La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dijo que tomó nota de las inhabilitaciones a los 28 exfuncionarios del Estado venezolano que resultaron sancionados por la Contraloría General de la República, al negarse a presentar la declaración jurada de patrimonio o lo que es equivalente a decir que se niegan a hacer de conocimiento público los bienes y riquezas personales que ostentan en la actualidad tras formar parte del Poder Legislativo entre los años 2015 y 2020.

Sin embargo, la CIDH dice en su Twitter que el “Estado venezolano fue condenado en el 2011 por inhabilitar funcionarios y dirigentes políticos», pero no explica por qué razón; y en ese sentido añaden que ordenaron adoptar disposiciones de derecho interno para evitar su repetición.

Además, agrega el órgano, que no hace referencia a las sanciones legales que le acarrea a un funcionario público no presentar la declaración jurada de patrimonio, que “de acuerdo con los estándares interamericanos de DDHH, un órgano administrativo no puede aplicar sanción que implique restricción al ejercicio de los derechos políticos a elegir y ser elegida/o».

El pasado martes, el Contralor General de la República, Elvis Amoroso, anunció que 28 exfuncionarios del Poder Legislativo quedaron inhabilitados para ejercer cargos públicos por negarse a suministrar información jurada sobre su patrimonio. 

En la lista están: Marco Quiñones, Armando Armas, Julio Montoya, Ismael García, Mariela Magallanes, Antonio Geara, Américo De Grazia, Carlos Berrizbeitia, Juan Miguel Matheus, Richard Blanco Cabrera. También Rafael Veloz, Tomás Guanipa, Luis Florido, Germán Ferrer, Jesús Alexis Paparoni, Carlos Paparoni, Freddy Guevara, Juan Andrés Mejía, Julio Borges, Francop Casella, Gaby Arellano. Además, Renzo Prieto, Sergio Vergara, Carlos Valero, Winston Flores Gómez, Juan Pablo Guanipa, José Manuel Olivares y Juan Guaidó. 

(LaIguana.TV) 

 

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