El equipo de fiscales que investiga la muerte de Diego Maradona le informó al psicológo del astro, Carlos Díaz; a la última enfermera que lo atendió, Gisella Madrid, y al último enfermero que también estuvo a su cuidado, Ricardo Almirón, que están imputados en la causa, lo que significa que son sospechosos de negligencia y tienen derecho a designar un abogado para que acceda a la causa.

La imputación se concretó después de un larguísimo análisis de los mensajes, audios de Whatsapp y otros elementos que le permitieron a los fiscales acceder a los intercambios entre todos los que se ocupaban de Maradona en la vivienda del Tigre, donde finalmente falleció.

La imputación a Díaz y los dos enfermeros, Madrid y Almirón, está vinculada con que Maradona -según los fiscales- no estaba tratado de forma adecuada en lo psicológico y que los enfermeros ponían en los informes controles que en verdad no realizaban. Por supuesto que está el argumento de que Maradona no les permitía hacer ese control, pero lo concreto es que eso sucede con muchísimos pacientes y, de todas maneras, la responsabilidad de los profesionales es cumplir con su obligación de controlar. Como ya anticipó Página/12, hay audios en los que se consigna que «Diego lleva dos días durmiendo», sin que se activara ninguna alarma.

Notificada la imputación, cada uno de los imputados tiene derecho a designar abogado y acceder a la causa. Allí verán los entrecruzamientos, las transcripciones de mensajes y audios, que son la base de la acusación. Pero, más importante que eso es que podrán designar, si lo desean, perito de parte en la junta médica que, en principio, se realizará a fin de mes. En esa junta se evaluará si hubo o no negligencia.

Los fiscales Laura Capra, Cosme Irribarren y Patricio Ferrari, coordinados por el fiscal general John Broyard, no definieron todavía el posible delito. Se menciona homicidio culposo, o sea provocar una muerte por negligencia, pero también abandono de persona, que consiste en “poner en peligro la vida o la salud de otro, colocándolo en situación de desamparo”. El requisito es que quien comete el abandono de persona sea quien está a cargo, lo que se denomina el garante. En este caso, las personas apuntadas son el médico Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov, que eran indudablemente los que estaban a cargo. Si el abandono deriva en la muerte, la pena puede ser de cinco a 15 años de prisión. Este último delito será difícil de imputar en el caso del Diez porque de alguna manera estaba rodeado, pero los fiscales no lo descartan.

Uno de los puntos clave es la medicación. El doctor Alfredo Cahe sostuvo, por ejemplo, que “le exprimió el corazón”. En otras palabras, que lo que le suministraban a Maradona estaba contraindicado para sus afecciones cardíacas. En las últimas horas se menciona que Luque denunciará a Cahe por falso testimonio, alegando que muchas de las afirmaciones del veterano médico no están consignadas en las historias clínicas.

Ese es un punto en el que están trabajando los fiscales. Ya tienen gran parte de las historias clínicas, incluyendo todas las últimas –Clínica Olivos, el sanatorio Ipensa de La Plata–, pero también cuando estuvo en el Instituto Fleni después del episodio dramático de Punta del Este, en el Sanatorio Güemes, en 2007 y en varias oportunidades en la clínicaLos Arcos. Todo ese material será parte de lo que evaluará la junta médica.

Hay elementos que los fiscales consideran evidentes: Maradona tenía un proceso de retención de líquido, letal para cualquier persona con problemas coronarios. La retención se notaba a primera vista y no produjo ningún cambio de medicación o de tratamiento. La palabra final seguramente estará en la junta médica, pero para los fiscales está claro que, como dijo el doctor Cahe, «la muerte de Maradona era evitable».

(Página 12)

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