El pasado domingo, el presidente Sebastián Piñera promulgó una nueva ley migratoria que facilita las expulsiones administrativas y supuestamente busca regular la entrada de migrantes al país.

La nueva legislación reemplaza a la vigente, que data de 1975 y destaca que los extranjeros que quieran radicarse en Chile deberán pedir visas en los consulados de sus países.

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En medio de este escenario, miles de extranjeros en Chile se encuentran a la expectativa, ante la interrogante de si esta nueva ley les ayudará a regularizar su estatus migratorio en el país o si por el contrario a través de esta legislación que busca -a juicio de Piñera- “ordenar la casa”, serán deportados.

Diversos medios difundieron las impresiones de algunos migrantes en ese país y estas fueron sus reacciones, al respecto:

“Estoy desorientada, ando preguntando a todos cómo es esta situación para poder regularizarme y traer a mis hijos”, expresó July Martínez, una venezolana de 47 años, quien en marzo de 2020 entró irregularmente al país.

Mientras que Oscar Castro, de nacionalidad colombiana, de 38 años de edad opinó: “Llegué por pasos clandestinos y he tratado de hacer las cosas bien. Estoy aquí desde hace un año y ahora estoy esperando que me regularicen o me den una orden de salida. No tengo idea qué será de mí, estoy en la nada”, afirma en las afueras de una oficina del correo en el centro de Santiago.

Según el gobierno chileno en los últimos dos años cerca de 20.000 personas han ingresado al país de manera irregular. Por lo que la nueva norma hará una distinción entre quienes entraron al país por pasos habilitados y quienes lo hicieron por lugares clandestinos.

En ese sentido, los migrantes que ingresaron con pasaporte o tarjeta de identidad antes del 18 de marzo de 2020 podrán obtener una visa, pero quienes lo hicieron por pasos no habilitados, deberán salir de Chile y acudir a un consulado chileno en cualquier otro país para realizar el trámite. Si su solicitud es admitida, recibirá un documento de identidad para entrar nuevamente a Chile.

Si alguien no cuenta con la documentación, podrá ser expulsado con una orden administrativa.

Por su parte, Francisca Vargas, directora de la Clínica Jurídica de Migrantes de la Universidad Diego Portales, rechazó las deportaciones de migrantes en Chile y aseveró que “la norma para expulsar a una persona por ingreso irregular no dice cómo las personas van a poder defenderse, cuánto tiempo tendrá para defenderse o cómo va a buscar asesoría jurídica, nada de eso está escrito, entonces desde afuera se ve que Chile avanza hacia una desprotección de la migración”.

(LaIguana.TV)

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