América Latina lleva casi dos décadas de tensiones entre avances de la izquierda y contraofensivas de la derecha. Ni EEUU ni la UE se han mantenido al margen. Del primero ya estábamos acostumbrados a su injerencia, sin embargo la UE ha sorprendido por su hostilidad con los gobiernos progresistas y no ha cesado de maniobrar para su derrocamiento. 

En los últimos años se han sucedido diversos acontecimientos en América Latina que han ido desde golpes de Estado militares en países como Honduras o Bolivia hasta constantes intentos de desestabilización en Venezuela o persecuciones judiciales infundadas contra dirigentes en Brasil o Ecuador. El papel jugado por la Unión Europea, y recientemente por su máximo representante en política exterior, Josep Borrell, muestra una clara connivencia con todas las acciones golpistas y desestabilizadoras contra gobiernos progresistas, mientras solo hay silencio ante los atropellos de los derechos humanos cuando los gobiernos son conservadores. 

Abril del 2002 inauguró el tiempo en que la Unión Europea y el Gobierno español comenzaban a aplaudir sin complejos los golpes de Estado en América Latina. No podía ser de otro modo teniendo en cuenta que el Gobierno de Aznar fue uno de los que estaba detrás del golpe de Estado contra Hugo Chávez en Venezuela. Desde entonces la UE, alarmada por el avance de la izquierda en América Latina, no ha cesado de quedar en evidencia en sus apoyos a golpes, desestabilizaciones o lawfare contra la izquierda en esa región del mundo. Que los Gobiernos españoles fueran del Partido Popular o del Partido Socialista no cambiaba mucho el modus operandi. En cuanto a las instituciones europeas, tampoco ha habido cambios, la norma la dicta siempre el Departamento de Estado norteamericano. 

Lo más patético del papel europeo es que muchas de esas operaciones de desestabilización han logrado ser revertidas por la movilización popular, dejando en evidencia a los sectores golpistas. 

Pero empecemos tirando de hemeroteca para mostrar la continuidad de las tramas. Como señalamos al comienzo, fue en abril de 2002 cuando, tras el golpe de Estado contra el legítimo Gobierno venezolano, en un acto sin precedentes, España y Estados Unidos emiten una nota conjunta bajo el título Declaración conjunta de los Estados Unidos de América y de España sobre la situación en Venezuela. Intentaron justificar el carácter conjunto de la nota por «el marco de su diálogo conjunto reforzado». El documento, una vez que se da por consolidado el golpe y la expulsión del presidente constitucional Hugo Chávez, hace «un llamamiento para que cese la violencia y se recupere la tranquilidad ciudadana» como modo de aceptación del nuevo régimen golpista. Ante las reticencias de algunos países de la OEA a reconocer al nuevo gobierno ilegítimo «animan a la Organización de los Estados Americanos a que asista a Venezuela en la consolidación de la institucionalidad democrática». Como ya de todos es sabido, el pueblo venezolano reaccionó, salió a la calle y reinstauró a su presidente y al resto de las instituciones violentadas por el golpe. Quedó para la historia el papel de la participación golpista de los Gobiernos español y estadounidense. 

La izquierda seguía avanzando en el continente latinoamericano, no sin golpes contra los pueblos. Dos de ellos fueron exitosos, contra Fernando Lugo, en Paraguay, y contra Zelaya en Honduras. 

Tras ganar las elecciones presidenciales por diez puntos de diferencia sobre su oponente, Fernando Lugo llega en 2008 a la presidencia de Paraguay aupado por los movimientos sociales de la izquierda en un país gobernado desde hacía 61 años por el mismo partido. En junio de 2012, una masacre tras un enfrentamiento entre policías y campesinos es usada por la Cámara de Diputados para acusar al presidente de mal desempeño de sus funciones y cesarlo. Lugo solo tuvo dos horas para preparar su argumentación y se negó a renunciar y, al igual que hicieron la mayoría de los Gobiernos latinoamericanos, calificó su destitución de ruptura del orden democrático. Paraguay fue suspendido como socio del Mercosur y de Unasur en protesta por esa destitución considerada ilegal.  

La reacción de la UE, a través de la portavoz de la Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad por entonces, Catherine Ashton, se limitó a esto: «Seguimos estrechamente el juicio político iniciado ayer en el Senado contra el presidente Fernando Lugo y estaremos muy pendientes de los resultados. Hacemos un llamado a todas las partes implicadas a trabajar juntos para encontrar una salida a esta situación». 

Ninguna condena. Mientras, una manifestación de solidaridad con Fernando Lugo se convocaba en Bruselas y el grupo parlamentario de Izquierda Unitaria Europea calificaba de golpe de Estado lo sucedido en Paraguay y expresaba su apoyo al presidente Lugo y al pueblo de Paraguay que «había luchado por la democracia después de un período de dictadura». 

Un golpe en Honduras «avalado por la Unión Europea» 

En junio de 2009 el presidente hondureño Manuel Zelaya es destituido y expulsado del país por las Fuerzas Armadas acusado de traición a la patria, un guion habitual en los militares latinoamericanos para ejecutar sus golpes de Estado. Su delito, haber convocado una consulta ciudadana para valorar un cambio constitucional. Tanto la Organización de Estados Americanos como las Naciones Unidas calificaron el hecho de golpe de Estado y exigieron la restitución de Zelaya. En Honduras se produjeron manifestaciones y movilizaciones populares de condena al golpe y exigiendo el regreso de Zelaya. 

Si bien la Unión Europea el mismo día del golpe lo condenó a través del ministro español de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, tras reunirse con sus homólogos europeos, menos de un mes después, la presidencia de turno emitía un comunicado en el que instaba a las partes del conflicto político en Honduras a reanudar las negociaciones para restablecer la democracia en el país centroamericano: «La presidencia del Consejo de la Unión Europea emplaza a las partes a proseguir con las negociaciones pacíficas para restaurar la democracia y el orden constitucional en Honduras». En febrero de 2020, Zelaya denunció en el Parlamento Europeo que «Estados Unidos ha montado una dictadura en Honduras y, lo que es más penoso, avalada por la Unión Europea». 

En ninguno de estos casos la Unión Europea planteó sanciones a los correspondientes Gobiernos golpistas de Paraguay y Honduras. De hecho, normalizó las relaciones con los nuevos Gobiernos que tomaron el poder. 

Brazos abiertos para golpistas venezolanos 

La hostilidad de la UE contra el Gobierno venezolano no disminuyó con la muerte de Hugo Chávez y la llegada de Nicolás Maduro. Al contrario, numerosos políticos sancionados por la Justicia venezolana encontraban en la Unión Europea el apoyo incondicional. Es el ejemplo de Leopoldo López, condenado a prisión en 2015 por incitación pública a la violencia en las manifestaciones de 2014, que culminaron con el saldo de la muerte de 43 personas y cientos de heridos. 

En 2019, mientras cumplía arresto domiciliario, se fugó y se fue a la puerta de un cuartel militar a hacer un llamamiento al ejército a sublevarse contra el Gobierno. Los militares se mantuvieron leales a la ley y López se refugió en la residencia del embajador español, donde no tuvieron ningún reparo en acoger a quien acababa de hacer un llamamiento militar a un golpe de Estado. Desde allí, posteriormente, logró salir del país y llegar a Madrid donde fue recibido y agasajado por las autoridades españolas, que le otorgaron residencia a él y a su familia. Las autoridades venezolanas no dudan de que su fuga del país se hizo con la connivencia del Gobierno español. 

Dos años antes, otro político, Antonio Ledezma, apresado por orden de la fiscalía acusado de conspirar en la preparación de un golpe de Estado, huye de su prisión domiciliaria hacia Colombia y de allí vuela a Madrid, donde recibe asilo político. 

El golpismo venezolano premiado por el Parlamento Europeo 

El Parlamento Europeo concedió ese mismo año 2017 el Premio Sájarov a los opositores venezolanos Leopoldo López y Antonio Ledezma, junto a media docena más. Venezuela fue, además, en 2017 el primer país latinoamericano sancionado por la Unión Europea. 

En enero de 2018, la UE suma más sanciones a Venezuela, que se concretan en la congelación de activos y la prohibición de entrar en territorio comunitario a siete altos cargos del Gobierno de Maduro y del poder judicial. 

La nueva alineación de la Unión Europea contra el Gobierno venezolano se produce en enero de 2019. Una semana después de que el diputado Juan Guaidó considerase a Nicolás Maduro un usurpador y se autoproclamara presidente de Venezuela en un acto en la vía pública fue reconocido por el Parlamento Europeo. Sin embargo, el Consejo Europeo fue incapaz de fijar una posición unánime debido a la reticencia de países como Italia y Grecia. El reconocimiento de Guaidó supuso que el siguiente año, a instancias del Gobierno británico, ya fuera de la UE, se considerase a Guaidó como el administrador de las reservas de oro de Venezuela depositadas en el Banco de Inglaterra. Una resolución que, poco después, fue anulada por el Tribunal de Apelación de Londres. 

El conflicto entre la UE y Venezuela se iba recrudeciendo según se acercaban las elecciones legislativas de diciembre de 2020. Aunque Nicolás Maduro propuso a la UE el envío de observadores electorales, el Representante de la Política Exterior de la UE, Josep Borrell, lo rechazó. 

Las elecciones se celebraron con normalidad, pero no fueron reconocidas por la UE, sin embargo, dejaba en una situación complicada el reconocimiento de Juan Guaidó, dado que había dejado de ser diputado, no había ninguna base institucional para su cargo. En un escueto comunicado la UE anuncia que deja de considerarlo presidente encargado, denominación que le había otorgado hasta entonces. 

La UE sigue sancionando a funcionarios venezolanos, a once más en junio de 2020 y otros 19 en febrero de este año, sumando ya 55 entre ministros, jueces, gobernadores locales, cargos de la junta electoral o diputados. Su justificación es que son corresponsables de fraude electoral y de violaciones de derechos humanos. 

La ofensiva fue tal que el propio Ministerio de Asuntos Exteriores español tuvo que colgar un tuit legitimando las sanciones internacionales. 

El cual fue respondido contundentemente por el ministro venezolano del ramo, Jorge Arreaza. 

Pero también por el abogado experto de derecho internacional Enrique Santiago, quien también es diputado de Unidas Podemos, partido que forma parte del Gobierno. 

La respuesta del Gobierno venezolano fue la expulsión de la embajadora de la Unión Europea (UE) en Venezuela, Isabel Brilhante. 

Campaña contra Venezuela en la frontera colombiana 

Las acciones claramente hostiles por parte de la UE y el Gobierno español se siguieron sucediendo. Una de las más destacadas fue el viaje de la ministra de Asuntos Exteriores Arancha González Laya a la frontera colombiana con Venezuela el pasado febrero a felicitar al Gobierno colombiano por su «esfuerzo grande y generoso con los emigrantes venezolanos» y lo contrastó con los «otros países que erigen muros». Ya en octubre de 2019 también visitó esa zona Josep Borrell, parece que es el único punto fronterizo de emigración internacional que les despierta interés, pudiendo acercarse a la valla de Melilla. Un mes después de la visita de la ministra, la Asociación ProDerechos Humanos de Andalucía anunciaba que «más de 1.700 personas han perdido la vida intentando llegar a España en 2020, la cifra más alta de la historia». Aquí España muestra poco de ese esfuerzo “grande y generoso” que le aplaude a Colombia con los emigrantes.

Aunque la agenda de la ministra incluía numerosas actividades, el Representante de la Política Exterior de la UE solo se refirió a los refugiados venezolanos: 

«La UE felicita a Colombia por su decisión histórica y valiente de acoger más de 1.7 M de refugiados venezolanos y ofrecerles estado de protección durante 10 años, facilitar su integración y el acceso a servicios sociales». 

Incluso la nota oficial de la UE se refiere a los emigrantes venezolanos en Colombia para buscar empleos como “huidos” de Venezuela. Se podría decir igualmente que España tiene dos millones y medio de huidos fuera del país. 

Negando la victoria de Evo Morales 

Otro papel claramente desestabilizador de la UE en América Latina lo hemos apreciado en Bolivia. Allí, Evo Morales, el primer presidente indígena de Bolivia, ganó la primera vuelta de las elecciones presidenciales el 20 de octubre de 2019. Sin ningún fundamento que lo justificara, la OEA acusa de fraude el proceso al apreciar el retraso en el recuento del voto rural y enciende la mecha para que los sectores de la derecha saliesen a derrocar al Gobierno. Al puro estilo tradicional golpista de los países de la región, los militares hacen acto de presencia exigiendo la dimisión de Morales. Los políticos latinoamericanos saben lo que eso quiere decir y Morales debe salir del país al ver peligrada su integridad física. Mientras en España parte de la izquierda parlamentaria pedía a su Gobierno que condenara «enérgicamente» lo que considera un «golpe de Estado», el responsable de política exterior, Josep Borrell, se alinea con el golpismo afirmando que las elecciones del 20 de octubre en Bolivia no pueden ser validadas. Desde el Twitter oficial de la Oficina de Exteriores de la UE se piden nuevas elecciones y se promete el envío de una delegación de observadores. 

La Unión Europea nunca responsabilizó a los sectores que protagonizaron el derrocamiento de Evo Morales de la violencia y muerte que sacudió las calles, ni exigió que se garantizara la seguridad y la vuelta del presidente y el vicepresidente. Se limitó a pedir que las manifestaciones fueran pacíficas. Tampoco puso objeción alguna a que la presidencia fuera tomada por la diputada Jeanine Áñez, cuyo partido tenía tan solo cuatro escaños de los 130 que componen la Asamblea Nacional, y con tan solo el apoyo de la tercera parte del Parlamento.

La pronta reacción para desautorizar la elección de Evo Morales y aceptar un nuevo Gobierno no se vio luego acompañada de la prometida delegación de observadores de la UE en la repetición electoral del pasado 18 de octubre. De un centenar de observadores anunciados se pasó a una realidad de cinco o seis personas en una delegación técnica sin rango de observadores. 

Cuando los partidarios de Evo Morales arrasan en la repetición electoral, Josep Borrell necesitó cinco días para enviar su felicitación, cuatro días después de que lo hiciera Estados Unidos. Si uno fuera malpensado diría que esperaba la autorización del amo para darla. 

Curiosamente, mientras la UE responsabiliza con dureza a los Gobiernos progresistas de cualquier violencia que surja durante su mandato, la posición europea es la de expresar dudas sobre los procesos judiciales si apuntan a gobernantes de la derecha como responsables. En Bolivia, los jueces ordenaron la detención de la expresidenta interina del país, Jeanine Áñez, bajo acusaciones de «sedición, terrorismo y conspiración» que provocaron 36 muertos, más de 800 heridos y más de 1.500 detenidos. Esa detención provocó en Josep Borrell la exigencia de «diálogo y reconciliación» y la insinuación de que detrás de su detención había «presiones políticas» y ausencia de «independencia de poderes». Incluso hay una campaña para pedir el Premio Sájarov de Derechos Humanos del Parlamento Europeo para Áñez. 

Recordemos que las acusaciones judiciales por la muerte de 43 personas en la violencia liderada por Leopoldo López en Venezuela lo han convertido en un asilado político en Madrid. 

Complacencia ante la persecución a Correa y el injusto encarcelamiento de Lula 

Y mientras la Unión Europea reserva toda su contundencia política para los Gobiernos de izquierda de Venezuela o Bolivia, la persecución de Rafael Correa y sus seguidores en Ecuador y la inhabilitación y encarcelamiento durante 580 días de Lula da Silva en Brasil, ahora reconocido injusto e improcedente por los jueces, no ha merecido ninguna condena por las autoridades europeas. 

Tampoco parece que el alto representante exterior de la Unión Europea tolere que un embajador europeo defienda a un Gobierno de izquierdas en América Latina. Borrell convocó en febrero al embajador de la UE en Cuba, Alberto Navarro, a Bruselas para que diera explicaciones por afirmar que no considera que Cuba sea una dictadura y por suscribir una carta abierta al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pidiendo el fin del bloqueo a la isla, algo que siempre ha solicitado la comunidad internacional, Europa incluida, en las resoluciones aprobadas en la Asamblea de la ONU. 

Todo ello contrasta con la amabilidad que se reserva para los Gobiernos de derecha de Chile o Colombia. 

«Chile avanza hacia una democracia aún más fuerte. Hablamos sobre asuntos regionales y cooperación bilateral. La UE y Chile son socios importantes y trabajaremos para seguir avanzando nuestra asociación», afirmaba el pasado febrero Josep Borrell. 

Un año antes la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU hacía público un informe de 35 páginas en el que denunciaba las graves violaciones de los Derechos Humanos en Chile por parte de las fuerzas de seguridad y los carabineros, que incluían un uso innecesario de armas letales, tortura y violencia sexual. El documento ratificaba las denuncias previas ya emitidas por Amnistía Internacional y Human Rights Watch. ¿Qué hacían mientras los Gobiernos europeos? Por ejemplo, el de España vender grilletes de doble cierre (esposas normales) a esos carabineros. 

No es el único caso, Amnistía Internacional denunció la venta de España de material antidisturbios para la Policía peruana por un valor que en los últimos cinco años ha alcanzado los 23 millones de euros. Un material que les ha resultado muy útil porque el pasado noviembre las protestas sociales se saldaron con dos personas muertas y 94 heridos (63 de ellos hospitalizados) a manos de la policía, tal y como denunció el pasado 9 de enero el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 

En cuanto a Colombia, en los últimos cuatro años han sido asesinados 421 líderes sociales y defensores de derechos humanos en zonas rurales y aisladas del país, según las últimas cifras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. La Defensoría del Pueblo eleva esa cifra a más de 700 muertos y la organización internacional Human Rights Watch (HRW) achaca una «responsabilidad directa» a la dejación del actual Gobierno en los programas para la protección de las comunidades rurales aisladas. Para que reaccionara el alto representante para la Política Exterior de la Unión Europea, tuvo que hacer una pregunta escrita un eurodiputado. Josep Borrell se limitó a mostrar su preocupación ante ese «acoso, intimidación y asesinato» y pidió al Gobierno colombiano «adoptar medidas de corte estructural». Ninguna condena ni exigencia de responsabilidades. 

Este repaso es una muestra de la hipocresía de una Unión Europea que, junto a Estados Unidos, no cesa de lanzar acusaciones de injerencias en otros países a Rusia, Irán o China, pero que sigue considerando a América Latina una región donde conspirar para derrocar gobiernos no deseados o silenciar los atropellos de los apreciados. La miseria todavía es mayor si somos conscientes de que, como en el resto de su política exterior, sus movimientos solo obedecen a los deseos de Estados Unidos. 

(Sputnik) 

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