Este martes 12 de enero, el Frente Guasu (FG) uno de los bloques que integra la mayor fracción de izquierda de Paraguay solicitó impulsar un juicio político contra el presidente Mario Abdo Benítez, ante las denuncias sobre acuerdos ocultos que llevaron a cabo con representantes de Juan Guaidó para acortar la deuda con Pdvsa.

El Frente llamó a los partidos «con representación legislativa a no ser cómplices de estos nuevos escándalos de entrega, corrupción e impunidad» y a dar los pasos correspondientes para que en la Cámara de Diputados se inicie el proceso de juicio político al principal responsable de esta situación, quien es el presidente Mario Abdo Benítez».

A través de un comunicado catalogaron como inaceptable que siempre que se destapan nuevos escándalos el gobernante «pretenda desentenderse de los mismos, como si él no supiera nada de lo que sucede en el ámbito de las carteras y órganos de Estado».

El actual escenario se generó días después de que el Gobierno admitió que tuvo conversaciones con delegados de Guaidó, y en las cuales se trató una oferta para librarse de aproximadamente 160 millones de dólares de la deuda que exige Pdvsa a Petróleos Paraguayos (Petropar).

El reconocimiento del Gobierno se originó luego que The Washington Post  publicó el caso, lo que causó que partidos opositores y adeptos al Gobierno reaccionan con diversas críticas.

La trama surgió de las filas de Guaidó con el empresario Javier Troconis

Este escenario se une a la aprobación que realizó este martes la Comisión Permanente del Congreso sobre llamar a una sesión y votar por una interpelación contra el jefe de Gabinete de la Presidencia, Juan Ernesto Villamayo, quien se encargó de encontrarse en noviembre del 2019 en Asunción con los enviados de Guaidó.

Villamayor declaró en días anteriores durante rueda de prensa que el planteamiento surgió de las filas del opositor venezolano y en los que asistió el «comisionado para la gestión y recuperación de activos de Venezuela  en el extranjero», Javier Troconis.

Detalló que la propuesta no progresó por no tener garantías de que un eventual preacuerdo lo certificará la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI), con sede en París.

Según reveló Villamayor, el borrador que se evaluó en Asunción con Troconis estimaba reducir el 50 % del capital, por lo cual, la deuda se establecía en 132.940.000 dólares, y además Venezuela «renuncia a todos los intereses moratorios, compensatorios, judiciales y extrajudiciales».

De igual manera, el borrador responsabilizaba a la nación petrolera a contraer la cancelación de 26 millones de dólares al grupo de juristas del abogado argentino Sebastián Vidal, quien estuvo con Troconis en la reunión con Villamayor, reseñó la agencia EFE.

(LaIguana.TV)

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