Este 15 de marzo, los senadores estadounidenses Marco Rubio, Rick Scott, Jacky Rosen y Thom Tillis se unieron a la sesión de la Cámara de Representantes en la que se presentó un proyecto de ley bipartidista intitulado «Ley de Prohibición de Operaciones y Arrendamientos con el Régimen Autoritario Ilegítimo Venezolano» (BOLÍVAR, por sus siglas en inglés), con el que se pretende sancionar a cualquier empresa que mantenga tratos comerciales con el gobierno del presidente Nicolás Maduro.
Según Rubio, con el instrumento jurídico permitiría que «las agencias federales de Estados Unidos no le otorguen contratos gubernamentales a ninguna empresa vinculada al régimen de Maduro».
El republicano aseveró que le enorgullecía unirse al senador Scott para presentar la propuesta, que, asegura, «garantizará que los dólares de los contribuyentes no le proporcionen un salvavidas financiero a una dictadura criminal y asesina en nuestra región».
De su lado, Scott justificó la cuestionable iniciativa, alegando: «Nicolás Maduro está cometiendo un genocidio contra el pueblo de Venezuela. Ni un centavo de los contribuyentes americanos puede utilizarse para apoyar a este régimen asesino».
De aprobarse, se prohibirá que los directores de las agencias gubernamentales estadounidenses celebren contratos «para la adquisición de bienes y servicios con cualquier persona que el jefe de una agencia ejecutiva determine (…) o que «participe a sabiendas en operaciones comerciales importantes con alguna autoridad del gobierno de Venezuela que no sea reconocida como legítima por Estados Unidos».
Entre las excepciones presuntamente contempladas están: «proporcionar asistencia la pueblo de Venezuela», brindar «socorro y otras medidas urgentes para salvar vidas en caso de desastres» y «realizar evacuaciones de no combatientes».
De otro lado, Washington se reserva la prerrogativa de no aplicar la ley cuando se trate de «contratos que respalden las actividades del gobierno de Estados Unidos en Venezuela», incluyendo sus instalaciones diplomáticas o «tratados con organizaciones internacionales» o cuando la persona –natural o jurídica– posea una licencia de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés).
Adicionalmente, el secretario de Estado podrá dejar sin vigor las prohibiciones, si determinara que es de interés para la seguridad nacional de los Estados Unidos.
De momento, no se precisó una fecha para el debate de la propuesta legislativa respaldada por miembros de los dos partidos dominantes.
(LaIguana.TV)
