Este 21 de enero, el jefe de Gobierno de Paraguay, Juan Ernesto Villamayor, fue interpelado por el Congreso de su país, por su participación en una reunión con pseudofuncionarios del gobierno ficticio de Juan Guaidó en la que se pretendió disminuir a la mitad y dejar sin efecto los intereses acumulados de una deuda de Petróleos Paraguayos (Petropar) con Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), a cambio de dinero en efectivo que requería urgentemente Guaidó, según reveló The Washington Post en un extenso reportaje publicado a inicios de enero.

En una entrevista concedida a un medio local antes de su interpelación, Villamayor justificó la fraudulenta transacción contra el patrimonio venezolano, aduciendo que se trataba de un «ahorro» para su país de unos 150 millones de dólares, una oferta que fue aceptada por Javier Troconis, el empresario designado por el exdiputado autoproclamado presidente interino como su representante para «la recuperación de activos» venezolanos en el extranjero, según consta en una carta leída por el funcionario ante las cámaras.

«La República Bolivariana de Venezuela presenta un borrador de acuerdo que tiene otros ítems (…). Al aceptarse la propuesta, ¿qué hacen? Presenta un acuerdo extrajudicial. Este es el borrador que publica el Washington Post y este documento no es aceptado por Paraguay, que también es recibido en el mes de noviembre», completó.

La razón de esta negativa es que, como detalló en su interpelación de este jueves, el caso fue llevado por Venezuela ante un Tribunal Arbitral y al estar «judicializado», no fue posible avanzar en ninguna negociación, pues primero tendría que conseguirse que esa instancia reconociera la «personería jurídica» de Juan Guaidó.

Al ser demandado en el Parlamento por el secretismo del encuentro, el jefe de Gabinete del derechista Mario Abdo Benítez restó importancia al encuentro y dijo que «hubo una única reunión protocolar para recibir la carta del señor Guaidó y la carta del señor Troconis», que se realizó «a pedido del presidente Guaidó, para recibir la carta que el presidente Guaidó le dirige al presidente Mario Abdo Benítez, donde le dice que el señor Troconis tiene como finalidad gestionar activos y el señor Troconis dice: ‘estamos en condiciones de aceptar la propuesta paraguaya'».

Villamayor se mostró aún más evasivo cuando se le exigió responder por sus actos, en función de la evaluación de «la situación interna de la República Bolivariana de Venezuela» y con referencia a una comunicación remitida por Guaidó a The Washington Post el pasado 5 de enero, en la que, de acuerdo con la apreciación del funcionario, se libra a su país de toda responsabilidad.

Para respaldar su alegato, refirió un pasaje del texto enviado por el exparlamentario al diario estadounidense, en que se indica que «es fácilmente comprobable que ningún acuerdo o contrato se celebró y, por ende, no existió ninguna erogación o comisión. Así lo han confirmado públicamente, además, las autoridades del Paraguay».

El trabajo de investigación del Post, construido con base en los testimonios de los empresarios Jorge Reyes y Pedro Antar en contra de Troconis y Fernando Blasi y que fueran comprobadas por el medio a través de otras fuentes, se asevera que este par de pseudofuncionarios pretendió hacerse fraudulentamente, con la venia de Guaidó, de  40.000 millones de dólares desperdigados en deudas por cobrar de PDVSA, propiedades de Venezuela en el Caribe y acciones de empresas mixtas.

Entre otras cosas, el diario denunció que Tronconis pretendió obtener efectivo para el gobierno usurpador, usando como base la deuda de 256 millones de dólares de Petropar con PDVSA y ofreciéndole una comisión de 26 millones de dólares al abogado argentino Sebastián Vidal por encargarse del papeleo, un trato del que Villamayor habría estado completamente al corriente. Según medios paraguayos, Vidal es el representante jurídico de un tío de Abdo Benítez.

El jefe de gabinete centró su intervención en «demostrar» que Troconis y Vidal se conocían desde antes de acudir a la «reunión exploratoria» que tuvo lugar en el Palacio de Gobierno de Asunción el 11 de noviembre de 2019 y que en lugar de haber sido presentados por funcionarios de Paraguay, la presentación habría corrido por cuenta de «diputados venezolanos».

Sobre la supuesta comisión que cobraría Vidal, Villamayor dijo que era cierto que PDVSA –la junta usurpadora designada por Guaidó– le pagaría una «importante» cantidad  de dinero, pero «como honorarios, no como comisión», pues fue la instancia que lo contrató. «Nosotros no tenemos nada que ver con el doctor Vidal, absolutamente nada que ver», enfatizó.

En su criterio, «queda absolutamente demostrado» que la contratación del letrado argentino había sido «anterior a la reunión en Palacio, (…) que existe una carta-oferta de los servicios del doctor Vidal dirigida al presidente Guaidó (…) del día 10 de octubre» y que «el día 1 de noviembre [de 2019], el señor Troconis le confirma al señor Vidal que lo contrata, en base a la nota del día 10».

Bajo este punto de vista, toda la responsabilidad tras este pretendido trato fraudulento, estaría está en manos de Juan Guaidó y sus pseudofuncionarios y a este respecto, Villamayor no dudó en descargarse:

«Se menciona una comisión alta e inusual para el abogado Vidal. Es que no puedo saberlo. En primer lugar, no es comisión, es honorario, de acuerdo a todos los datos. Pero no importa, es que no puedo saberlo porque la contratación sería de PDVSA o de Venezuela, no es nuestra, de modo tal que no participamos de cuánto le van a pagar o cuánto le va a pagar el gobierno de Venezuela al señor Vidal. Eso ya está demostrado», dijo.

El extenso reportaje de The Washington Post vincula a Troconis y a Blasi en un conjunto de operaciones fraudulentas con las que el pseudogobierno de Guaidó habría tratado de hacerse de dineros venezolanos por el orden de los 40.000 millones de dólares, sin que, aparentemente, hayan podido conseguirlo, en buena medida por haber violentado leyes comerciales internacionales y haber sido bloqueados oportunamente por las autoridades de Venezuela.

De otro lado, el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha denunciado que este grupo, en contubernio con los gobiernos de países como Estados Unidos y Colombia, ya consiguió apropiarse de activos de la nación con un valor equivalente entre 20.000 y 40.000 millones de dólares.

(LaIguana.TV)

 

 

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