Dilma Rousseff, una presidenta de gran ascendiente popular, fue expulsada de su cargo mediante subterfugios jurídicos avalados luego por un complot parlamentario.
Luiz Inácio Lula Da Silva, el hombre que revolucionó a Brasil y estaba listo para volver a gobernarlo, fue sacado del juego electoral sin ni siquiera tomarse la molestia de hacer en su contra un buen montaje tribunalicio.
En Argentina, las fauces judiciales se ciernen sobre Cristina Fernández de Kirchner.
En Ecuador se está arreglando el tinglado para juzgar y condenar a Rafael Correa.
Fuera del ámbito latinoamericano, la presión independentista de Cataluña termina convertida en un asunto de jueces y abogados, en detrimento de las consultas populares.
Todo indica que estamos ante un fenómeno de alcance global. En el juego de la política, el capitalismo hegemónico utiliza a fondo un factor que puede controlar porque no depende del voto popular: el Poder Judicial. Los jueces y otros integrantes del sistema de justicia terminan tomando decisiones que tuercen el destino de los países, mientras los pueblos asisten a la función en calidad de simples mirones de palo.
La judicialización es un recurso drástico. Cuando la derecha controla el Poder Legislativo, opta por los golpes parlamentarios, tal como ocurrió con Fernando Lugo, en Paraguay y con Manuel Zelaya, en Honduras. O bien utiliza los Congresos para darle un tono de representatividad popular a decisiones judiciales ya tomadas, como ocurrió con Rousseff en Brasil.
Finalmente, cuando controla el poder militar, recurre a la receta del golpe de Estado clásico, de los cuales hay ejemplos para regalar en la historia latinoamericana, incluyendo el que se perpetró en Venezuela hace 16 años, que tuvo además componentes mediáticos muy pesados.
Judicialización mala, judicialización buena
Desde hace algún tiempo se viene hablando de la “judicialización” de la política. De hecho, los dirigentes de la derecha, las falsas ONG de derechos humanos y la prensa hegemónica han acusado reiteradamente de “judicializar la política” a los Gobiernos progresistas.
Como siempre, el primer lugar en entre los señalados lo ha ocupado Venezuela, especialmente por los procesos penales abiertos contra dirigentes opositores que han participado en acciones violentas, y por las sentencias que tomó la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia frente a un evidente conflicto entre poderes.
Cuando el fenómeno de la judicialización ocurre en países con Gobiernos rebeldes, se le tilda de falta de separación de poderes, de dictadura del Poder Ejecutivo.
En cambio, cuando el Poder Judicial toma protagonismo en países bajo control de la derecha (como está ocurriendo ahora mismo en Brasil, Argentina, Ecuador y España) se le presenta como todo lo contrario: demostraciones de independencia entre poderes.
Ruta sin retorno
Lo que parece estar ocurriendo ahora es que las oligarquías y sus jefes imperiales han tomado de manera definitiva e irreversible la senda de la judicialización.
La intervención de los procesos políticos se usa en dos situaciones diferentes, aunque con el mismo fin.
En primer lugar, si se presentan las condiciones, el mecanismo sirve para sacar del poder a presidentes que no siguen a pie juntillas las líneas del imperialismo y las oligarquías. Tal fue el caso de Rousseff, a quien se le procesó por supuesto maquillaje de cuentas fiscales y aplicación de planes económicos sin aprobación del Congreso.
El vicepresidente Michel Temer asumió el cargo, desarticuló todos los programas sociales que habían impulsado Lula y Rousseff y ha implantado viejas prácticas políticas, como la militarización de las favelas y el asesinato sistemático de líderes sociales. El aparato judicial que fue tan eficaz en contra de la expresidenta se ha hecho de la vista gorda en el caso de Temer, sobre quien pesan señalamientos mucho más graves (principalmente en asuntos de corrupción) que los que se esgrimieron contra Rousseff.
La segunda utilidad de la judicialización para las fuerzas de la derecha es evitar que puedan volver al Gobierno movimientos o líderes políticos progresistas que, por una u otra razón, han sido desplazados del poder. Tal es el caso, actualmente en desarrollo, de Lula da Silva en Brasil, encarcelado mediante un proceso amañado en el que ni siquiera se han cuidado las formas más elementales.
En esa misma situación se encuentran tanto Cristina Fernández de Kirchner en Argentina como Rafael Correa en Ecuador. La expresidenta salió del poder por la vía electoral, luego de una campaña en la que la derecha explotó el agotamiento del pueblo respecto al kirchnerismo. Poco tiempo ha bastado para que la mayoría de la población entienda que fue una gran equivocación devolverle el poder a los sectores más conservadores del país. Conscientes de que la izquierda tiene todas las posibilidades de retornar, se han desatado todos los demonios ante la principal contrafigura del presidente neoliberal Mauricio Macri. Tres procesos judiciales diferentes se han abierto hasta ahora y si Fernández de Kirchner no está en prisión aún es porque las fuerzas políticas del Parlamento han optado (cada una por sus propios motivos) por frenar la medida.
Mientras tanto, en Ecuador, Rafael Correa salió triunfalmente del Gobierno, dejándolo en manos de Lenin Moreno, un hombre que supuestamente iba a mantener en vigor las grandes líneas de la Revolución Ciudadana. Pero resultó ser un infiltrado de las fuerzas hegemónicas que muy rápidamente ha emprendido la tarea de destruir el liderazgo de Correa, de modo que no pueda volver a ser presidente. Como eso no es posible en el terreno político, ya que Correa es un fenómeno de popularidad, se ha optado por someterlo a las vías judiciales, en este caso con el argumento de irregularidades en la contratación de deuda externa.
Intento con Venezuela: el TSJ en el exilio
La judicialización puede intentarse inclusive cuando no se controla el Poder Judicial de un país. ¿Cómo? Lo estamos viendo en el caso venezolano mediante la utilización de las insólitas figuras de “magistrados” del Tribunal Supremo en el exilio y la “fiscal general” en el exilio.
En los últimos días, esta aberración se ha utilizado con intensidad. Los “magistrados”, reunidos en un salón del Senado de Colombia, recibieron la querella de la “fiscal” en contra del presidente de la República, Nicolás Maduro, por presuntos delitos de corrupción. Lo citaron para que compareciera a defenderse en Bogotá (un absurdo mayúsculo) y luego decidieron declarar con lugar el supuesto y muy sumario “antejuicio de mérito” por lo que ordenaron a la Asamblea Nacional que lo separe del cargo. También designaron a António Ledezma como presidente en el exilio.
Estas supuestas autoridades, emanadas de un Poder Judicial paralelo, han ordenado que el presidente Maduro sea detenido.
El asunto luce esperpéntico, pero no hace más que seguir, con los recursos que tienen a mano, la estrategia de la judicialización, tomando en cuenta que luego este tipo de medidas, por disparatadas que luzcan ahora, pueden ser avaladas por la llamada “comunidad internacional”, es decir, por los Gobiernos abiertamente enemigos del venezolano.
(LaIguana.TV)
Van a por todo. A Dilma la destituyeron por un pedaleo fiscal habitual en finanzas públicas; a Lula lo meten en la cárcel sin prueba; a Cristina la juzgan por la política cambiaria del dólar futuro; y ahora a por Correa por manejo de deuda. Se judicializó la política sin retorno!
— Alfredo Serrano Manc (@alfreserramanci) 9 de abril de 2018
