La aparentemente inevitable liquidación de Citgo Petroleum, subsidiaria de la estatal Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) y principal activo del país en el extranjero, fue el tema elegido por el filósofo, comunicador y analista político Miguel Ángel Pérez Pirela para desarrollar en la edición 238 de su programa Desde Donde Sea, transmitida este lunes 18 de enero a través de las plataformas de YouTube, Instagram y Facebook. 

El robo más grande de la historia del país se consuma y Guaidó defiende a Crystallex

Pérez Pirela ofreció a la audiencia detalles de cómo este expolio casi consumado en los Estados Unidos, a través de artificios leguleyos promovidos por la administración Trump, contó con la colaboración del exdiputado Juan Guaidó y de su grupo cercano.

Así, precisó, esta asociación política devino en una suerte de banda criminal que en un par de años consiguió apropiarse indebidamente de entre 20.000 y 40.000 millones de dólares pertenecientes al Estado venezolano o bien facilitó con sus acciones la pérdida de la riqueza nacional, como en el caso bajo análisis, enarbolando siempre las banderas de la lucha por la libertad y la democracia. 

La semana pasada, recordó el experto, un juez federal de los Estados Unidos ordenó la venta de los activos de Citgo y de su casa matriz, PDV Holding , aduciendo el pago de una  presunta deuda contraída por el Estado con la transnacional minera canadiense Crystallex por el orden de los 1.400 millones de dólares. 

Además, en esto que ya parece un triste desenlace para Venezuela, jugaron un papel estelar pseudofuncionarios designados por el señor Guaidó en su gobierno paralelo, como es el caso de su expseudoprocurador, José Ignacio Hernández, que antes de actuar en la presunta defensa de los intereses nacionales, estaba al servicio de Crystallex, que es en este caso la parte acusadora y beneficiaria directa del expolio.  

La consecuencia de lo que el comunicador llamó un «robo descarado», implicó privar a los venezolanos y venezolanas de recursos necesarios para atender la pandemia y sus efectos, además de impedir que niños que padecen enfermedades graves y catastróficas recibieran atención médica oportuna. 

A su parecer, este latrocinio sin precedentes es expresión plena del imperialismo estadounidense, que encontró en Juan Guaidó un ferviente lacayo para apropiarse de las riquezas de otro país por medio de maniobras judiciales, que bien vistas, dejan muy claro que es la administración Trump y no el autoproclamado «presidente interino» quien tiene la sartén por el mango.

A ese respecto, citó las declaraciones del juez Leonard Stark, quien llevó la causa contra Citgo: «cada día que Crystallex no recibe una compensación a su demanda, es una posible afrenta al sistema judicial estadounidense» y, de otro lado, indicó que para que este fallo pueda entrar en vigor, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos debe emitir una licencia especial en favor de Crystallex que autorice la venta de activos de PDV Holding, casa matriz de Citgo y sobre la que pesan medidas coercitivas unilaterales.  

El también director de LaIguana.TV rememoró que la disputa entre Crystallex y Venezuela se remonta a 2008, cuando el entonces presidente Hugo Chávez expropió Las Cristinas, una mina aurífera que había sido otorgada en concesión a la minera canadiense. El caso llegó al tribunal del Banco Mundial, que a través de un laudo arbitral, ordenó al Estado venezolano el pago de 1.200 millones de dólares por compensación y finalmente, cayó en manos de la justicia estadounidense. 

Por su parte, el Gobierno venezolano rechazó el proceso judicial desarrollado en los Estados Unidos, reiteró el robo de la empresa -su principal activo fuera del país- y calificó la venta de acciones que fuera ordenada por el juez Stark como una «aberración jurídica».

Asimismo, Caracas responsabilizó a Guaidó y a su expseudoprocurador, José Ignacio Hernández, por haber concebido un entramado pseudojurídico para apropiarse de los activos de Venezuela, al tiempo que denunció que al país se le había impedido ejercer una defensa efectiva, puesto que no se permitió que funcionarios debidamente calificados asumieran el caso, con la excusa de las sanciones. 

El Gobierno Bolivariano también acusó a la administración estadounidense saliente de poner en marcha una serie de «recursos leguleyos», a partir de los cuales Washington logró apropiarse de los activos de Venezuela.

Por su lado, Juan Guaidó, quien está sometido a investigación por la justicia venezolana, aseguró que las órdenes que emitiera el Gobierno estadounidense sobre Citgo perseguían «proteger el activo» y ante el robo casi consumado, justificó el decurso de los acontecimientos como que si de un empleado de Crystallex se tratara, acusando al Gobierno de haber cometido acciones ilegales cuando expropió Las Claritas y de no haber defendido efectivamente a PDVSA. 

Crónica de un robo anunciado: las denuncias de Venezuela sobre Citgo y la banda de Guaidó

Miguel Ángel Pérez Pirela trajo a colación, en primera instancia, las denuncias que en octubre de 2020 hiciera el hoy presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, sobre el uso de dineros provenientes de la refinadora venezolana para la desestabilización, para sufragar gastos personales, para adquirir bienes de lujo y para atentar contra la integridad de dirigentes del chavismo a través del uso de fuerzas paramilitares.

Para sustentar sus acusaciones, Rodríguez mostró ante las cámaras conversaciones del periodista y militante de Voluntad Popular –grupo sedicioso de extrema derecha al que pertenecen tanto Juan Guaidó como Leopoldo López– Roland Carreño, en las que se da cuenta del desvío de fondos de la Fundación Simón Bolívar, brazo social de Citgo, para financiar las actividades antes mencionadas y que iniciara con la designación en 2019 de Mariela Poleo,  la pseudofuncionaria que hizo posible la articulación de esta trama de corrupción, en desmedro de niños que esperaban por el pago de tratamientos médicos costosos. 

Sobre la labor social de Citgo, indicó que desde 2005 desarrollaba campañas de apoyo a personas de escasos recursos en los Estados Unidos, a través de un programa que se materializó tras el paso de los huracanes Rita y Katrina. 

De esta manera, comentó, en manos del Gobierno Bolivariano y en colaboración con Citizen Energy Corporation, una organización sin fines de lucro fundada por John Kennedy II, Citgo Petroleum distribuyó 860 millones de litros de gasoil a dos millones de estadounidenses entre 2005 y 2013.

En la actualidad, refirió el analista venezolano, la empresa produce diariamente 750.000 barriles de gasolina que abastecen al mercado interno, sin que Venezuela pueda acceder ni al combustible producido, que se requiere con urgencia en el país, ni a las ganancias que esta actividad genera, que se quedan todas en suelo estadounidense bajo el pretexto de las medidas coercitivas unilaterales. 

Señaló, además, que no puede dejarse de lado que a pesar de que las sanciones de Washington han socavado la producción de gasolina en el país y que el mundo entero vive las consecuencias de la pandemia, al Gobierno de Donald Trump no le tembló el pulso para secuestrar en alta mar y, posteriormente, subastar la carga de buques de gasolina que tenían como destino Venezuela. 

Por ello, resulta aún más oprobioso que el robo a la empresa petrolera se haya perpetrado con el concurso de personas como Juan Guaidó, Carlos Vecchio, Julio Borges, David Smolanky o Miguel Pizarro, que mientras construían una narrativa de presunta victimización y de lucha por la libertad y la democracia en su país, se hicieron inmensas porciones de la riqueza nacional. 

Lamentablemente, relató, el Gobierno Bolivariano parecía estar consciente de la llegada de «puertas giratorias gringas» a Citgo, pues en junio de 2020, la vicepresidenta Delcy Rodríguez advirtió a la población venezolana y a la prensa: «no crean que nuestros activos financieros que han sido congelados están en cuentas, no. Muchos de ellos ya fueron trasladados a las cuentas de la Reserva Federal». 

Rodríguez demostró que en estas operaciones de saqueo imperialista fue necesaria la cooperación de Juan Guaidó y divulgó un audio en el que se demostraba la vinculación de José Ignacio Hernández y el presidente del Banco Mundial, quienes acordaron actuar en complicidad en perjuicio de los activos de Venezuela.

En esa misma ocasión, la funcionaria aludió a un pacto suscrito entre los dirigentes de la oposición extremista Henry Ramos Allup, Leopoldo López y Juan Guaidó para conspirar contra PDVSA. Ricardo Ramos, hijo de Ramos Allup, hizo parte de la conspiración, que estaba dirigida por Hernández. 

Una vez anunciada la liquidación de Citgo, el Estado venezolano emitió órdenes de captura y congelamiento de cuentas para José Ramón Pocaterra Esparza y Andrés Felipe Yrigoyen Luna, quienes fueron designados ilegítimamente por Guaidó para ejercer funciones directivas en la compañía, razón por la cual el fiscal general de la Nación, Tarek William Saab, anunció que a ambos se les imputan los delitos de conspiración, usurpación de funciones públicas, asociación y obstrucción de la justicia y se les impuso la prohibición de enajenar bienes muebles e inmuebles, así como el bloqueo de cuentas. 

Además, Saab respaldó a la Cancillería, pues indicó que al autoproclamarse presidente encargado, Juan Guaidó impidió a la justicia venezolana ejercer la defensa frente a Crystallex y rechazó la creación de instancias artificiales con las cuales pretendió crearse un Estado paralelo, cuyo propósito era apropiarse de los bienes del país.

En este punto, Pérez Pirela mencionó que en su libro «Del Estado Posible. Crónicas de una revolución», publicado más de una década atrás, advirtió sobre las consecuencias de la creación de un Estado paralelo en Venezuela asociado a la expansión del paramilitarismo. 

En esta caso, acotó, el Estado paralelo no fue creado ni por paramilitares ni por sus jefes, sino por el Gobierno de los Estados Unidos y sus agentes locales, es decir, la organización delincuencial encabezada por Juan Guaidó, que se revistió con las banderas de la defensa de la democracia y la usó como excusa para que gobiernos colonialistas lograran hacerse de cuentas bancarias en divisas que poseía Venezuela en distintos países, que todavía intentan apropiarse del oro venezolano guardado en bancos europeos, al tiempo que garantizaron que se consumara el robo de empresas como Citgo y Monómeros. 

Según el Fiscal General, en esta ocasión aspira que la Interpol colabore en la captura de estas personas para que paguen por los delitos que cometieron, pues en su opinión, son claro ejemplo «de traición a la patria e inmoralidad». 

¿Será Juan Guaidó encarcelado por sus crímenes? Pérez Pirela pregunta y la audiencia responde

En la última sección del programa, Pérez Pirela preguntó a la audiencia si consideraba que Juan Guaidó pagaría por los graves crímenes que cometió, entre los que se cuentan el robo de los activos del país, la firma de un contrato con mercenarios extranjeros para ejecutar una invasión militar, asesinar a miembros prominentes del Gobierno e instalar un régimen tutelado por Washington, el haber protagonizado un intento de golpe de Estado en 2019, el haber conspirado para cometer un magnicidio y haber usurpado la presidencia de la República.

Este último crimen, subrayó, lo sigue cometiendo, pues él y un grupo de exdiputados aprobaron un Estatuto de la Transición para extender ilegalmente su mandato por un año más, si bien el Tribunal Supremo de Justicia declaró nula la reforma al Estatuto de la Transición y reiteró que la Asamblea Nacional saliente cumplió funciones hasta el 4 de enero de 2021. 

Al día siguiente entró en ejercicio otra Asamblea Nacional, en la que, en contraste con su predecesora, priva un consenso en relación con las posiciones de defensa de la nación frente a agresiones externas, reflexionó antes de dejar la palabra a los usuarios. 

Del lado de la audiencia, las opiniones estuvieron divididas, pero, en general, muchos usuarios no son optimistas acerca de un eventual encarcelamiento de Guaidó y para ello apelaron a razones diversas, entre las que se destacan que es sintomático que se emitan órdenes de captura contra sus colaboradores pero no contra él, que el Estado venezolano ha sido demasiado permisivo y que ya otros políticos opositores se han fugado mientras estaban encarcelados por haber violentado la ley de diversas maneras.

Otras personas denunciaron un defase entre el tiempo jurídico y el tiempo político, criticaron que la justicia venezolana actuaba con lentitud e insistieron en que la la Fiscalía contaba con suficientes pruebas para imputarlo, puesto que había cometido delitos en flagrancia. 

De otro lado, hubo quien opinó que era una buena oportunidad para sentar un precedente con este caso y alguien más advirtió que si no se encarcelaba a Guaidó, el Estado venezolano declararía abiertamente su debilidad. 

Finalmente, al ser requerido por la audiencia para expresar su parecer, Pérez Pirela dijo que no quería adelantar nada, porque en dos días el demócrata Joe Biden asumirá la presidencia formalmente en los Estados Unidos y será ese cambio de gobierno el que ayude a responder la pregunta. 

De ese modo, si se abre un compás de negociación, a su parecer, no existe duda que Guaidó estará excluido de ellas, pero será moneda de cambio en el proceso, aunque esté «desinflado», políticamente hablando. 

(LaIguana.TV)

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