En un comunicado difundido este miércoles, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y el Banco Interamericano de Desarrollo anunciaron la aprobación de ayudas por un monto global de dos millones de dólares, que destinados a Organizaciones No Gubernamentales (ONG) presuntamente dedicadas a la atención de migrantes venezolanos en Brasil, Ecuador, Panamá y Guyana, en el marco de la iniciativa JuntosEsMejor.
Según reza el texto, los beneficiados de la ayuda, cuyos detalles distributivos no fueron expuestos, «ofrecerán soluciones críticas para brindar educación accesible, generar empleo, fomentar el espíritu empresarial, combatir la violencia de género, fomentar el empoderamiento económico de las mujeres y mejorar la inclusión».
A juzgar por el impacto de las ayudas en Brasil y en Ecuador-Perú, únicos países en los que se especificó alguna cifra de beneficiarios, se trata de una bonificación de muy limitado alcance cuya sostenibilidad puede ser puesta en entredicho, amén de no corresponderse con el calibre de los objetivos declarados del plan.
Así, en Brasil se apoyarán las labores de la Red de Migración Internacional Scalabrini (SIMN) en la capacitación de 15.000 mujeres venezolanas que sean jefas de hogar en la «capacitación específica para desarrollar sus propios negocios y carreras en Manaus, Cuiaba y Porto Alegre», sin que se precise a qué se refiere la frase «sus propios negocios y carreras» ni se apunte siquiera en qué áreas se enfocará la capacitación.
De otra parte, la Corporación para el Desarrollo de Emprendimiento y la Innovación Social (CODEIS), que opera en Perú y Ecuador, «equipará y empoderará a 1.000 venezolanos y sus familias, para crear negocios rentables y sostenibles mientras genera impacto social y lidera la transformación social en sus comunidades a través de su ‘Academia de Jóvenes Creadores de Cambios'».
Al igual que en el caso anterior, la cantidad de presuntos beneficiarios es muy baja en relación con la población venezolana residente en esos países. Además, no se puntualiza cómo se distribuirán las ayudas entre la dos naciones, ni cuáles son los criterios utilizados para seleccionar a los candidatos y comunidades y, además, de nuevo se omite especificar cuáles serían esos «negocios rentables y sostenibles».
Adicionalmente, la USAID y el BID financiarán a Las Reinas Pepiadas, una ONG cuya pretensión declarada es «empoderar» a las mujeres migrantes «para que compartan sus historias y relatos con medios digitales para crear una ruta migratoria segura», al tiempo que consolidan «instancias para la prevención de la violencia de género en los procesos migratorios de la comunidad venezolana».
Sin restar importancia a la construcción de rutas migratorias seguras y al establecimiento de estructuras que permitan prevenir la violencia de género, no se aportaron precisiones relativas a la duración de este proyecto ni a su sostenibilidad.
En el mismo orden de lo relatado previamente, encaja la apuesta por Banesco en Panamá, que recibirá recursos por un monto no especificado para apoyar «la inclusión económica y financiera de los migrantes» a través de un programa de capacitación orientado a «crear empresas productivas» y ofreciendo «acceso a instrumentos bancarios y capital semilla hechos a la medida».
En ese país centroamericano también se financiará a la International Youth Foundation para que ofrezca el programa de certificación en línea de TI de Google y respalde «la inserción laboral de 200 migrantes venezolanas». Como en los casos anteriores, no se aportan detalles referidos a los criterios de selección, a la sostenibilidad y al impacto real en la vida de los migrantes venezolanos en Panamá.
Por último, Coalición Nacional de Coordinación, con sede en Guyana, recibirá dinero de la USAID para desarrollar y poner en marcha «servicios sostenibles para mitigar la violencia de género». En particular, el proyecto aprobado se enfocaría en documentar «la brecha en la prestación de servicios» y pretendería equipar a las migrantes con las herramientas necesarias «para escapar de la amenaza de violencia a través de un mejor acceso a la economía formal».
(LaIguana.TV)
