Trabajadores despedidos por la trasnacional petrolera Halliburton denunciaron al portal de periodismo de datos abiertos La Tabla que el pasado 18 de marzo un circuito judicial de Zulia suspendió el embargo de activos contra la compañía estadounidense. 

Un vocero del grupo, cuyo nombre se mantuvo en reserva, explicó al medio que «la coordinadora del circuito judicial, María Cubas, alegó que no había acompañamiento de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) para la acción pese a que los propios trabajadores buscaron agentes de la Policía Nacional Bolivariana (PNB)».

El afectado también denunció que tras esta suspensión estarían funcionarios del Ministerio del Trabajo, quienes habrían optado por defender los intereses de la trasnacional en desmedro de los trabajadores afectados con por el despido repentino, puesto que el propósito del embargo de esos activos no es otro que «asegurar el pago de las indemnizaciones». 

De acuerdo con la pesquisa realizada por La Tabla, el 29 de diciembre de 2020, Halliburton «envió una notificación de despido y de cese total de operaciones en el país», alegando dificultades para operar en Venezuela por causa de las sanciones impuestas por el gobierno estadounidense. 

Sin embargo, la licencia general 8G de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) autorizaba a esa empresa –así como a Chevron, Schlumberger Limited, Baker Hughes y Weatherford International– a operar en el país hasta el 03 de junio de 2021.   

La resolución, que afectó a 400 trabajadores, no fue tomada al voleo, puesto que el 24 de abril de 2020, la petrolera informó al regulador bursátil de Estados Unidos que cesaría completamente sus operaciones en Venezuela –que habían iniciado en 1938– para «cumplir con las sanciones», que desde 2017 le causaban problemas. 

«Una hipótesis probable es la apuesta que la empresa puso en la reelección de Trump para profundizar el caos», sugiere La Tabla.

El portal especializado precisa que el pasado 8 de enero, los trabajadores despedidos protestaron frente a la sede de Halliburton en Santa Rita (Zulia). Según dijo el vocero laboral, se han introducido 27 demandas contra la trasnacional –todas han sido admitidas–, en 23 de ellas se ha solicitado el embargo de activos y solo 11 han sido sancionadas. 

De su lado, la compañía reconoció en un comunicado que «es poco probable que seamos capaces de trasladar los activos que permanecen en Venezuela y que pueden ser expropiados. Dado que ya habíamos depreciado por completo nuestra inversión y hemos mantenido operaciones limitadas durante este periodo», lo que induce a pensar que, efectivamente, esperaba que sus activos fueran embargados y no hará esfuerzo alguno por recuperarlos. 

(LaIguana.TV)

Comentarios Facebook