El presidente de una Junta de Acción Comunal y una lideresa social del Bajo Cauca, Antioquia, fueron obligados a desplazarse con sus familias por amenazas de grupos armados ilegales, denunció el Proceso Social de Garantías, en medio de denuncias sobre la magnitud de los desplazamientos forzados en Colombia.

En el caso de Antioquía, tuvieron que salir del municipio 16 personas, entre ellas, algunos niños y desde la comunidad aseguran que hay una disputa entre el grupo paramilitar de «Los Caparros»  y las llamadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia y reiteró que esta difícil situación fue advertida en una alerta temprana.

El gobernador encargado de Antioquia, Luis Fernando Suárez, aseguró que tres personas fueron asesinadas en las últimas horas en Tarazá y pidió al Gobierno del presidente Iván Duque, mayor presencia del Ejército en la región.

«La mayoría de los homicidios en Antioquia son rurales, esto hace que sea más complejo el abordaje. Tuvimos un fin de semana muy complejo en Tarazá. Este lunes tuvimos tres homicidios. Es una realidad muy compleja que entendemos y pedimos al Gobierno Nacional mayor presencia del Ejército», señaló.

A principios de febrero fueron asesinados tres mineros de la vereda Tumaco, ubicada a 40 minutos del casco urbano de Tarazá. Las autoridades atribuyeron la masacre a «Los Caparros». De acuerdo con el observatorio del tribunal, son más de 3.100 las víctimas de ese delito en lo que va del año en curso.

Revelan más de 3.119 desplazamientos forzados durante 2021

Las noticias llegan cuando el monitoreo de riesgos de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) reveló que de acuerdo con sus cifras 3.119 colombianos sufrieron desplazamiento forzado a corte de marzo del 2021, representando 1.311 familias que abandonaron sus hogares para proteger su vida.

De acuerdo con el informe del Tribunal de Paz, los departamentos de Norte de Santander, Antioquia, Chocó y Nariño presentan la mayor cantidad de víctimas.

También manifestaron que las poblaciones más afectadas son las comunidades indígenas y afrodescendientes. Según el estudio, el Clan del Golfo y un grupo armado irregular serían los principales responsables de los desplazamientos forzados en el país en el año en curso.

En adición, la JEP también advirtió que 21.494 personas, las cuales incluyen 1.599 familias, permanecen en situación de confinamiento, representando la mayor cantidad de eventos de este tipo en el periodo medido luego de la firma del Acuerdo de Paz.

(teleSUR)

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