La Oficina de Washington para América Latina (WOLA, por sus siglas en inglés) divulgó en su portal un documento intitulado «Recalibrating U.S. Policy in Venezuela: Learning from Failure and Seizing Opportunities» –Recalibrando la política estadounidense en Venezuela: aprender de los fracasos y aprovechar las oportunidades–.

En el texto, a partir de una evaluación de los «fallos» de la administración Trump para lograr la salida del presidente Nicolás Maduro del poder, le ofrecen al recién electo mandatario, Joe Biden, un conjunto de «acciones concretas» que Estados Unidos puede implementar «para mejorar las perspectivas de una solución pacífica y democrática a la crisis», el eufemismo con el que se refieren en Washington al derrocamiento del Jefe de Estado venezolano.

«El informe encuentra que el enfoque de la administración Trump hacia Venezuela ha estado marcado por tres errores clave: abandonar el multilateralismo y buscar la primacía de Estados Unidos para enfrentar a Maduro, una estrategia de presión mal calculada y demasiado amplia, y la falta de participación con las partes interesadas internacionales y nacionales relevantes. En combinación entre sí y con factores externos, estos pasos en falso han frenado la búsqueda de una solución pacífica y democrática a la crisis», precisa el artículo firmado por el director de WOLA para Venezuela, Geoff Ramsey, y por David Smilde, un investigador de esa oficina.

Según ellos, al asumir el poder el 20 de enero de 2021 y no repetir los errores de su predecesor, Biden debería:

«-Trabajar con socios europeos y latinoamericanos para convocar una cumbre internacional entre las partes interesadas, incluidos aliados de Maduro como China, Cuba y Rusia. Una oportunidad clara radica en establecer un nuevo enfoque de la política hacia Cuba, en la que no se inscriba una transición en Venezuela como el primer paso de una amenaza existencial para el gobierno de la isla.

-Desarrollar una nueva estrategia diplomática para mejorar la comunicación con rivales como China y Rusia, con el objetivo de explorar áreas de interés mutuo en Venezuela. El prolongado estancamiento de Venezuela se ve reforzado por intereses geopolíticos más amplios, especialmente con respecto a los abundantes recursos petroleros de Venezuela. Establecer líneas claras de intereses mutuos entre todas las grandes potencias involucradas podría ser la clave a seguir.

–Instruir a los altos funcionarios de política del Hemisferio Occidental en el Consejo de Seguridad Nacional y el Departamento de Estado para que se coordinen estrechamente con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega para restablecer negociaciones creíbles. Las conversaciones de 2019 en Oslo y Barbados, facilitadas por diplomáticos noruegos, fueron las negociaciones más creíbles hasta el momento. El gobierno de los EE.UU. Debe ofrecer todo su apoyo a estos esfuerzos y mantenerse estrechamente comprometido con los diplomáticos noruegos.

–Apoyar el progreso hacia acuerdos parciales iniciales como una forma de construir el capital social necesario para avanzar hacia una solución política integral. Un acuerdo de junio de 2020 para implementar una respuesta a la pandemia entre el Ministerio de Salud de Maduro y la Comisión de Ayuda Humanitaria de la Asamblea Nacional, coordinada por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), fue un logro tremendo y muestra que tales acuerdos son posibles.

-Declarar clara e inequívocamente que el gobierno de los Estados Unidos no apoya la intervención militar y, en cambio, respalda la diplomacia multilateral que enfatiza la necesidad de elecciones libres y justas como única solución a la crisis. Mantener cualquier tipo de intervención militar sobre la mesa solo ha servido para dividir a los aliados internacionales mientras mantiene a la oposición atrapada en un debate que desincentiva la organización interna.

-Convocar un grupo de trabajo interinstitucional para revisar las sanciones de Venezuela y las acusaciones relacionadas, con el objetivo de reformar la política de manera que alivie la crisis humanitaria y contribuya de manera más efectiva al retorno a la democracia. Este grupo de trabajo también debería recomendar formas de promover una estrategia de sanciones individuales más coordinada a nivel internacional, así como para garantizar que las acusaciones de figuras clave del régimen no supongan un obstáculo para la transición.

-Instruir a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro para que restablezca inmediatamente las exenciones humanitarias que permitan a Venezuela intercambiar petróleo crudo por diésel. Es importante destacar que el restablecimiento de estas exenciones para los intercambios de diésel no requerirá ningún tipo de anuncio público o licencia general, ya que estas transacciones fueron aprobadas de manera individual por la OFAC. No hacerlo tendría profundas consecuencias para los sectores más pobres de la sociedad que ya se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad.

-Comprometerse con una respuesta humanitaria totalmente financiada dentro de Venezuela, al tiempo que impulsa un mejor acceso para los actores humanitarios. La administración Biden debe comunicar su voluntad de brindar más apoyo a la respuesta de la ONU dentro de Venezuela, así como a las organizaciones humanitarias independientes en el terreno. Sin embargo, los funcionarios estadounidenses deben dejar en claro que solo se puede proporcionar una mayor ayuda si los actores humanitarios nacionales e internacionales tienen un mayor acceso para distribuir la ayuda de manera apolítica.

-Comprometerse a aumentar los fondos para la respuesta regional conjunta del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) a los venezolanos que huyen. El Departamento de Estado también debe alentar a los países que reciben asistencia de Estados Unidos a ajustar sus políticas migratorias para brindar un mayor acceso a un estatus regular y a servicios esenciales, como muchos países acordaron en principio en la Declaración de Quito de 2018.

-Instruir inmediatamente al Departamento de Seguridad Nacional para que designe a Venezuela para el Estatus de Protección Temporal (TPS), un programa humanitario que permite a las personas elegibles vivir y trabajar en los Estados Unidos. La próxima administración puede enviar un mensaje claro de apoyo a los venezolanos que huyen al otorgar TPS para evitar que las autoridades devuelvan a los venezolanos al riesgo».

Si bien la propuesta de la WOLA exige que se descarte la intervención militar como una alternativa para conseguir la salida de Maduro del poder, la narrativa de fondo no se distingue de la que empleara la administración Trump: se parte del principio que en Venezuela hay un régimen autoritario, que es el responsable de una crisis humanitaria sin precedentes y por ello, impera trabajar por una «transición política» que conduzca a la realización «de elecciones libres y justas como única solución a la crisis».

Este discurso es, además, el que sostiene el sector antidemocrático de la oposición que encabeza Juan Guaidó, por lo que no supone ningún cambio de fondo ni tampoco en el objetivo, sino acaso en los métodos que en Washington estimarían más convenientes para alcanzarlo.

(LaIguana.TV)

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