A propósito del fallo en el que un juez federal estadounidense ordenó la venta de la compañía venezolana Citgo para saldar una deuda de 1.400 millones de dólares que tiene el Estado venezolano con la minera transnacional canadiense Crystallex, el filósofo, comunicador y analista político Miguel Ángel Pérez Pirela explicó a la audiencia de Desde Donde Sea, los intereses tras esta decisión, que no es más que una excusa de los Estados Unidos para liquidar a la lucrativa empresa por un monto muy inferior a su valor real.

El experto comentó que el «el juez Leonard Stark emitió una orden y concedió la moción de Crystallex para la venta de activos de PDVSA Holding, la matriz de Citgo» y el tinte interesado de la decisión, lesiva del patrimonio venezolano y beneficiosa a los intereses estadounidenses, queda completamente develado con el alegato de Stark, quien dijo: «Cada día que Crystallex no recibe una compensación monetaria a su demanda, es una posible afrenta al sistema judicial estadounidense. Esos días deben llegar pronto a su fin».

A su parecer, esta «marramucia» de la administración Trump «para robar a Venezuela» fue posible gracias al provecho que sacaron de su agente local, Juan Guaidó, puesto que para que la decisión judicial sea efectiva, se requiere «que el Departamento del Tesoro estadounidense apruebe la solicitud de Crystallex de una licencia que permita la venta de los activos de Citgo».

Para Pérez Pirela es indispensable conocer el contexto histórico que hoy le permite al gobierno estadounidense usar a Crystallex como excusa para despojar a Venezuela de su principal activo en el extranjero.

Así, refirió que «la disputa legal entre Crystallex y Venezuela remonta al año 2008, cuando el entonces presidente Hugo Rafael Chávez Frías expropió ‘Las Cristinas’, una mina de oro en el estado Bolívar que estaba a cargo de esta empresa». El caso fue dirimido en la Corte de Arbitraje del Banco Mundial (CIADI) en 2016, que le otorgó la razón a Crystallex en un laudo arbitral por 1.200 millones de dólares, que debían ser cancelados por el Estado venezolano en razón de compensación por la expropiación de «Las Cristinas».

(LaIguana.TV)

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