Este jueves, la emisora colombiana W radio informó que presuntamente los abogados del diplomático y empresario venezolano Álex Saab, quien se encuentra ilegalmente retenido en Cabo Verde desde el pasado 12 de junio, habían sido notificados por las autoridades que ese país no reconocería al Gobierno del presidente Nicolás Maduro y, en su lugar, asegurarían que el presidente venezolano es el exdiputado Juan Guaidó.

Esta supuesta nueva postura oficial impide que Saab sea reconocido como representante diplomático de Venezuela y haría todavía más cuesta arriba conseguir su liberación, en el marco de un proceso judicial signado por múltiples irregularidades.

Al conocerse de su arresto, Caracas denunció que se trataba de una maniobra con claro interés político, pues en ese momento no pesaba sobre el empresario ninguna orden de captura y las autoridades caboverdianas, en lugar de proceder a liberarlo, decidieron plegarse a las demandas de extradición de los Estados Unidos, país que lo sindica –sin ofrecer ninguna prueba– de haber incrementado su capital con dinero proveniente de la corrupción y de fungir como testaferro de Maduro.

En diciembre, el Tribunal de la CEDEAO (Comunidad Económica de Estados de África Occidental) ordenó que por razones humanitarias, debía trasladársele a un domicilio desde la cárcel, pero el Tribunal de Apelaciones de Cabo Verde falló en contra de la adopción de la medida, aduciendo que el país no había ratificado su adhesión a los convenios en materia de derechos humanos dentro del ente supranacional y, en su lugar, dio vía libre a la extradición.

Por su parte, el exjuez español Baltasar Garzón, quien encabeza la defensa de Álex Saab, le aseguró a la W Radio el pasado martes, que la extradición no es «inminente» y que aún quedaban instancias judiciales a las cuales apelar, como «el recurso contra la concesión de la extradición ante el Supremo Tribunal, ante la sección criminal del Supremo Tribunal de Justicia de Cabo Verde (…), el recurso ante el Pleno del Tribunal Supremo» y si hubiera violación a sus derechos fundamentales, quedaría todavía el Tribunal Constitucional.

Empero, este reconocimiento de último momento del pseudogobierno interno de Guaidó, puede complicar las cosas para el representante venezolano, pues su defensa se cimienta en su condición de diplomático, que perdió en Cabo Verde cuando Praia optó por desconocer al Gobierno Bolivariano.

(LaIguana.TV)

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