América Latina, la región más desigual del planeta y una de las más golpeadas por la pandemia, está nuevamente en el foco de la opinión pública, tras develarse una sucesión de escándalos relacionados con la administración de vacunas contra la COVID-19.
De acuerdo con un trabajo periodístico publicado por la agencia rusa RT, «los procesos de vacunación contra el coronavirus se han visto empañados en América Latina por una serie de actos que han generado fuertes críticas contra políticos e instituciones del Estado, que ya tienen un muy bajo nivel de confianza por parte de la población», en un contexto, donde, además, escasean las vacunas.
Los incidentes reportados, principalmente han salpicado a altos funcionarios y exfuncionarios de los gobiernos de Ecuador, Perú, Chile Argentina y Brasil y están relacionados con el tráfico de influencias.
El caso que inauguró el concepto de ‘vacunagate’ sucedió en Perú. Una investigación reveló que unas 500 personas, entre funcionarios y sus allegados, habían recibido inmunización contra el coronavirus antes de que les hubiera correspondido, incluso el expresidente Martín Vizcarra y su esposa.
En un reporte de France24 se refiere que tras la polvareda, Vizcarra intentó defenderse aseverando que había formado parte de los ensayos clínicos de la vacuna de Sinopharm, pero fue desmentido por la Universidad Cayetano Heredia, que dirigió esa investigación. «Frente a esta indefendible situación, dejaron sus cargos la ministra de Salud y la de Relaciones Exteriores», añade RT.
Es el caso de Ecuador, el último exministro de Salud de Lenín Moreno, Juan Carlos Zevallos, quien además estaba a cargo de la inmunización en el país, fue acusado de administrar la vacuna a sus familiares, dejando de lado a los grupos de riesgo que deberían haber sido vacunados en primer lugar.
Descubierto, Zevallos se vio obligado a dimitir y abandonó el país, rumbo a Miami (EEUU), según reportes de medios ecuatorianos. Las autoridades anunciaron que se desarrolla una investigación.
En el Chile de Sebastián Piñera también se investiga un caso semejante, pero de proporciones mucho más grandes. Según lo compilado por la agencia rusa, «allá son cerca de 37.000 las personas, incluyendo políticos y famosos del espectáculo, que habrían accedido a una vacuna antes de tiempo, es decir, primero que las personas mayores de 60 años y los enfermos crónicos, que era la población atendida para el momento en que se descubrió el supuesto escándalo».
En Brasil, las denuncias no están referidas solamente al tráfico de influencias, sino que incluyen la falsa administración de vacunas. Videos difundidos en las redes sociales «muestran a personas de la tercera edad al momento de ser vacunadas con jeringas vacías, sin nada en su interior», en lo que se ha dado llamar «vacunas de aire».
Además, medios locales han informado de personas que se han saltado el turno de vacunación en al menos seis estados. Estos casos, indican, estarían bajo investigación de las fiscalías locales.
Por último está el escándalo conocido como «vacunatorios VIP», que puso bajo la lupa al gobierno de Alberto Fernández en Argentina, pues periodistas y políticos cercanos al gobierno, así como algunos de sus familiares fueron vacunados anticipadamente, sin que existiera justificación alguna para ello.
A lo anterior se añade que, según una investigación periodística a cargo de The Bureau of Investigative Journalism y Ojo Público, la farmacéutica Pfizer habría impuesto como condición a los gobiernos de América Latina para venderles las codiciadas dosis, que ofrecieran como garantía sus activos soberanos: embajadas, bases militares y hasta sus reservas internacionales.
De su lado, la Organización Mundial de la Salud (OMS) denunció que «el mundo está al borde de un fracaso moral catastrófico», pues el acceso equitativo a las vacunas no está garantizado.
«Más de 39 millones de dosis de vacunas han sido administradas en al menos 49 países con ingresos más altos. Solo 25 dosis han sido dadas en un país de bajos ingresos. No 25 millones, ni 25 mil: veinticinco», dijo Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, durante una reunión virtual del ente celebrada a mediados de enero.
(LaIguana.TV)
