¿Por qué países con alta migración ahora atacan a venezolanos? Pérez Pirela explica la xenofobia

A propósito de la más reciente acción xenófoba desplegada por el gobierno de Francisco Sagasti en contra de los migrantes venezolanos, que implicó el envío de 1.200 efectivos del Ejército y 25 carros de guerra blindados a su frontera con Ecuador para repelerlos a balazos, el filósofo, comunicador y analista político Miguel Ángel Pérez Pirela expuso ante la audiencia de Desde Donde Sea las razones reales tras esta política, que con variaciones, también ha sido adelantada por gobiernos hostiles como el colombiano. 

 

Adicionalmente, ofreció un mapa de los movimientos migratorios en América Latina, Estados Unidos y la Unión Europea en el contexto de la pandemia, en el que a contrapelo de la narrativa que se posiciona desde los grandes medios y refrendan instituciones como la Agencia de las Naciones Unidas para los refugiados (Acnur), se demuestra que los flujos de migrantes no se han detenido y que los venezolanos no son los únicos que se desplazan. 

 

 

En opinión de Miguel Ángel Pérez Pirela, la actuación del gobierno peruano para con los migrantes venezolanos es simplemente inaceptable y constituye una franca violación a los derechos humanos. 

 

Así, puntualizó que esa nación que está sumida en el caos y la anarquía política, amén de haber manejado pésimamente la crisis del coronavirus, hoy reniega de su tradición migratoria y de sus nexos históricos con Venezuela y adelanta una política xenófoba que inclusive, de acuerdo con videos que circulan a través de las redes sociales, implicó la descarga de balas sobre un pequeño grupo de venezolanos que intentaban cruzar la frontera procedentes de Ecuador, incluidos niños y ancianos. 

 

En su opinión, el gobierno de Perú está tratando de tapar sus desgracias políticas y sanitarias, achacándoselas a los migrantes venezolanos, pues si bien ese país, como todos los demás, tiene el derecho de impedir el paso de extranjeros a su territorio, no se justifica en modo alguno que sean tratados como una fuerza militar invasora y se vete su ingreso con el uso de armamento de guerra. 

 

El experto apuntó que las Fuerzas Armadas del Perú anunciaron del «operativo» para impedir la llegada de venezolanos a través de su cuenta en Twitter y para ello, informaron que enviarían 1.200 efectivos militares y 25 unidades blindadas a su frontera con Ecuador. 

 

Según la triangulación hecha sobre los audiovisuales que circularon por las redes sociales en los que se mostró al Ejército disparándole a los migrantes, la agresión se produjo en la población fronteriza de Aguas Verdes, sin que se hayan reportado oficialmente heridos ni fallecidos. 

 

En esta actuación de corte fascista emprendida por el ejército peruano, tiene responsabilidad el exdiputado Julio Borges, quien desde su pretendido cargo de canciller en el gobierno usurpador de Juan Guaidó, calificó a sus compatriotas como «una plaga» y otorgó razón a medidas de abierto tinte xenófobo que adelantaron las administraciones del entonces presidente Martín Vizcarra y de Iván Duque. 

 

Desde su punto de vista, también instituciones como Acnur o políticos de la extrema derecha venezolana –Leopoldo López, Juan Guaidó y Antonio Ledezma, por citar algunos– son corresponsables de lo sucedido, toda vez que, apoyados por la prensa cartelizada, han pretendido vender la falsa idea que Venezuela es un país desahuciado y que en cualquier sitio se vive mejor. 

 

Para desmentir esto, hizo referencia a lo publicado por el portal colombiano Pulzo, que asegura que Colombia es uno de los peores países para vivir durante la pandemia, ello sin considerar que esa nación vive el inicio de año más violento desde 2016, que las masacres se han multiplicado durante los últimos meses y que un niño de 11 años fue amenazado de muerte por ser ambientalista. 

 

Por otro lado, también recordó que la mayor parte de las personas que ha abandonado el país durante los últimos años, se ha visto forzada a hacerlo por las consecuencias del bloqueo y las sanciones económicas sobre los salarios y las condiciones de vida. 

 

Así, en este momento, tras el fracaso de la promoción de la salida de migrantes de Venezuela para, en su nombre, concretar una intervención armada y derrocar al gobierno de Nicolás Maduro, los migrantes venezolanos son usados como moneda de cambio por Estados Unidos, la UE y los gobiernos de América Latina que teledirige Washington. 

 

El fallo en esta estrategia explicaría el por qué, aún habiéndoles utilizado ampliamente, dirigentes políticos y presidentes de la región alineados a Estados Unidos, optaron por dejar a los migrantes a su suerte e inclusive, hoy se abocan en perseguirlos.

 

Desde el punto de vista histórico, el también director de LaIguana.TV resaltó que este trato inhumano que hoy ofrecen países como Perú o Colombia a los venezolanos, contrasta con el que le fuera ofrecido a los migrantes latinoamericanos y europeos en Venezuela, que recalaron en el país en varias oleadas migratorias, al huir de la guerra y de las duras condiciones económicas que había en sus naciones. 

 

La conducta de culpar a los migrantes de las desgracias y las crisis sociales o de desviar la atención del público hacia ellos para ocultarlas, no es original de estos predios, acotó, puesto que las naciones europeas han apelado a una narrativa similar, pero con los migrantes africanos, que se ven forzados a abandonar sus países y emprender el camino hacia Europa, gracias a las guerras de la OTAN. 

 

 

Pérez Pirela considera que los gobiernos que a inicios de marzo de 2020 apostaron por un colapso sanitario en Venezuela, como Colombia, Ecuador, Brasil, Perú o Chile, hoy están enervados por que este país, a pesar de estar bloqueado y sancionado, ha sido capaz de contener el avance de la pandemia y reporta una cantidad de infectados y fallecidos notablemente menor, independientemente del discurso que intentan imponer algunos actores políticos, pues los fallecidos en masa no se pueden ocultar. 

 

A ese respecto, relató que con 33 millones de habitantes, Perú reportó cerca de 1,1 millones de contagiados y casi 40.000 fallecidos, lo que obligó al gobierno a imponer medidas de confinamiento extremo en 12 regiones, pues no hay camas disponibles en las unidades de cuidados intensivo para atender a los casos graves y durante las últimas semanas, las hospitalizaciones se han multiplicado. 

 

Adicionalmente, en estos sitios se limitarán todos los desplazamientos, menos para las tiendas de abasto, que tendrán aforo de 40% y se suspenderá el transporte interprovincial. También entrará en vigor un toque de queda entre las 10:00 pm y las 4:00 am, se restringirá el uso de vehículos particulares el fin de semana y se mantendrán restricciones de vuelos internacionales procedentes de Europa y Brasil. 

 

Si se considera la cantidad de personas que oficialmente han contraído COVID-19, Cifras de la Johns Hopkins University, indican que Colombia ocupa el 12º puesto a nivel mundial, Perú el 19º –1.107.863– y muchas posiciones atrás, Venezuela, con 124.525, exhibiendo una de las cifras más bajas de la región, tanto en términos absolutos como en términos relativos. 

 

Algo similar sucede, indicó el experto, cuando se consultan las cifras de fallecidos computadas oficialmente. Desde el inicio de la pandemia, en Colombia han fallecido por coronavirus 52.523 muertos (12º posición en el mundo) y en Perú, 40.107 (puesto 15), mientras que en Venezuela se han registrado 1.519, una cifra evidentemente mucho menor. 

 

Sin embargo, mientras Colombia o Perú son presentados como países «buenos» porque lo dicen cadenas como CNN, políticos o instituciones alineadas con el discurso de la crisis humanitaria presuntamente ocasionada por «la dictadura de Nicolás Maduro», al revisar las cifras de la Johns Hopkins University, se aprecia otra realidad, reflexionó. 

 

 

De acuerdo con un trabajo de France24 consultado por Pérez Pirela para la emisión, a inicios de marzo de 2020, los gobiernos de Ecuador y Perú anunciaron –como casi todos los países de la región– el cierre de sus fronteras para contener el avance de la pandemia. 

 

En enero de 2021, citando a las fuerzas armadas de esos países, la agencia asegura que se destruyeron 11 pasos ilegales, tanto de personas como para vehículos, que eran principalmente utilizados por migrantes, venezolanos en su mayoría, que pretenden quedarse en Perú o seguir a otras naciones, como Argentina o Chile. 

 

A este respecto, el analista venezolano recordó que cuando se trata de medir a los migrantes colombianos, ecuatorianos y peruanos que residen en Venezuela, la mayor parte de Organizaciones No Gubernamentales que se dedican a divulgar estas cifras, suelen reducirlas; mientras que cuando se trata de la migración venezolana, las exageran abiertamente, una práctica que replica la vocería adversa a Maduro dentro y fuera del país. 

 

En un contexto más amplio, a su parecer, es indispensable considerar que la pandemia impuso restricciones a la movilidad de los ciudadanos en todo el mundo, pero las desigualdades existentes, obligan a formularse estas preguntas: » 1) ¿Cómo confinarse sin techo? 2) ¿Cómo se evita el contagio si se vive en un campamento de refugiados en Europa? y, 3) ¿Debe imponerse el desarrollo económico o la preservación de la vida?».

 

Sobre esto último, destacó que aquellas naciones que habían optado por priorizar su economía –es el caso de Colombia y Perú, por ejemplo–, hoy padecen los estragos de la COVID-19, con cifras alarmantes de casos positivos y de fallecidos, deben lidiar con el colapso de sus sistemas de salud y no les ha quedado otro remedio que imponer confinamientos estrictos, aunque sin ofrecer ninguna ayuda económica los más vulnerables. 

 

De esta manera, en América Latina, la pandemia agravó las precarias condiciones en las que se encuentran los venezolanos fuera de su país. El cierre de comercios, dejó sin empleo a miles de ellos, que en su mayoría se dedican a actividades informales.

 

Ante la falta de respuesta de los gobiernos de los países de acogida, más de 130.000 han retornado en masa a Venezuela, destacándose que el gobierno de Iván Duque en Colombia habilitó cerca de 1.200 autobuses para trasladarlos a la frontera común, si bien luego se comprobó que en esas unidades había coronavirus. 

 

De su lado, la Acnur, una instancia de primer orden en la construcción del relato sobre la «crisis migratoria» de los venezolanos, informó que entre 500 y 700 personas intentan cruzar diariamente hacia Colombia procedentes de Venezuela.  

 

Subiendo hacia Centroamérica, comentó el comunicador, recientemente se reactivaron las caravanas de migrantes y según la Organización Internacional para las Migraciones, 60% de las personas que pensaban migrar desde Centroamérica y México hacia los Estados Unidos, suspendieron sus planes por la pandemia, pero sólo cerca del 20% de quienes estaban en la ruta, decidieron volver a sus países de origen, lo que permite concluir que el flujo nunca cesó.

 

En los Estados Unidos, grupos de derechos humanos abogan por la mejora de las condiciones de vida de  los migrantes y le han pedido al recién instalado gobierno de Biden que emita órdenes ejecutivas para proteger a ciertos grupos, al tiempo que el Congreso ya debate la propuesta de reforma migratoria presentada por el mandatario. 

 

Esas fuentes indican que en el estado de Texas residen 1,7 millones de migrantes indocumentados, incluidos 1,2 millones de mexicanos, que, de ser aprobada la reforma migratoria, podrán acceder a un estatus temporal por 5 años y luego podrían solicitar la ‘Green Card’ o la residencia permanente, de superar la investigación de antecedentes y la comprobación del pago de impuestos.

 

Al otro lado del Atlántico, los países de la UE, que tanto insisten en hablar de la vulnerabilidad de los migrantes venezolanos, impusieron el cierre de fronteras en las primeras semanas de la pandemia, incluyendo las marítimas, y naciones como Grecia e Italia bloquearon los trámites de petición de asilo. 

 

Por si ello no bastara, la travesía de pateras en el Mediterráneo en las tres principales rutas, dejó 1.093 muertos, de un universo de más de 83.000 personas que optaron por hacer la travesía. 

 

A consecuencia del bloqueo marítimo y de un dudoso incumplimiento de condiciones de seguridad que el bloque impuso como condición, Organizaciones No Gubernamentales dedicadas al rescate de migrantes en el Mediterráneo y su traslado a puertos seguros, no pudieron cumplir con sus labores, lo que explica la cifra de fallecidos en alta mar. 

 

Para concluir el inventario de hipocresías y atrocidades, Pérez Pirela mencionó que recientemente fue reactivada una de las rutas más peligrosas de tránsito de migrantes desde África hasta territorios de la UE.

 

El paso, que es usado por migrantes de países como Marruecos o Senegal, que no tienen acceso a los visados para ingresar legalmente al bloque, parte del oeste africano hasta las Islas Canarias. En este caso, la respuesta del gobierno de España fue la violación de los derechos de las personas que lograron arribar a su territorio y su posterior deportación. 

 

 

El pasado mes de diciembre, recordó el experto, el presidente de Colombia, Iván Duque, anunció que excluirá de los planes de inmunización que ha previsto implementar su país con las vacunas de Pfizer y AstraZeneca a los venezolanos que residen irregularmente en territorio colombiano, con el argumento que se priorizará a los nacionales. 

 

Dando por válidas las cuestionables cifras de Migración Colombia, la decisión de Duque dejaría sin acceso a la vacuna a 946.106 venezolanos, aproximadamente el 55% de todos los que viven en ese país. 

 

La postura xenófoba del gobernante ha sido criticada incluso por personajes abiertamente opuestos al gobierno del presidente Nicolás Maduro, como es el caso del expresidente conservador Andrés Pastrana, quien reprochó a Duque su decisión, aduciendo que además de cruel, ponía en riesgo la salud de sus compatriotas. 

 

Esto contrasta, además, con la política de inmunización que implementará Venezuela, cuyo gobierno anunció que vacunará gratuitamente a toda la población, independientemente de su nacionalidad o estatus migratorio.

 

Por otra parte, las sociedades europeas, que ansían encontrar «seguridad» alejando a los migrantes de sus excolonias o de naciones devastadas por las guerras que sus gobiernos han promovido o apoyado, son las mismas que buscan atraer personal sanitario, en medio de la crisis generada por la pandemia.

 

Por ejemplo, el Reino Unido extendió automáticamente por un año, las visas de todos los médicos y enfermeros que vencían el pasado 1 de octubre y en Alemania se espera la adopción de una política migratoria más flexible, puesto que los creadores de la vacuna de Pfizer-BioNTech, son hijos de la migración turca.

 

De su lado, el Consejo Bioético de la UE exigió un acceso equitativo a la inmunización dentro de su jurisdicción, pero pese a este exhorto, hasta ahora, los países del bloque comunitario han vacunado a cientos de miles de personas en su conjunto, sin que eso implique un porcentaje realmente alto ni esté cerca de las metas previstas.

 

Para concluir, refirió el caso de Alemania, que aún siendo el país con mayor cantidad de dosis aplicadas dentro de la Unión, desde el pasado 4 de enero, apenas ha vacunado a 265.000 personas, una cantidad que se aleja ostensiblemente de los 1,3 millones que habían prometido las autoridades durante el primer mes.