse el sustento y ‘convertirse en un cargo sobre los fondos públicos'», detalla el medio. En otro apartado de ese mismo artículo se niega el ingreso a «prostitutas y homosexuales sospechosos de venir para estos propósitos inmorales».

El gobierno de Trinidad ha reconocido que existe una mafia policial que dirige y opera una red de trata y tráfico de mujeres desde Venezuela y una investigación coordinada por  Cleophas Justine Pierre, experto en temas migratorios y de trata de personas, «unas 17.136 venezolanas fueron víctimas de las redes criminales de trata en 2019», precisa La Tabla.

Difícilmente, estas actividades criminales se vean limitadas por la prohibición que ahora pesa sobre ACNUR y Living Matter Community, aunque es, sin dudas, un paso necesario para frenar el tráfico y trata de personas entre los dos países.

(LaIguana.TV)

 

 

 

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