Juan Ernesto Villamayor, Jefe de Gabinete del Gobierno de Mario Abdo Benítez en Paraguay, fue interpelado este jueves en la Cámara de Diputados del Congreso por su papel en una reunión que sostuvo con Javier Troconis, un pseudofuncionario designado por Juan Guaidó para «la recuperación» de activos del Gobierno de Venezuela en el exterior, en la que se discutió una reducción de la deuda que tiene Petróleos Paraguayos (Petropar) con Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), reportó la agencia EFE.

Esta fuente refiere que Villamayor se vio obligado a responder un cuestionario de 15 preguntas que le fueron entregadas con antelación, tras la trama de corrupción que revelara The Washington Post en la que, además de Troconis, está implicado otro empresario ligado a Guaidó, Fernando Blasi.

Los tratos truculentos de Blasi y Troconis alcanzan los 40.000 millones de dólares, según la información aportada por los también empresarios Jorge Reyes y Pedro Antar al rotativo estadounidense y que fuera comprobada a través de otras fuentes antes de publicar el extenso trabajo periodístico, en el que también se asevera que la motivación del autoproclamado presidente interino para poner en marcha esta operación de expolio de activos, fue su necesidad de efectivo.

Entonces, los «empresarios» devenidos en «funcionarios» del pseudogobierno, le presentaron al exdiputado un plan de incautación de los recursos del Estado, que implicaba apoderarse de acciones de compañías, casas y automóviles de lujo en el Caribe, así como el cobro de deudas pendientes de PDVSA.

Es en este punto donde aparece Villamayor, pues se reunió con Troconis y acordaron la condonación de la mitad de la deuda de 269 millones de dólares que tiene Paraguay con la estatal petrolera venezolana, más una comisión de 26 millones de dólares en beneficio del abogado argentino Sebastián Vidal, quien estaría a cargo de la transacción. 

El Jefe de Gabinete paraguayo admitió que la reunión tuvo lugar en el Palacio de Gobierno de Asunción el 11 de noviembre de 2019, pero dijo que «fue exploratoria y de cara a la posibilidad de un acuerdo sobre la deuda de la paraguaya Petropar a la venezolana PDVSA» y que «en esa ocasión se habló de un preacuerdo a través del cual Paraguay tendría una salida ventajosa con la deuda (…) y que le hubiera deparado un ahorro de 160 millones de dólares, pagándola al contado sin intereses y otros conceptos punitivos», sintetiza EFE.

La agencia española precisa que la deuda se remonta a un convenio bilateral suscrito entre los gobiernos del presidente Hugo Chávez y Fernando Lugo en 2009, pero en 2011,»se estableció un cronograma de refinanciación» en el que se incrementó la tasa de interés del 2% al 4% y se estableció un fideicomiso en un banco de Bahamas, lo que, según Paraguay, «se sale del convenio de Caracas» de 2009 y ha sido la excusa esgrimida para no honrar la deuda, tras el derrocamiento de Lugo en 2012.

Desde el punto de vista de Venezuela, de haberse concretado esta acción, se habría sumado a la larga lista de latrocinios cometidos por Juan Guaidó y sus funcionarios usurpadores, que en un par de años han despojado a la República de entre 20.000 y 40.000 millones de dólares, de acuerdo con estimaciones del Gobierno Bolivariano.

Empero, Villamayor aseguró que las transacciones no pudieron avanzar, puesto que el caso se dirime en el Tribunal Internacional de Comercio, instancia a la que Venezuela llevó la disputa en 2016 y antes se requeriría que se «reconozca la personería jurídica del señor Guaidó».

En su interpelación, el funcionario se deslindó de la coima acordada para Vidal, aduciendo que el abogado había sido contratado «por el gobierno de Venezuela» –el usurpado por Guaidó, que es el que reconoce el del derechista Abdo Benítez– y que los 26 millones de dólares habrían correspondido al pago de «honorarios, no por comisión». Como «prueba»  mostró un correo electrónico en el que Troconis «acepta los servicios jurídicos del señor Vidal», fechado un mes antes de la reunión en Asunción.

A lo interno de Paraguay, la publicación del extenso reportaje de The Washington Post causó inmenso revuelo, incluso dentro de un ala del gobernante Partido Colorado y de allí la interpelación a la que fue sometido el alto funcionario, que si bien no tiene carácter vinculante, puede sentar un precedente para que quienes se oponen al actual gobierno emprendan acciones más contundentes.

En ese sentido, el pasado 12 de enero, congresistas del Frente Guasú, una de las fracciones de izquierda más importantes en Paraguay, exigieron al Legislativo iniciar un juicio político contra el presidente de ese país, Mario Abdo Benítez, debido a los tratos ocultos que pretendió ejecutar con los personeros de Guaidó.

En un comunicado, el Frente Guasú cuestionó a Abdo Benítez por intentar «desentenderse» de los escándalos de corrupción «como si él no supiera nada de lo que sucede en el ámbito de las carteras y órganos de Estado» y demandó a los partidos «con representación legislativa a no ser cómplices de estos nuevos escándalos de entrega, corrupción e impunidad» e iniciar los pasos que conduzcan al enjuiciamiento del presidente, a quien le atribuyen la principal responsabilidad en el caso.

(LaIguana.TV)

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