La Coordinación Colombia Europa Estados Unidos y el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, manifestaron no estar de acuerdo con lo anunciado por el mandatario, de darle vida a la estrategia interinstitucional de unificación de información sobre crímenes de defensores de derechos humanos.
Los defensores de derechos humanos consideran que la unificación de las cifras más que significar un avance para la protección de líderes sociales, implica un grave retroceso en materia de las herramientas que el Estado colombiano, al subordinar la autonomía del Ministerio Público al Ejecutivo.
En la reunión que lideró Duque y en la que participó el fiscal Francisco Barbosa, la procuradora Margarita Cabello y el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, se detalló que será el ente acusador, quien determiné quién es y quién no un líder social. Barbosa señaló que solo la fiscalía tiene potestad para definir quién es y quién no es un líder social.
Ante el panorama que se avecina con la entrada en rigor de esta nueva metodología, las organizaciones de Derechos Humanos argumentan que la Fiscalía ostenta la menor cantidad de información en comparación con otras recopilaciones como la realizada por la Defensoría del Pueblo, mediante el Sistema de Alertas Tempranas, o las desarrolladas por múltiples organizaciones de la sociedad civil.
Según Camilo Gozález Posso, se trata de una treta para aplacar las críticas de la comunidad internacional.
(Sputnik)
